Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

La controversia por el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán escaló a un nivel inédito. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que apunta contra los jueces subrogantes del tribunal y sostiene que durante el operativo de limpieza ordenado en mayo se retiraron y destruyeron elementos secuestrados de causas en trámite, sin respetar los procedimientos legales de resguardo. 

La presentación describe episodios que van desde el descarte de pruebas y armas hasta la remoción de bienes vinculados a expedientes aún no concluidos, en lo que podría convertirse en uno de los conflictos institucionales más graves registrados en la Justicia Federal tucumana en los últimos años.

La denuncia, presentada el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit, constituye un nuevo capítulo de una historia que comenzó a principios de mayo, cuando la jueza Cristina Giordano llegó por primera vez a Tucumán desde Córdoba para ejercer la subrogancia en el Tribunal Oral Federal. Según el relato de Del Sueldo Padilla, el 11 de mayo los tres jueces subrogantes del tribunal -Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano- lo convocaron para preguntarle por qué había impedido días antes que personal de Gendarmería retirara elementos secuestrados almacenados en el edificio. La respuesta del secretario fue contundente. Según declaró, se opuso porque consideró que la medida constituía un acto contrario a la ley. “Ello me parecía un acto fuera de la ley y que debía impedirlo”, sostuvo en su denuncia. A partir de allí comenzó una secuencia de hechos que, según afirma, derivó en el retiro masivo de elementos almacenados desde hacía décadas en los subsuelos del edificio ubicado en la esquina de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco.

Del Sueldo Padilla explicó que desde hace 33 años tiene a su cargo la custodia de los secuestros judiciales que ingresan al tribunal. Según detalló, cada elemento era recibido, rotulado, inventariado y preservado para garantizar que llegara a juicio en las mismas condiciones en las que había sido incorporado a la causa. Durante una recorrida por el subsuelo, aseguró haber advertido personalmente a Giordano que en esos espacios se encontraban secuestros pertenecientes a causas todavía en trámite, expedientes con sentencias no firmes y procesos que no podían darse por concluidos debido a la existencia de imputados prófugos o rebeldes.

La magistrada, siempre según la versión del denunciante, minimizó esas advertencias. “Que no me preocupe, que ellos, por los jueces, se iban a encargar”, le habría respondido. Luego, le requirió las llaves de los distintos sectores de guardado. Del Sueldo Padilla aseguró que entregó todas, excepto la correspondiente a un espacio donde se conserva documentación vinculada a la conocida causa del ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola, incluyendo pericias de ingeniería civil que forman parte de ese expediente.

Ese mismo día comenzó el operativo. Camiones de Gendarmería Nacional llegaron al edificio mientras empleados judiciales recibían instrucciones para separar elementos de distintas causas. Según la denuncia, inicialmente se ordenó apartar secuestros correspondientes a expedientes anteriores a marzo de 2020, pero con el correr de las horas el alcance de la medida se amplió hasta abarcar la totalidad del material almacenado en el subsuelo.

La magnitud de la tarea sorprendió incluso a quienes participaron de ella. Del Sueldo Padilla afirma que empleados del tribunal comenzaron a enviarle fotografías y mensajes describiendo lo que ocurría. Según su relato, muchos de los elementos que se estaban separando para su destrucción o descarte se encontraban correctamente identificados y en buen estado de conservación. “Los empleados, que se encontraban escandalizados por la tarea que les ordenó la magistrada”, le transmitían permanentemente su preocupación, declaró.

La causa Ale

Uno de los episodios más delicados relatados en la denuncia involucra a la denominada causa Ale. Según el secretario, varios empleados le advirtieron que entre el material retirado había pruebas correspondientes a ese expediente, que todavía no se encuentra definitivamente concluido debido a una resolución de reenvío dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. “Lo único que se pudo rescatar fueron algunas pocas cajas de ese secuestro que era sumamente voluminoso”, afirmó.

La denuncia también incorpora una serie de hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de mayo. Del Sueldo Padilla relató que recibió una llamada telefónica del prosecretario Adolfo García, quien permanecía en el edificio junto a personal de Gendarmería y la jueza Giordano. Según su declaración, García se encontraba profundamente alterado por lo que estaba observando. “Esta mina está totalmente loca, después que se fueron los chicos, se empezó a levantar todo como si fuera basura”, le habría dicho.

Siempre según la denuncia, durante esas tareas aparecieron armas, municiones y granadas. García le habría informado que encontró dos explosivos aparentemente con la espoleta colocada y que, al consultar qué debía hacerse con ellos, recibió una respuesta que lo dejó alarmado. “Tírelos”, habría sido la contestación atribuida a la magistrada. Finalmente se convocó a personal de Bomberos, que retiró los explosivos, aunque Del Sueldo sostiene que ello ocurrió sin actas ni registros formales.

La presentación también describe la existencia de otros elementos sensibles almacenados en el subsuelo. Entre ellos menciona armas de fuego, dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación vinculada a múltiples procesos federales. “Jamás hasta hace pocos días faltó un elemento de secuestro en el tribunal”, sostuvo el funcionario al describir el sistema de custodia que, según afirma, funcionó durante décadas.

Expedientes administrativos

Otro de los aspectos que más preocupación genera es la referencia a la supuesta destrucción de registros internos. Del Sueldo Padilla aseguró que había ordenado la formación de un expediente administrativo para documentar lo que estaba ocurriendo, pero que en determinado momento la jueza tomó la carátula del sumario y la rompió. Según declaró, una empleada le informó que Giordano habría dicho: “Acá no hay ningún expediente”.

La denuncia también involucra a otros integrantes del tribunal. Según el secretario, tanto él como el prosecretario García intentaron advertir a los jueces Farías y Bothamley sobre lo que estaba ocurriendo. Incluso sostiene que García viajó personalmente a Santiago del Estero para reunirse con ambos magistrados. Allí, según su relato, les manifestó que entendía que se estaba desarrollando una actividad “ilícita e irregular” y que correspondía adoptar medidas urgentes.

En paralelo, la situación comenzó a generar preocupación en el Ministerio Público Fiscal. Del Sueldo Padilla relató que el fiscal general Pablo Camuña se interesó por la situación luego de que trascendiera públicamente el operativo. Según afirmó, la fiscalía presentó pedidos de informes para conocer qué resolución había ordenado la destrucción, qué normas se habían aplicado, quién actuó como responsable del procedimiento y qué inventario existía sobre los elementos retirados. Esos requerimientos, según la denuncia, nunca fueron respondidos.

La presentación también incorpora una acusación particularmente grave. Del Sueldo Padilla aseguró que, según le relató Adolfo García, observó cómo personal que viajaba sobre los camiones utilizados para el traslado de los elementos abría bolsas durante el recorrido y retiraba objetos de su interior. Entre ellos mencionó dinero y armas. Se trata de una afirmación realizada por el denunciante sobre la base de lo que le habría referido otro funcionario judicial y que ahora deberá ser investigada por la fiscalía.

“Un hecho delictivo”

El conflicto volvió a agravarse semanas después, cuando la jueza Giordano requirió nuevamente las llaves de la bóveda donde permanecían algunos secuestros que habían logrado preservarse. Del Sueldo Padilla sostiene que ese episodio fue el detonante final que lo llevó a formular la denuncia penal. “Entiendo que este acto significa un hecho delictivo, por lo menos un abuso de autoridad y/o incumplimiento de deberes de funcionario”, afirmó.

En otro tramo de su declaración, el funcionario describió la situación como uno de los episodios más graves que le tocó atravesar en su carrera judicial. Recordó que informó lo sucedido a otros secretarios del tribunal mediante mensajes de WhatsApp y sostuvo que lo que estaba ocurriendo excedía cualquier antecedente conocido. “Ante un hecho que realmente excede cualquier abuso de poder que haya visto en mi carrera de más de 40 años de servicio”, escribió en uno de esos intercambios que fueron incorporados a la denuncia.

La gravedad institucional del caso trasciende la discusión sobre una limpieza edilicia o el destino de materiales acumulados durante décadas. La denuncia coloca bajo investigación decisiones adoptadas por jueces subrogantes de un tribunal federal, involucra la posible afectación de pruebas judiciales y expone una fractura interna sin precedentes entre magistrados, funcionarios y fiscales. Mientras la fiscalía (la causa luego pasó a manos del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz) analiza los hechos denunciados, la pregunta que sobrevuela en los tribunales federales de Tucumán es si parte de los elementos retirados durante aquellos dos días de mayo pertenecían efectivamente a causas que aún no habían llegado a juicio y cuál fue, en definitiva, el destino final de ese material.