El crimen de Paulina Lebbos, entre el reclamo de justicia y una investigación desastrosa

“Justicia, Justicia, Justicia”. Alberto Lebbos se paró ante los jueces justo antes de que comenzaran los alegatos y repitió tres veces la palabra. Lebbos, ex secretario de la Juventud de la Provincia, viene hace 20 años enarbolando esa bandera. Lo dice él, con claridad, no quiere venganza, quiere justicia. Quiere que quienes mataron a su hija paguen por lo que hicieron. Quieren que quienes colaboraron de una u otra forma para tratar que el nombre del o los autores del homicidio no se conozca sean condenados. Hoy, a más de dos décadas del homicidio, lo más probable es que nunca se sepa quién mató a Paulina. Porque, está dicho, no hay crímenes perfectos. Hay investigaciones imperfectas. Y esta fue una de las más desastrosas de la historia criminal en Tucumán.

El primer hecho que demostró que todo, o casi todo, se hizo mal en la investigación fue el del hallazgo del cuerpo. A partir de ese momento la causa fue como una bola de nieve que, cuanto más caía, más grande se hacía. Los policías mintieron de una manera descarada. Hoy se sospecha que falsearon actas sólo para congraciarse con sus superiores. Los que habían encontrado el cadáver de Paulina fueron dos baqueanos, los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, quienes regresaban a su casa a caballo el 11 de marzo y vieron el cuerpo a la vera de la ruta 341, en Tapia. Pero los policías de Raco decidieron que esa no sería la versión oficial y aseguraron que fueron ellos, en medio de un rastrillaje, los que hallaron el cuerpo de la estudiante que había desaparecido el 26 de febrero. Fue el principio del final que marcaría toda la causa.

Luego se sucedieron, durante años, una catarata de anomalías, irregularidades, aberraciones y, por supuesto, delitos. Así, tras tres juicios orales la Justicia decidió condenar a nueve personas. A saber: Enrique García, ex jefe de la comisaría de Raco, y sus subordinados Manuel Yapura y Roberto Lencina; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera; el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Rubén Brito; el policía Waldino Rodríguez, y, finalmente, el ex fiscal Carlos Albaca. Además, en juicios abreviados, se condenó a otros jefes policiales como Francisco Picón y Fernando Maruf. En todos los casos los delitos se repiten: encubrimiento, falsificación de actas, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero, en 20 años, nunca hubo presunciones directas para dilucidar quién cometió el crimen. En el juicio oral de 2018 fue absuelto Roberto Luis Gómez, quien había sido acusado como supuesto partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, pero el tribunal consideró que no se había probado su participación en ese delito específico.

En la madrugada del 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos desapareció tras salir de un boliche en la zona del Abasto. Su cuerpo fue encontrado el 11 de marzo. Desde ese momento, la causa quedó marcada por un desastre pericial y una serie de maniobras de ocultamiento. Así se llegó finalmente a una etapa decisiva para juzgar la autoría material del homicidio, centrando la acusación en César Soto, como posible autor, y en Sergio Kaleñuk, acusado de encubrimiento. El debate oral se inició el pasado 3 de marzo ante la Sala III de la Cámara Penal, integrada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica. A lo largo de 15 jornadas, el tribunal escuchó a 41 testigos y analizó más de 200 elementos de prueba, incluyendo pericias forenses que confirmaron la muerte por asfixia y la manipulación de los registros telefónicos de la víctima. Durante el juicio, el fiscal Carlos Sale sostuvo que Paulina llegó en remise al departamento en el que Soto vivía con sus padres y hermanos en calle Estados Unidos al 1.200, donde se habría producido el ataque mortal luego de una discusión generada aparentemente por celos. Sale pidió que Soto fuera condenado a prisión perpetua, fundamentando su pedido en el perfil violento del acusado y en testimonios que lo señalan como un hombre controlador que “sabía que Paulina estaba muerta” desde el primer día. La acusación por el delito de homicidio agravado por alevosía tiene otra explicación: si no hay un agravante que permita el máximo de la pena, el delito estaría prescripto, y por ende, Soto sería absuelto.

El defensor de la ex pareja de Paulina, Roque Araujo, rechazó la acusación y cuestionó la falta de pruebas físicas directas y la vaguedad de una instrucción que perdió evidencias clave durante los años de sospecha sobre los llamados “hijos del poder”. Araujo pidió la absolución lisa y llana de su asistido, calificando la acusación de “fábula”, cuestionando la falta de indicios que ubiquen a Paulina en la vivienda del imputado aquella madrugada y advirtiendo que es una vergüenza que se quiera cargar semejante pena al “sanguchero” del caso.

Simultáneamente, la fiscalía decidió desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk por orfandad probatoria, admitiendo que no se logró acreditar su participación en el descarte del cuerpo, lo que generó una fuerte reacción de su defensa, representada por Patricio Char y Candela Álamo, denunciando que se lo expuso a una “pesadilla de conjeturas” para evitar la prescripción de la causa. A pesar de esto, Alberto Lebbos asegura que había pruebas como para sostener la acusación.

El veredicto final

El miércoles se conocerá el veredicto final y, tal vez, el cierre de una causa paradigmática. ¿Alcanzarán las pruebas que aportó el fiscal para determinar la culpabilidad de Soto? Nadie vio llegar a Paulina, ni la pelea con su pareja. Nadie escuchó gritos ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el departamento, según el fiscal, a pesar de que había otras personas en la propiedad. Soto no tenía un vehículo como para cargar el cuerpo. Ni siquiera sabía manejar. Además, tal como se dijo en el juicio, hubo pistas que se descartaron. Al menos cuatro personas dijeron haber visto a Paulina con vida luego del 26 de febrero, pero nunca se profundizó en esos datos. La joven era acosada vía telefónica por vecinos de Soto. Incluso uno de los cabellos que ella tenía sobre el cuerpo, más precisamente en la mano, tenía coincidencias con el de uno de ellos, pero no hubo análisis de ADN determinantes para corroborar esto. ¿Qué pasó con el remisero que la llevó? Descartadas las pistas de los hijos del poder o la de la fiesta en El Cadillal, ¿qué puede haber pasado con la joven si realmente se comprueba que Soto no fue quién la mató? Pasaron 20 años y son más las preguntas que las respuestas. Si realmente no había a quien proteger, ¿todas las maniobras que terminaron con policías, funcionarios y hasta un ex fiscal condenados fueron solo por impericia, corrupción o desidia?

Alberto Lebbos pidió otra vez justicia en nombre de su hija. Él, su familia y la hija de Paulina son quienes más necesitan saber qué pasó. Lamentablemente estamos a la puerta de que se cierre un caso y que ese interrogante no se pueda contestar. No fue un crimen perfecto. Todo lo que se hizo después fue un desastre.