TRANSPARENCIA. El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Resumen para apurados
- La justicia de Comodoro Py avanza contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito tras recibir testimonios clave sobre pagos en efectivo y créditos por sus propiedades.
- El juez Lijo levantó el secreto fiscal del funcionario. Testigos revelaron deudas sin intereses y pagos de 14 millones de pesos en negro por reformas en Caballito e Indio Cuá.
- La causa entra en fase crítica al buscar inconsistencias graves entre el patrimonio y los ingresos públicos. El respaldo de Milei enfrenta la presión de las pruebas periciales.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha ingresado en una fase crítica tras las recientes medidas dispuestas por los tribunales de Comodoro Py. La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, sumó en las últimas horas testimonios clave que complican el relato oficial sobre la adquisición y remodelación de sus propiedades. La lupa de la Justicia se posa ahora sobre el origen de los fondos y la llamativa informalidad en los pagos realizados por el funcionario nacional.
El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si los movimientos de capital del matrimonio Adorni-Angeletti coinciden con sus ingresos declarados. La investigación se centra en dos frentes: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en el exclusivo barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En ambos casos, el denominador común parece ser la financiación privada por fuera del sistema bancario y el uso de dinero en efectivo.
Uno de los hitos recientes fue la declaración de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que vendió el inmueble de Caballito. Miano ratificó ante el fiscal Pollicita la existencia de un “acuerdo de palabra” por US$ 65.000 destinados a reformas, adicionales al valor de escritura. Este testimonio refuerza la hipótesis de una deuda paralela contraída por el Jefe de gabinete con particulares, en condiciones financieras inusualmente beneficiosas.
Lo que despierta mayores sospechas en el Ministerio Público es la ausencia de intereses en los créditos otorgados por las vendedoras, Claudia Sbabo y Beatriz Viega. Según declararon los testigos, Adorni abonó una parte en mano y el saldo restante quedó financiado hasta finales de este año. La justificación de las jubiladas sobre la falta de otros compradores no ha logrado disipar las dudas judiciales sobre la verdadera naturaleza de este trato preferencial.
Sin secreto
En un giro determinante para el avance del expediente, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA. Esta medida se suma a una disposición previa que ya había habilitado el acceso a la información tributaria ante la ARCA (ex AFIP). El objetivo es cruzar los datos de las declaraciones juradas con la realidad patrimonial que exhibe el matrimonio en la provincia de Buenos Aires.
Esta apertura de cuentas y registros permite a los investigadores analizar en detalle plazos fijos, consumos con tarjetas de crédito, préstamos y posibles activos en billeteras virtuales. La Justicia busca detectar si existen omisiones o inconsistencias graves que sugieran que el nivel de vida y las inversiones inmobiliarias del funcionario no pueden ser sustentados por su actividad profesional y sus haberes públicos declarados.
La propiedad en Exaltación de la Cruz es el eje de este peritaje. Registrada a nombre de Angeletti, la vivienda ha sido objeto de millonarias remodelaciones que están bajo sospecha. Para los investigadores, el levantamiento del secreto fiscal es la herramienta definitiva para reconstruir el flujo de fondos que permitió pasar de un terreno de 400 metros cuadrados a una propiedad de lujo con quincho y pileta en menos de un año.
Más revelaciones
El escenario para Adorni se tornó aún más complejo con las nuevas declaraciones del contratista Matías Tabar, del grupo Alta Arquitectura. Tabar, quien ya había detallado obras en la casa de campo, proporcionó información sensible sobre trabajos específicos realizados en el departamento de Caballito. Según su testimonio, Adorni le pagó 14 millones de pesos en efectivo y “en negro” por tareas de carpintería y mobiliario de alta gama.
Tabar precisó que fue convocado para coordinar la fabricación de mesas de mármol, racks de TV, vajilleros y espejos, principalmente para el living y los dormitorios. Los pagos se habrían concretado entre enero y febrero de este año, siempre bajo la modalidad de billetes en mano y sin la emisión de la factura correspondiente. Esta irregularidad administrativa es uno de los puntos que el fiscal Pollicita sigue con mayor atención para probar el manejo de dinero no declarado.
En cuanto a la casa en el country Indio Cuá, el contratista detalló un despliegue de obra masiva entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos incluyeron pisos, cocina, baños, el arreglo de la piscina y la construcción de un quincho. Por estas tareas, el jefe de Gabinete habría desembolsado una cifra astronómica: US$ 55.000 en una primera etapa y otros US$ 190.000 durante el transcurso del año 2025.
Además del costo de las refacciones, Tabar reveló que, mientras la casa estaba en obra, el funcionario nacional alquiló otra propiedad dentro del mismo barrio privado. El costo de ese alquiler temporal habría ascendido a los US$ 13.000, una cifra que se suma al ya abultado gasto total de la operación inmobiliaria que investiga la justicia federal.
Para corroborar estos dichos, el juez Lijo ordenó el peritaje del teléfono celular de Tabar. Los peritos informáticos buscarán en las aplicaciones de mensajería las conversaciones mantenidas con Adorni y Angeletti, así como los contactos con plomeros, electricistas y albañiles. Se intenta verificar si las fechas y los montos mencionados en el testimonio coinciden con la evidencia digital de la coordinación de los trabajos.
La defensa del jefe de Gabinete insiste en que todo el patrimonio se encuentre debidamente justificado y que los préstamos de las jubiladas respondan a una oportunidad de mercado. Sin embargo, la acumulación de pagos en efectivo y la falta de documentación respaldatoria en las obras de remodelación debilitan la posición del vocero devenido en ministro.
