FALLAS DEL ESTADO. Numerosos gobiernos pasaron sin que se normalice la situación de estos entes.
Con más escepticismo que optimismo llegaron a legisladores de la oposición las palabras del gobernador Osvaldo Jaldo respecto a su intención de realizar en 2026 cambios institucionales, como la normalización de organismo estatales que llevan décadas intervenidos. Desconfían que vaya a cumplir y recordaron lo sucedido con la reforma electoral.
Con duros términos se expresó Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), respecto a que el mandatario haya dicho que buscarán normalizar los entes intervenidos “de una vez por todas”. “Jaldo me ha hecho acordar a (Francisco de) Quevedo, que dice: ‘nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir’. Es un prometedor serial y un incumplidor serial”, embistió el capitalino, y recordó lo sucedido con la reforma electoral. “Todo lo que el gobernador promete cae en saco roto”, lanzó.
Berarducci recordó que la propia norma que reglamenta la intervención de los entes (7.878) menciona que la “intromisión” en los organismos tiene por característica jurídica ser temporal (hasta 180 días corridos, con una única prórroga por 90 días), excepcional (cuando hechos graves pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos atribuidos al ente) y excepcional (para regularizar una crisis en la institución). “En Tucumán lo han hecho al revés: lo temporal lo han transformado en permanente y lo excepcional en habitual. Han profundizado todos los males que teóricamente querían sanear. Y hay que agregarle que incumplen fallos judiciales”, dijo.
Anomalía institucional
Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) recordó que desde el inicio de su gestión viene planteando la normalización de entes como el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, más conocido como Subsidio de Salud); el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu); el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym); el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA); la Caja Popular de Ahorros; y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), algunos hace 20 o 30 años.
“Cuando una intervención dura décadas deja de ser una excepción administrativa y se convierte en una anomalía institucional. Ojalá esta vez se avance en serio. Por ahora es sólo un anuncio, como tantos realizados por el gobernador; esperamos que esta vez exista la decisión política de concretarlo”, declaró.
El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) dijo que le cuesta creerle a Jaldo porque, como con la reforma, primero dice una cosa y luego otra. “Estoy a favor de la regularización de los entes intervenidos. Pero hay entes que no sirven para nada, que se usan para recaudar y complicar la vida a los tucumanos. A esos hay que cerrarlos directamente y poner a la gente en otras reparticiones. También hay que dejar de usarlos como una bolsa de trabajo para cada acople peronista”, lanzó.
Control del Ejecutivo
El titular de la bancada de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, reclamó avanzar con la normalización de los entes. “Distorsiona el funcionamiento institucional y debilita los mecanismos de control y transparencia”, criticó. A su vez, remarcó que la permanencia indefinida de intervenciones concentra poder en el Ejecutivo y debilita la participación institucional de los distintos sectores que deberían integrar los organismos autárquicos.
“Tucumán necesita instituciones fuertes, previsibles y con reglas claras. No podemos seguir sosteniendo organismos intervenidos durante décadas como si fuera algo normal. Es hora de terminar con estas intervenciones eternas y devolverle a cada ente su funcionamiento institucional”, concluyó el republicano.
Manuel Courel (Cambia Tucumán) mencionó que tiene muchas razones para no creer en el anuncio de Jaldo. “Así como nos mintió con la reforma electoral, me cuesta creer que realmente tenga voluntad de cambiar algo. Tenemos que guiarnos por lo que hace no por lo que dice. Y lo que viene haciendo es lo mismo que (José) Alperovich y (Juan) Manzur: profundizar el control del Poder Ejecutivo sobre todas las instituciones de la provincia”, fustigó.
Añadió Courel que se debe analizar qué entes tienen razón de ser y si están cumpliendo los objetivos para los que fueron creados. Apuntó principalmente contra el IPLA, la Caja Popular de Ahorros y el Ersept. “Algunos de estos entes son verdaderas cajas negras”, denunció.
