La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

La normativa, vigente desde 2016, impulsa testeos obligatorios a funcionarios públicos. La experiencia de Yerba Buena reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar sus alcances y garantizar su aplicación en los tres poderes del Estado.

ES LEY. La normativa vigente establece que los funcionarios de los tres poderes sean sometidos a controles.
ES LEY. La normativa vigente establece que los funcionarios de los tres poderes sean sometidos a controles.
Por Matias Argañaraz 16 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Legisladores opositores denunciaron en Tucumán que la ley de narcotests no se cumple a una década de su sanción, exigiendo controles toxicológicos obligatorios en los tres poderes.
  • La Ley 8.850 de 2016 rigió brevemente antes de ser abandonada. El debate resurgió tras aplicarse exámenes toxicológicos aleatorios a funcionarios municipales en Yerba Buena.
  • Los proyectos opositores buscan fijar pruebas sorpresivas, sanciones por incumplimiento y replicar el esquema de Yerba Buena para asegurar idoneidad en las decisiones públicas.
Resumen generado con IA

La implementación de controles toxicológicos a funcionarios municipales en Yerba Buena volvió a poner bajo discusión una normativa que Tucumán tiene vigente desde hace una década, pero cuya aplicación efectiva quedó en entredicho. Se trata de la Ley 8.850, sancionada en 2016, que establece exámenes obligatorios para detectar el consumo de sustancias entre quienes ejercen funciones públicas. Sin embargo, legisladores de distintos espacios políticos coinciden en que la disposición no se cumple y que necesita recuperar vigencia.

El debate también abrió interrogantes sobre la posibilidad de extender a toda la provincia el mecanismo adoptado por el municipio yerbabuenense, basado en controles aleatorios y notificaciones previas. José Cano (UCR), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Claudio Viña (Nueva Fuerza) y Manuel Courel (Cambia Tucumán) expusieron sus posiciones ante LA GACETA.

Cano fue uno de los que impulsó cambios en la legislación provincial mediante un proyecto presentado este año. La iniciativa propone ampliar el alcance de los controles, establecer pruebas anuales para quienes ingresen o permanezcan en cargos jerárquicos y reemplazar los exámenes previsibles por procedimientos sorpresivos.

“Claramente la ley vigente no se cumple, porque no existen controles. Es una norma que se sancionó en un momento donde había mucha demanda social sobre situaciones particulares vinculadas a la política y después quedó como letra muerta, como tantas otras normas”, cuestionó.

El radical consideró que los exámenes deben alcanzar a los integrantes de los tres poderes -entre ellos el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal de Cuentas y personal jerárquico del sistema penitenciario- y que el abordaje no debe tener un carácter exclusivamente sancionatorio. “Nadie debería oponerse a sancionar este tipo de normas. Una persona adicta es una persona enferma y, por lo tanto, requiere asistencia. Es inadmisible que vos tomes decisiones en lugares que son importantes, que luego esas decisiones tienen incidencia en la comunidad y que no lo hagas en tus cabales porque estás con algún tipo de adición”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció Viña, quien recordó que durante sus primeros años como legislador llegó a realizarse los análisis, pero que posteriormente dejaron de aplicarse. El parlamentario señaló que existe un dictamen de su autoría para modificar la Ley 8.850, aunque todavía no consiguió tratamiento en el recinto.

“Evidentemente la ley no se está cumpliendo. Se aplicó entre 2016 y 2017, y después ningún poder del Estado la siguió cumpliendo. Es una ley de orden público y es obligatorio que se cumpla”, afirmó. Entre los cambios que impulsa, Viña mencionó la incorporación de sanciones para las autoridades responsables de garantizar los exámenes. “La ley no tiene ninguna penalidad si no cumplís con los controles o si, como jefe de cada poder, no exigís que se realicen. Agregué un artículo para que, ante el incumplimiento, el responsable pueda recibir sanciones asimilables a las del incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó.

Privacidad y tratamiento

Ricardo Bussi también respaldó la realización de los narcotests y aseguró que está dispuesto a someterse a ellos. No obstante, advirtió sobre la necesidad de evitar que el procedimiento se transforme en una herramienta de exposición pública.

“Una ley que existe pero no se cumple termina siendo un gesto para la tribuna. Si se va a aplicar, tiene que hacerse en serio, para todos por igual y con un objetivo claro, que debería ser sanitario y no de exposición pública”, expresó. Sobre el sistema de Yerba Buena, consideró que el sorteo aleatorio con aviso previo es razonable porque evita selecciones arbitrarias, aunque pidió garantizar la confidencialidad, el acceso a una contraprueba y el debido proceso.

El representante de Fuerza Republicana también planteó que el régimen debería contemplar otras sustancias. “No tiene sentido limitarse a las drogas ilegales y dejar afuera el alcohol o el consumo de psicofármacos sin control médico, que son problemas muy extendidos. La adicción es una enfermedad y debe abordarse como tal, no comparto el enfoque de algunos fundamentos que plantean la adicción como un problema moral o de idoneidad ética”, señaló.

Por su parte, Manuel Courel manifestó un respaldo explícito a la experiencia municipal y consideró que podría replicarse en el resto de Tucumán. “Estoy totalmente de acuerdo con la modalidad de controles implementada en Yerba Buena. Creo que es una excelente iniciativa que se podría implementar en toda la provincia, ya que la ley que tenemos actualmente no se está cumpliendo”, afirmó.

También avaló que un resultado positivo derive en una suspensión y que la reincidencia pueda ocasionar el apartamiento del cargo. “La droga es un flagelo en Tucumán que lamentablemente también afecta a la política, por lo cual debemos ser rigurosos y ejemplares en los controles”, concluyó.

Narcotest en Yerba Buena: se contemplan suspensiones de más de 90 días

El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó el 2 de julio la Ordenanza 2.544, que establece controles toxicológicos obligatorios para el intendente, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los concejales. La votación terminó empatada 5 a 5 y debió desempatar el presidente del cuerpo, Javier Jantus, a favor de la iniciativa.

Los controles se efectúan mediante sorteos aleatorios, con una notificación de 24 horas de anticipación. Ante un resultado positivo, el funcionario puede solicitar una contraprueba. Si se confirma, se contempla una suspensión de al menos 90 días hábiles para iniciar un tratamiento. La reincidencia o el incumplimiento de ese proceso pueden derivar en la destitución.

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