La reciente asunción de los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal de Tucumán marca un cambio en el sinuoso camino hacia la normalización del fuero federal local. Tras más de cinco años de mora e incertidumbre institucional provocados por la jubilación de sus antiguos titulares, la llegada de magistrados designados por los canales constitucionales permite dejar atrás la fragilidad de las subrogancias permanentes. Esta cobertura no solo reconstruye la plenitud del tribunal, sino que devuelve la certeza operativa a un estamento clave para el juzgamiento de delitos complejos.
La falta de jueces titulares derivó en una parálisis que acumuló una masa crítica superior a los 200 juicios pendientes, dilatando las respuestas que la sociedad exige en materia penal. La mora en los procesos debilita la confianza pública en las instituciones y vulnera los derechos tanto de las víctimas como de los imputados, quienes merecen resoluciones en tiempos razonables. En ese sentido, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, advirtió que “una justicia que no está completa no es una justicia ágil” y subrayó que concretar estas coberturas es vital para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Sus palabras ponen de relieve que el impacto de las vacantes trasciende las fronteras tribunalicias para transformarse en un perjuicio directo sobre el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, este avance no debe ocultar la dimensión de las asignaturas pendientes. Tucumán, por su peso demográfico e institucional, sufre procesos de selección que demandan décadas entre concursos, ternas y acuerdos parlamentarios. Resulta prioritario acelerar la cobertura de casilleros estratégicos que aún permanecen acéfalos, especialmente en lo que respecta al Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral. Se trata de una oficina neurálgica para la vida democrática, cuya titularidad definitiva no admite mayores demoras de cara a los próximos calendarios institucionales.
Las promesas vertidas por las autoridades nacionales durante la ceremonia sobre el pronto envío de pliegos al Senado representan un compromiso que debe monitorearse con rigor. El auxilio de parches coyunturales no sustituye el funcionamiento regular de las instituciones de la Constitución. La ciudadanía requiere un flujo constante de cobertura de vacantes para asegurar la continuidad de los juzgados y evitar que la administración de justicia vuelva a quedar atrapada en el cuello de botella del vaciamiento funcional.
El equilibrio de poderes y la vigencia del Estado de Derecho descansan sobre tribunales integrados, independientes y técnicamente solventes. La integración formal del Tribunal Oral Federal demuestra que cuando existe voluntad política e institucional para saldar deudas de arrastre, es posible dar pasos firmes contra la impunidad y el atraso. Garantizar que ese impulso se extienda de inmediato al resto de los casilleros vacantes en la provincia es el único camino para asegurar el servicio de justicia eficiente que los tucumanos demandan y merecen.
