Resumen para apurados
- Federico Pelli denunció la parálisis judicial por la agresión de "Pichón" Segura en una ruta de Tucumán, mientras se espera la resolución de un juicio abreviado.
- Segura cumple arresto domiciliario tras propinar un viral cabezazo a Pelli. La querella cuestiona el proceso legal luego de que la Justicia rechazara varios planteos fundamentales.
- El avance del juicio abreviado determinará la condena de Segura y marcará un precedente sobre la celeridad judicial en casos de agresión con alta repercusión política y pública.
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Mientras el imputado permanece bajo arresto domiciliario y a la espera de que se defina su propuesta de juicio abreviado, el abogado de la querella, Juan Colombres Garmendia, insistió con que hubo un cambio “de 180 grados” en la teoría del caso por parte de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela (interviene en el caso la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi).
En ese sentido, el representante del diputado aseguró que existe “una paralización de la investigación penal preparatoria”, y cuestionó que no se haya llevado adelante una junta médica para constatar el estado de salud de Segura, que es defendido por el abogado Ernesto Baaclini.
Al margen de sus críticas, la querella no prosperó con su estrategia para que Segura sea enviado nuevamente a la cárcel de Benjamín Paz, donde había permanecido 25 días, como parte de los cuatro meses de prisión preventiva dispuestos por el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez.
En la audiencia celebrada este martes por la mañana, el magistrado resolvió no hacer lugar a lo solicitado por Pelli y declaró improcedente el intento de introducir la declaración de un perito médico, Juan Carlos Perseguino, “sin dictamen previo” en el expediente. Según expuso, avanzar en ese sentido iría en contra de las reglas que ordenan la producción de pruebas y el debido proceso.
El caso: un brutal cabezazo en La Madrid
El expediente se inició el 11 de marzo, cuando Pelli y un grupo de dirigentes de LLA visitaron la comuna de La Madrid para llevar donaciones a vecinos damnificados por las tormentas. Tras un breve intercambio, Segura -que es empleado público- le dio un brutal cabezazo en el rostro al diputado nacional. La escena quedó registrada en un video que se hizo viral. “Pichón” fue aprehendido y Pelli tuvo que ser internado de urgencia, para luego ser sometido a una cirugía debido a las fracturas en la nariz.
El imputado de lesiones graves agravadas por alevosía había sido llevado en un principio a Benjamín Paz. Pero el abogado Baaclini presentó certificados médicos que advertían sobre problemas de salud de su defendido (diabetes e hipertensión), además de sostener que no había riesgos de fuga ni otros factores que motivaran su permanencia en la cárcel.
En esta audiencia, la querella reiteró sus objeciones respecto a las razones que sustentaron el arresto domiciliario. Por ello, convocó al perito médico Perseguino, a fin de que se expida sobre los certificados médicos presentados por la defensa respecto al estado de “Pichón”.
Sin embargo, el profesional ni siquiera llegó a participar de la audiencia virtual. En el inicio, Baaclini objetó su presencia. “No está admitido en esta etapa procesal”, marcó la defensa. El juez, tras analizar la situación, dispensó al perito médico de conectarse al Zoom.
Más tarde, Colombres Garmendia expuso sobre la importancia de contar con la opinión de Perseguino. Ratificó que resulta clave que una junta médica se expida sobre el estado de salud de Segura, y si existen impedimentos para que vuelva a la cárcel. Además, citó los argumentos expresados por el auxiliar de fiscal, Juan José Ibáñez, en la audiencia de formulación de cargos contra “Pichón”, donde se puso énfasis en la imposibilidad de hallar el celular del imputado. A ello sumó que “la protección policial que tuvo Segura, algo que vio la mayoría de los argentinos” en los videos virales. “Todavía no sabemos quiénes son esos policías porque el MPF paralizó el expediente”, enfatizó la querella.
Baaclini, a su turno, advirtió que, según la normativa procesal, las medidas de coerción son dictadas por el juez a pedido del MPF. “Esta audiencia no puede llevarse adelante”, aseveró. Detalló además que no constan evidencias de que su cliente hubiera contravenido las pautas relativas al arresto domiciliario.
La auxiliar de fiscal Ghilardi expresó luego que, si bien la querella tiene “amplias facultades” para realizar planteos, no puede sustituir el rol del MPF. Y marcó que la Fiscalía “ha actuado con el principio de objetividad”, sin que existieran hechos nuevos que justifiquen revisar el arresto domiciliario de Segura. A la vez, recordó que existen tratativas referidas a un juicio abreviado (el acusado propuso una pena condicional de tres años, con normas de conducta).
Tras un cuarto intermedio, el juez Robín Márquez resolvió rechazar los pedidos de la querella. Al dar sus fundamentos, indicó que la intención de hacer comparecer a un perito médico a una audiencia de esas características “resulta técnicamente inadmisible". Y marcó que el imputado "se mantiene el imputado ajustado a las condiciones impuestas" para su arresto domiciliario.
Si bien el abogado de Pelli no impugnó la decisión de inmediato, aprovechó para pedir al juez que se exija al MPF que se le permita acceder al expediente actualizado. La auxiliar fiscal aclaró que “está todo compartido”. El magistrado, de todos modos, instó a que se tenga en consideración esta solicitud de la querella.
