El Gobierno nacional profundizará las acciones judiciales contra las empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias ya presentadas contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier señaló ayer que las operaciones cuestionadas podrían infringir la Ley 26.659, que establece las condiciones para realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
El funcionario también se refirió a la futura construcción de una base en Tierra del Fuego, a la que presentó como un punto estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, contribuir al control de los recursos naturales y brindar apoyo logístico a las operaciones en la Antártida.
La ofensiva judicial coincide con el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Navitas Petroleum, que tiene una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante, aprobaron a fines de 2025 una inversión de U$S 1.800 millones para poner en marcha la primera etapa. El objetivo es comenzar a producir petróleo en 2028. Ante este escenario, el Gobierno argentino decidió profundizar las acciones contra las compañías involucradas en actividades sin autorización nacional.
La estrategia se apoya en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada dos años después para incorporar sanciones penales.
Más allá de la cuestión Malvinas, buena parte de la exposición estuvo dedicada a la marcha de la economía. Ravier destacó que la inflación de agosto fue del 1,7% y aseguró que se trató del registro más bajo para ese mes desde 2017.
El vocero atribuyó la desaceleración de los precios al “orden macroeconómico” y defendió la estrategia oficial de reducir la emisión monetaria y abandonar los controles de precios.
“Hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”, afirmó.
Apertura económica
También puso el foco en el impacto de la apertura económica sobre determinados sectores. Según indicó, los precios de la ropa y el calzado acumularon una caída del 45% en términos reales desde noviembre de 2023. En ese marco, sostuvo que la estabilidad económica es una condición necesaria para reducir la pobreza y recuperar el crecimiento.
Otro de los puntos destacados por el Gobierno fue el avance de las desregulaciones. Ravier aseguró que desde el inicio de la gestión se concretaron más de 17.100. Solo durante agosto, precisó, fueron eliminados o modificados 267 artículos y 32 normas.
Las medidas alcanzaron a sectores como la agroindustria, las finanzas, el comercio exterior, el transporte y la producción nacional.
En paralelo, el vocero destacó la reducción de más de 76.000 puestos en la Administración Pública Nacional, equivalente, según los datos oficiales, al 15% del personal.
