En enero, Carolina Soria Chiarello, delegada comunal de Anca Juli, mantuvo una reunión con el gobernador interino Miguel Acevedo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En el encuentro les avisó que tanto ella como los habitantes de la comunidad estaban preocupados. En las últimas semanas habían detectado el andar de avionetas a muy baja altura.
Se hizo un informe a la Nación sobre la novedad, alertando que se podría haber tratado de naves con droga que recorrían la zona. Han pasado varios meses y hasta el momento no trascendió qué se hizo con esa información. Sí se supo que, desde entonces, las aeronaves dejaron de aparecer por ese lugar alejado de la civilización.
El hallazgo forma parte de una lógica. Desde hace meses, investigadores y autoridades vienen detectando indicios de que organizaciones narco estarían utilizando los cielos del oeste tucumano para transportar estupefacientes. Al caso de Anca Juli se le deberían agregar los de la zona de Tapia, Tafí del Valle, Alberdi, Graneros, La Cocha y Escaba, entre otros. Esta novedad representa un cambio de ruta, ya que históricamente el transporte aéreo de droga se realizaba principalmente por el noreste y el este de la provincia.
Los expertos sostienen que este cambio de ruta tiene dos explicaciones. La primera es que los narcos están recurriendo a avionetas con mayor autonomía y sistemas de navegación que les permiten volar por lugares más difíciles. La segunda, y no menos importante, es que las cadenas montañosas y la vegetación funcionan como escudos naturales que les permiten mantenerse ocultos del rudimentario sistema de radarización del Estado.
Antecedentes
En la historia del narcotráfico tucumano hay varios antecedentes del transporte de droga por aire. Uno de los primeros se registró en 2011, en una finca de Santa Rosa de Leales. Los efectivos se presentaron en ese lugar y arruinaron los festejos de una organización que celebraba haber recibido una carga de unos 500 kilos de marihuana. Entre los detenidos en ese procedimiento aparecían Sebastián “Mojarrita” Marín -señalado como uno de los mayores traficantes de cannabis hasta que murió en un enfrentamiento con las autoridades- y Antonio “Tony” Lobo, que años después llegó a postularse como candidato a comisionado rural de El Puestito, Burruyacu.
Justamente, ese sector de la provincia fue protagonista de varias investigaciones. Uno de los casos más importantes se registró en abril de 2016, cuando personal de Gendarmería desbarató una banda que operaba en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En allanamientos realizados en nuestra capital y en La Ramada secuestraron marihuana, vehículos, armas y dinero. Los investigadores determinaron que la droga había llegado desde Paraguay mediante una logística que incluía vuelos clandestinos y centros de acopio en zonas rurales.
También surgió otro antecedente vinculado con esa localidad cuando Gendarmería detectó una operación en la que una avioneta habría descargado droga en una pista clandestina cercana. Se detuvo a seis personas -entre ellas catamarqueños, santiagueños y paraguayos- y se secuestraron unos 70 kilos de marihuana. Los investigadores sospechaban que el cargamento original era mucho mayor y que parte de la droga había sido retirada antes del procedimiento.
Los últimos antecedentes ubican al sur de la provincia como centro de los envíos narcos por aire. Gendarmes encontraron 277 kilos de marihuana enterrados en una finca de Monteagudo. Según la investigación, el cargamento había llegado desde Paraguay mediante una operación aérea organizada por integrantes del denominado clan Paradi.
Meses después apareció otro episodio llamativo. Una avioneta arrojó 273 kilos de marihuana en un camino vecinal entre La Cocha y Taco Ralo. Hubo personas procesadas por participar en la recepción del cargamento, pero posteriormente la causa fue archivada cuando se comprobó que el cannabis estaba seco y carecía de THC. Siempre se sospechó que, en algún momento, la droga podría haber sido cambiada.
Qué hacer
“Hice la denuncia pensando en el bien de la comunidad. Los habitantes me comentaron esta inquietud y cumplí con mi deber”, señaló Soria Chiarello, comisionada comunal de Anca Juli.
“No puedo dar más precisiones porque no aterrizaban en nuestra jurisdicción, sino que seguían de largo hacia el sur”, agregó la funcionaria en una entrevista con LA GACETA.
En la última reunión del Consejo de Seguridad Interior NOA, los gobernadores de la región le pidieron oficialmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que incorpore un sistema de radarización más efectivo para el NOA.
La iniciativa había surgido del gobernador Osvaldo Jaldo que, incluso, les habría propuesto a sus pares hacer una especie de “pool” financiero para adquirir esa u otra tecnología y utilizarla en este sector del país. La funcionaria regresó a Buenos Aires sin dar una respuesta concreta.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados. En Tucumán hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Por esa razón, debemos buscar soluciones alternativas”, sostuvo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.
El funcionario explicó que la Provincia colaborará, pese a que el control de los cielos es responsabilidad de la Nación. “Estamos analizando la posibilidad de montar un mecanismo que permita identificar los vuelos sospechosos en el interior de la provincia. Por ejemplo, los representantes del Estado en los lugares más alejados pueden informar de este tipo de situaciones. Esa información luego será analizada”, explicó.
Dib recalcó que esta no es una estrategia nueva, sino que fue implementada para detectar la usurpación de terrenos fiscales. “Tengo entendido que los resultados fueron muy positivos. Sabemos que estamos hablando de otro tipo de delito, pero todo se puede manejar con la mayor confidencialidad. Ocurre lo mismo cuando se llama al servicio 911 o al 134, la línea gratuita que tiene el Ministerio de Seguridad para denunciar los vuelos narcos”, finalizó.
