Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó una ordenanza de narcotests anuales y obligatorios para funcionarios de la ciudad, buscando garantizar la transparencia pública.
- La norma, aprobada tras un desempate del presidente del cuerpo, unifica proyectos previos y prevé suspensiones de 90 días con tratamiento de recuperación para casos positivos.
- La ordenanza espera la promulgación del intendente Macchiarola y busca sentar un precedente local y provincial en la lucha contra el consumo de drogas en la función pública.
El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos preventivos, periódicos y aleatorios para funcionarios del Departamento Ejecutivo y del cuerpo deliberativo. La iniciativa, que ahora deberá ser promulgada por el intendente Pablo Macchiarola, alcanza al jefe municipal, secretarios, subsecretarios, directores, concejales y prosecretarios.
La norma dispone que los análisis se realicen al menos una vez al año y también antes de asumir el cargo. Los estudios deberán efectuarse en laboratorios habilitados, con resguardo de la cadena de custodia y bajo estrictas reglas de confidencialidad. En caso de un resultado positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba dentro de los cinco días.
El texto finalmente aprobado prevé una suspensión de no menos de 90 días hábiles para quien dé positivo en el examen. Durante ese período deberá acreditar el inicio de un tratamiento de recuperación. Si hay reincidencia o incumplimiento, la conducta será considerada falta grave y podrá derivar en la destitución, respetando los procedimientos legales correspondientes.
La iniciativa surgió de proyectos presentados por los concejales Mauricio Argiró y Gabriela Garolera, que luego fueron unificados en un dictamen de consenso impulsado por el presidente del Concejo, Javier Jantus. “Este es un proyecto que yo presenté en junio de 2025. Después la concejal Garolera presentó otro y decidimos unificarlos para tener más posibilidades de aprobación”, explicó Argiró a LA GACETA. Según detalló, el objetivo inicial era establecer un narcotest “obligatorio, aleatorio y con consecuencias sancionatorias”, aunque el texto final incorporó un esquema gradual con tratamiento previo a una eventual exclusión del cargo.
Para el edil, la ordenanza busca “mostrar a la sociedad un compromiso en contra del narcotráfico”. “No puede haber un funcionario público tomando decisiones que afectan la vida de miles de ciudadanos bajo el efecto de drogas o sin estar en sus cabales”, afirmó.
Argiró también señaló que la medida pretende servir de antecedente para otros municipios y para la Provincia. “Hoy existe una ley provincial que no se aplica. Cuando juré como concejal nadie me llamó para hacer efectiva esa ley y hacerme un test”, sostuvo. Y agregó que espera una pronta promulgación: “Creo que el intendente Pablo Macchiarola la va a promulgar a la brevedad porque está totalmente de acuerdo”.
Garolera destacó el carácter transversal del acuerdo político. “Este proyecto no es en contra de nadie ni tiene cuestiones partidarias. Con Mauricio Argiró somos de partidos diferentes, pero nos unificamos para sacar un proyecto en común”, dijo a LA GACETA. La concejala sostuvo que la iniciativa apunta a dar “transparencia a la gestión pública” y a demostrar a los vecinos que quienes los representan “están en sus cabales a la hora de votar y tomar decisiones”. También admitió que hubiera preferido una aprobación unánime: “Me hubiese gustado que fueran los 10 votos del Concejo”.
Según explicó, el dictamen final fue más moderado que las versiones originales. “En nuestro proyecto, si el funcionario daba positivo y la contraprueba lo confirmaba, se lo apartaba directamente. Con el nuevo dictamen tendrá 90 días para tratamiento y recién ante una reincidencia se lo separará del cargo”, señaló. Garolera además agradeció a Argiró, a Jantus y al intendente Macchiarola. “Desde el primer día que le conté el proyecto, el intendente apoyó la iniciativa y se mostró dispuesto a realizar el test”, afirmó.
La ordenanza fue aprobada con los votos de Argiró, Garolera, Agustina Simón Padrós, Franco Marigliano y Jantus.
Reparos al dictamen
Desde la oposición, el concejal Walter 'Kabuby' Aráoz cuestionó el resultado de la votación. “Aquí no hay ninguna novedad: ya existe una ordenanza y una ley provincial desde 2016”, señaló.
Aráoz sostuvo que el dictamen de su sector era “más riguroso” porque incluía controles sobre anfetaminas y psicofármacos además de drogas ilegales. También criticó la estrategia parlamentaria que derivó en la aprobación del texto impulsado por Jantus. “Garolera, Marigliano y Argiro no han votado su propio dictamen que ya estaba firmado, sino que tuvieron que votar el dictamen de Jantus para poder empatar sino perdían”, señaló a LA GACETA.
Con la sanción ya consumada, el expediente quedó en manos del Ejecutivo municipal. Si Macchiarola lo promulga, Yerba Buena contará por primera vez con un régimen local específico de narcotests obligatorios para sus principales funcionarios.
