Empleados estatales aseguraron haber utilizado sus tarjetas de crédito para canalizar gastos que el ex jefe de los ministros hizo para acondicionar su vivienda en Exaltación de la Cruz.
En paralelo a la Justicia, el Gobierno iniciará una investigación para indagar posibles irregularidades en las compras del ex funcionario.
El funcionario judicial pide información sobre criptomonedas, operaciones inmobiliarias, transferencias y declaraciones juradas, antes de definir si solicita una justificación formal de sus bienes.
El fiscal Pollicita requirió a la CNV un informe exhaustivo sobre las plataformas de servicios de activos virtuales que operan en el país desde 2012.
En el Ministerio Público aguardan la declaración de carácter reservado, un documento que el ministro aún no presentó y que resulta vital para el desarrollo de la causa que se lleva en su contra.
La Justicia analiza los cambios en sus declaraciones juradas y evalúa ampliar la investigación. Denuncia por falsedad ideológica.
Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación patrimonial presentada por el jefe de Gabinete.
Fondos de una herencia familiar, activos de su esposa y ganancias del 150% en Bitcoin componen la nueva estructura patrimonial del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada. Junto con su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. La oposición quiere excluir a funcionarios de ese sistema impositivo.
La citación sería para el 21 de julio, fecha estipulada para el inicio de la feria judicial de invierno.
La Justicia evalúa citar al jefe de Gabinete nacional antes de la feria judicial de invierno.
Los montos bajo la lupa son significativos y exponen un gran volumen de movimientos.
El juez Lijo solicita facturación de empresas contratistas del Estado vinculadas a +BE. La oposición busca interpelarlo el jueves.
La lupa de la Justicia está puesta sobre el origen de los fondos y la llamativa informalidad en los pagos realizados por el funcionario nacional.
Después de su declaración, la Justicia ordenó peritar el teléfono de Matías Tabar, el contratista que trabajó en la casa de Adorni.
“Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad” repitió el ministro coordinador ante las consultas de los periodistas acreditados.
La medida del Ejecutivo había cosechado un rechazo unánime de organizaciones del sector, como de colectivos de las sociedades civiles y la Iglesia.
El jefe de Gabinete negó las acusaciones en su contra y confirmó que el Ejecutivo denunciará a un diputado kirchnerista por presunto espionaje ilegal contra su familia.
Nuevos testigos podrían complicar más el escenario judicial del jefe de Gabinete de la Nación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
