Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita ordenó en Buenos Aires medidas de prueba sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por presuntas inconsistencias.
- La fiscalía requirió información sobre criptomonedas, operaciones inmobiliarias y declaraciones juradas previas, además de ordenar un análisis financiero integral a la DAFI.
- Con estas pruebas, la Justicia determinará si corresponde exigir una justificación formal del patrimonio de Adorni, lo que podría impactar en la gestión del gobierno nacional.
El fiscal Federal de Buenos Aires, Gerardo Pollicita, avanzó con una serie de medidas de prueba en la investigación patrimonial que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, antes de resolver si solicita formalmente una justificación de su evolución patrimonial.
En ese marco, dispuso distintos requerimientos de información destinados a reconstruir movimientos financieros, operaciones inmobiliarias y posibles inconsistencias en los bienes declarados por el funcionario. Entre ellos, solicitó datos a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para rastrear operaciones con activos digitales realizadas durante 2020 y 2021.
También pidió información sobre alquileres vinculados al Lote 380 del country en Indio Cua previos a la compra del inmueble por parte de Adorni, con el objetivo de establecer la trazabilidad de los fondos utilizados en esa operación.
En paralelo, requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) verificar si el funcionario presentó declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023, y solicitó precisiones a DLP Capital Partners sobre transferencias realizadas a su nombre.
Otra línea de investigación apunta a los vínculos de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, para lo cual el fiscal envió un pedido de información a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) a fin de determinar la naturaleza de esa relación.
En paralelo, Pollicita ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y su esposa desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Ese estudio deberá identificar inconsistencias, diferenciar operaciones con respaldo suficiente de aquellas que no puedan ser justificadas y analizar la situación de manera individual y conjunta del grupo familiar.
La fiscalía también pidió que se revise la totalidad de ingresos, bienes, inversiones, deudas y gastos, con el objetivo de establecer una ecuación patrimonial completa y detectar eventuales desbalances.
El análisis deberá incluir además la evolución de activos virtuales, incorporando todas las operaciones en plataformas digitales -depósitos, retiros, compras, ventas e intercambios- y su contraste con declaraciones juradas, antecedentes bancarios y registros fiscales, consignó el diario "Ámbito".
Con estas medidas, el fiscal busca reunir los elementos necesarios para definir si corresponde avanzar hacia un requerimiento de justificación patrimonial del funcionario.
