REAPERTURA. La sala de prensa de Casa Rosada volvió a abrir sus puertas después de permanecer cerrada una semana por decisión de Casa Militar.
En su retorno al frente de las conferencias de prensa en Casa Rosada, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, evitó nuevamente responder preguntas sobre su presunto crecimiento patrimonial. El funcionario optó por ampararse en que sus declaraciones podrían interferir en la investigación judicial en curso, una postura que ya había adoptado la semana pasada durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
Señalado por el incremento de sus bienes y su estilo de vida desde que accedió a la función pública, el ministro coordinador esquivó las consultas de los acreditados de prensa mediante la lectura sistemática de una respuesta predefinida. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados el miércoles pasado; si tuviera que dar más, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, reiteró.
Respecto a las sospechas sobre el financiamiento de sus traslados, el funcionario aseguró que el Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre sus viajes personales y que siempre informó el carácter privado de sus erogaciones. Sin embargo, Adorni omitió dar una respuesta directa cuando se le consultó sobre el presunto pago de sobresueldos en el Estado y respondió sobre un supuesto viaje familiar a Bariloche, alegando que no respondía a “publicaciones periodísticas”.
Esta actitud de evasión frente a la prensa contrasta con la creación, bajo su gestión, de la Oficina de Respuesta Oficial, destinada a desacreditar publicaciones y denunciar supuestas noticias falsas. Asimismo, el jefe de Gabinete defendió la seguridad y custodia estatal para su familia, calificándola como una “práctica habitual” y un tema de “seguridad nacional”, citando además supuestos espionajes por parte de la oposición en el Congreso.
En un clima de creciente tensión con los medios, Adorni justificó las recientes restricciones de ingreso a periodistas del Grupo Clarín, tras un incidente con grabaciones no autorizadas en la Casa Rosada. El funcionario remarcó que se adoptó un nuevo protocolo de seguridad del Presidente, negando que esto represente una amenaza a la libertad de expresión, a pesar del endurecimiento de los requisitos para las acreditaciones de prensa y la imposición de códigos de vestimenta.
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Más allá de la controversia por su situación personal, el jefe de Gabinete buscó recuperar la iniciativa política mediante la enumeración de diversos temas de gestión. Entre los puntos destacados, mencionó los avances en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral, una medida orientada a fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.
Asimismo, anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza la venta de propiedades del Estado con el fin de fortalecer el equipamiento de las Fuerzas Armadas. También informó sobre cambios en el Registro Nacional de Armas (Renar) relacionados con nuevos requisitos para la portabilidad, y decretos para otorgar excepciones tributarias al sistema ferroviario, específicamente para el Belgrano Cargas.
En materia social y de servicios, Adorni comunicó resoluciones dirigidas al sistema de donación voluntaria de sangre y anunció una aplicación del 75% en las tarifas de gas. Esta medida se fundamentó en el impacto del conflicto bélico internacional que afecta al sector energético y perjudica principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
Avanza la justicia
Mientras el funcionario intenta centrar la agenda en la gestión, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito suma testimonios que complican su situación. Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las refacciones de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, reveló ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete intentó contactarlo antes de su declaración testimonial utilizando mensajes temporales de WhatsApp.
El contratista declaró que Adorni le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo lo contactara para tratar el tema de la declaración. Tabar detalló ante la Justicia que el funcionario le pagó en efectivo y sin factura un total de US$ 245.000 por las remodelaciones en su casa de Exaltación de la Cruz, un dato que no coincidiría con la capacidad de ahorro declarada por el ministro coordinador. Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas.
Fuentes judiciales consignaron que el testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando.
Por otra parte, persiste la polémica sobre la declaración jurada de Adorni. El funcionario sostiene que presentará el detalle de su patrimonio integral actualizado cuando venza el plazo legal correspondiente. Sin embargo, se detectaron demoras en la presentación del anexo reservado de su última declaración ante la Oficina Anticorrupción, donde debió haber consignado la compra de la propiedad en Indio Cuá realizada por su esposa, Bettina Angeletti, a finales de 2024.
La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y la lleva adelante el fiscal Pollicita, apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Entre las medidas ordenadas, se pidieron informes a registros de la propiedad, de vehículos y movimientos financieros.
Respecto a otros gastos bajo la lupa, como los viajes a Aruba o traslados en jets privados junto a empresarios con contratos estatales, Adorni insistió en que “nunca existió ocultación alguna”. Aseguró que fueron vacaciones personales no financiadas por terceros ni recibidas como obsequio, aunque no brindó precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para dichos pagos en efectivo.
