LONDRES, Reino Unido.- El gobierno británico afirmó que las Islas Malvinas tienen el “derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
Gran Bretaña y Argentina libraron una guerra de 10 semanas en 1982 por estas islas del Atlántico Sur.
El presidente argentino Javier Milei avivó sus reivindicaciones sobre las islas, apuntando en particular contra un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago.
Milei respaldó un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires, elevando la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
Su gobierno también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto.
Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración válidas respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.
Los habitantes de las Malvinas votaron abrumadoramente en 2013 a favor de permanecer bajo soberanía británica.
Argentina rechaza ese resultado y sostiene que el principio de autodeterminación no se aplica a una población que considera que fue implantada por Gran Bretaña después de apropiarse del territorio en 1833 y expulsar a la población nativa.
Defensa Nacional
La iniciativa legislativa argentina endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona. Además, “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”. También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
