ACONQUIJA. Hay más de 100 glaciares de escombros en Tucumán.
La reforma de la Ley de Glaciares que impulsó la Nación y que sancionó el Congreso el mes pasado tuvo ecos en la Legislatura tucumana, donde se presentaron proyectos para proteger estos recursos naturales.
Mientras organizaciones ambientalistas nacionales buscan frenar en la Justicia la eliminación de la protección automática de la que gozaban todos los glaciares y ambientes periglaciares, en Tucumán los legisladores Carolina Vargas Aignasse (bloque Justicialista) y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentaron iniciativas que buscan blindar estos recursos en las áreas de alta montaña de la Sierra del Aconquija. Ocurre que la reforma deja en manos de las provincias decidir si un glaciar debe o no estar protegido en función de su rol como reserva hídrica, en vez de someter la decisión a criterios científicos.
Protección integral
La propuesta de la legisladora oficialista apunta a la protección integral de glaciares y ambiente periglacial de la provincia, “en su carácter de reservas estratégicas de recursos hídricos, reguladores del ciclo hidrológico y bienes ambientales de carácter colectivo”. Además, se incluyen prohibiciones expresas en el articulado: la liberación, dispersión o disposición de sustancias contaminantes; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; la instalación de industrias o actividades que afecten su estabilidad o dinámica; la construcción de obras de infraestructura, salvo aquellas estrictamente necesarias para investigación científica o gestión ambiental; y cualquier actividad que implique su destrucción, traslado o alteración. “De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Glaciares, en la provincia se registran 122 cuerpos de hielo, que en conjunto abarcan una superficie cercana a los 10 kilómetros cuadrados”, fundamentó Vargas Aignasse.
El proyecto de Berarducci, en tanto, apunta a prohibir la actividad minera “en ambientes periglaciares y glaciares de escombros que cumplan la función de reservorio relevante en la generación de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”. Sin embargo, la propuesta permite la explotación sólo si los estudios técnicos garantizan un impacto insignificante. De esa manera, busca actualizar el marco legal provincial para fomentar la inversión y el desarrollo sustentable, posicionando a Tucumán de manera competitiva frente a otras provincias mineras del país.
En el Congreso, parlamentarios que responden al gobernador Osvaldo Jaldo acompañaron la iniciativa. El mandatario ponderó que se delegue a las provincias la decisión sobre la explotación de la minería, al tiempo que remarcó que en Tucumán la actividad está prohibida (leyes 7.879, 7.801 y 3.778).
La radical Silvia Elías de Pérez presentó en febrero un proyecto de declaración en rechazo a la reforma de la ley de glaciares.
