La declaración jurada rectificativa presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no cerró la polémica sobre la evolución de su patrimonio. Por el contrario, abrió una nueva etapa en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Tras las correcciones realizadas por el funcionario, su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción pasó de $107,8 millones a $944,5 millones. El salto patrimonial se produjo luego de que Adorni admitiera que había omitido informar alrededor de u$s 500.000 en bienes y ahorros que mantenía fuera de sus declaraciones juradas.
Ahora, la Justicia analiza si las explicaciones brindadas por el funcionario alcanzan para justificar el origen de esos fondos y las diferencias detectadas entre los bienes declarados y su situación patrimonial real.
Según informó Infobae, Pollicita ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, aunque todavía espera acceder a la información reservada remitida por la Oficina Anticorrupción. El objetivo es revisar en detalle los montos declarados, el origen de los fondos y las fechas consignadas para determinar si corresponde ampliar el alcance de la investigación.
Hasta ahora, la fiscalía había concentrado el análisis en los movimientos financieros y patrimoniales realizados desde que Adorni ingresó a la función pública. Sin embargo, si las justificaciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción remiten a operaciones o activos de años anteriores, el período bajo investigación podría extenderse y dar lugar a nuevas medidas de prueba.
Para esa tarea, el fiscal cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que asiste en el análisis de documentación patrimonial y financiera compleja.
$ 944 millones
La declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 muestra que el patrimonio del jefe de Gabinete asciende a $944.575.052.
La cifra representa un incremento significativo respecto de la última presentación realizada por el funcionario. Antes de las rectificaciones, Adorni había informado bienes por $107.894.833. Tras reconocer la existencia de activos no declarados, corrigió también la documentación correspondiente al ejercicio 2024, elevando su patrimonio declarado a $662.646.821.
Ese monto se convirtió en la base patrimonial desde la cual se elaboró la declaración jurada de 2025, que terminó reflejando una fortuna superior a los $944 millones.
Entre los bienes incorporados aparecen más de u$s 200.000 en ahorros provenientes de la venta de activos y una herencia valuada en aproximadamente $73 millones. Al explicar el origen de los fondos omitidos, Adorni sostuvo que entre 2013 y 2018 realizó inversiones en Bitcoin por unos u$s 200.000 y que esas operaciones le generaron ganancias cercanas a los u$s 300.000.
Las rectificaciones fueron presentadas en medio de la investigación judicial que busca determinar si la evolución patrimonial del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados. Aunque Adorni aseguró que las correcciones tienen como objetivo regularizar su situación, los investigadores continúan revisando la documentación para establecer si existen inconsistencias que requieran nuevas medidas.
El funcionario también intentó aclarar cuestionamientos vinculados a un departamento en Caballito y a una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Según explicó, las diferencias observadas responden a cuestiones formales relacionadas con las escrituras y a préstamos privados utilizados para financiar ambas operaciones.
Nueva denuncia
Las rectificaciones patrimoniales también derivaron en una denuncia penal presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Los legisladores acusaron a Adorni de haber omitido de manera deliberada bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025. La presentación judicial se produjo luego de que el propio funcionario reconociera la existencia de activos no declarados.
Según la denuncia, la conducta podría encuadrarse en el delito de falsedad ideológica por una presunta violación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Ética Pública. Frade y Ferraro cuestionaron además la explicación brindada por el jefe de Gabinete respecto de la omisión de bienes. Recordaron que Adorni es contador público y sostuvieron que entre los activos no declarados figurarían criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades.
A criterio de los denunciantes, la falta de registración habría tenido como finalidad evitar controles patrimoniales y tributarios. También remarcaron que el funcionario sostuvo públicamente durante meses que su patrimonio estaba correctamente informado y recién después reconoció la existencia de activos omitidos.
El artículo 268 (3) del Código Penal prevé sanciones para los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas que las omitan maliciosamente o consignen datos falsos. La pena contempla entre 15 días y dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
