Los vuelos narco dejaron su marca en nuestra provincia por otro delito. En los últimos años se iniciaron tres investigaciones por homicidios en los que perdieron la vida cinco personas que fueron brutalmente asesinadas. Para los pesquisas, se trató de muertes con claros tintes mafiosos.
El primero de ellos se registró en marzo de 2012, en La Invernada, La Cocha. Según la investigación, desconocidos se presentaron en el domicilio de Víctor Hugo Brito (58), quien fue torturado y luego ultimado de un disparo en la nuca. Después, los mismos hombres capturaron a su hijo, Gonzalo Brito (18), y lo trasladaron en su automóvil hasta un paraje rural donde también fue asesinado. Por último, los homicidas prendieron fuego al vehículo con el cuerpo en su interior.
Los investigadores entendieron que estaban ante un caso de ajuste de cuentas. Allegados y familiares aseguraron que ambos se habrían dedicado a prestar dinero en el mercado informal. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a surgir indicios de que podría haberse tratado de un crimen vinculado al narcotráfico. Al parecer, las víctimas no habrían cumplido con su parte en una operación de tráfico de drogas por vía aérea.
Nunca se pudo establecer si los Brito se habrían quedado con los estupefacientes para venderlos a otro narcotraficante o si no entregaron la totalidad de la carga que habrían recibido. Sí trascendió que podrían haber estado involucrados traficantes que tenían su base de operaciones en el sur tucumano.
Incluso fueron investigados dos hombres acusados de proveer droga en esa zona de la provincia, además de Santiago del Estero y Catamarca. Uno de ellos, oriundo de Alberdi, se encuentra detenido; el otro reside en Aguilares.
Lejano
En este caso, los crímenes no se cometieron en Tucumán, pero los acusados son de origen tucumano y las víctimas mantenían vínculos llamativos con personas de esta provincia. El 10 de mayo de 2024, los cuerpos de los ciudadanos bolivianos Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas fueron encontrados a la vera de la ruta nacional 34, en la localidad salteña de Santa Rosa, muy cerca de Orán.
Por el doble crimen fueron detenidos el oranense Roberto Larrán y los tucumanos Elvio Díaz, procurador, dirigente político y deportivo, y Carlos Rodríguez, empleado municipal y mano derecha del entonces secretario de Hacienda de esa ciudad, José del Carmen Roldán, quien hoy cumple prisión preventiva acusado de integrar una asociación ilícita que se habría dedicado a la comercialización de drogas.
Con el correr de las semanas se descubrió que Abdala Zutara tenía vínculos con el narcotráfico. Al parecer, se desempeñaba como intermediario de organizaciones criminales en la venta de importantes cantidades de cocaína. Posteriormente se confirmó que había obtenido una habilitación municipal para abrir un local de reparación y venta de celulares. Sin embargo, el comercio nunca llegó a funcionar.
Los acusados negaron cualquier participación en el hecho. No obstante, en una de sus declaraciones, Díaz aseguró que había viajado al norte del país para venderle una avioneta al supuesto narcotraficante.
El último
El femicidio de Érika Antonella Álvarez también está atravesado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Felipe “El Militar” Sosa, acusado de ser el autor del crimen, está siendo investigado por cultivo y producción de marihuana con fines de comercialización y, según confiaron fuentes judiciales, también fue mencionado en una causa vinculada con la venta de éxtasis en fiestas electrónicas.
Además, la joven era pareja de Carlos “El Paraguayo” Ferreira, un supuesto narcotraficante especializado en el tráfico de estupefacientes por vía aérea. Ferreira huyó de Paraguay y terminó refugiándose en Juan Bautista Alberdi. Allí fue detenido en 2021 y posteriormente extraditado a Chaco, donde era requerido por su presunta participación en un envío de marihuana transportado en un vuelo narco.
Tras recuperar la libertad, regresó a Tucumán y retomó su relación con Érika. Sus hermanas declararon ante la Justicia que la joven participaba de reuniones en las que Ferreira negociaba con supuestos compradores de droga.
Después del crimen, el sospechoso abandonó nuevamente la provincia. Según las últimas investigaciones, estaría refugiado en una localidad salteña cercana a la frontera con Bolivia.
