Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita pidió derivar la causa contra Manuel Adorni a Penal Económico por presuntos delitos tributarios, al descartar enriquecimiento ilícito en la función pública.
- La pesquisa detectó gastos por US$ 402.578. Adorni alegó ganancias previas en Bitcoin y, aunque las pericias no desmintieron su versión, persisten inconsistencias fiscales.
- El juez Ariel Lijo resolverá si traslada el expediente. El exfuncionario no fue sobreseído y ahora enfrentará una causa especializada en evasión y manejo de criptoactivos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó una decisión clave en la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni. Solicitó que el expediente deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea transferido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El objetivo ahora es determinar si el ex jefe de Gabinete cometió delitos tributarios.
El pedido se fundamenta en el análisis de las explicaciones que dio el ex funcionario sobre su fortuna, en especial los fondos que atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas antes de asumir en el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la evaluación del fiscal, las pruebas reunidas en la causa no alcanzan para descartar esa versión y, por lo tanto, no permiten sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública.
A pesar de este cambio de enfoque, la medida no implica el cierre de la investigación ni un sobreseimiento para Adorni. Pollicita advirtió que persisten indicios de posibles irregularidades en la declaración de ingresos, en las tenencias de dólares y en las operaciones con criptomonedas, puntos que deberán ser examinados por la Justicia especializada en delitos económicos.
La presentación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y ordena el traslado del expediente.
Los gastos y la defensa de las criptomonedas
La investigación se había centrado en la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por U$S402.578, de los cuales aproximadamente U$S374.000 fueron pagados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.
Para justificar esos movimientos, el exfuncionario presentó un descargo en septiembre en el que respondió a 20 requerimientos de la fiscalía vinculados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Su explicación central se basó en una inversión de cerca de U$S200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018. Según su versión, la venta de esos activos le permitió obtener U$S591.544, que posteriormente conservó en billetes.
Los límites de la pericia informática
La explicación sobre las criptomonedas se convirtió en el eje del caso. Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados.
Las pericias lograron comprobar que las billeteras existían, que habían tenido actividad entre 2014 y 2018 y que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento de la verificación.
Sin embargo, los especialistas no pudieron establecer quién administraba esas direcciones durante el período investigado ni tampoco reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron en las operaciones. Ante estas limitaciones, el fiscal consideró que no había elementos suficientes para desmentir la explicación del ex funcionario sobre el origen previo de los fondos.
Asimismo, el análisis de los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, concluyó que la inversión alegada no resultaba económicamente imposible, aunque esos registros tampoco permitían acreditar que las operaciones ocurrieron exactamente como las describió la defensa.
