Resumen para apurados
- En octubre, funcionarios de Yerba Buena iniciarán controles toxicológicos obligatorios tras la aprobación de una ordenanza municipal para garantizar la aptitud en sus cargos.
- La norma se aprobó en julio con un reñido empate 5 a 5 que desempató el titular del Concejo. Ahora ultiman detalles de protocolos y laboratorios.
- La implementación del protocolo sentará un precedente de transparencia institucional en el municipio y podría extenderse a otros distritos de Tucumán.
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El Ejecutivo de Yerba Buena trabaja en la reglamentación de la ordenanza que establece controles toxicológicos obligatorios, periódicos y aleatorios para funcionarios municipales y concejales. La norma fue promulgada en julio y, según estimaron sus autores, los primeros estudios podrían comenzar en octubre.
En los próximos días a deben definirse distintos aspectos de la implementación: dónde se realizarán los análisis, qué funcionarios serán sometidos inicialmente a los controles, cómo se realizará el sorteo, quién afrontará los costos y de qué manera se garantizará la cadena de custodia de las muestras.
La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante el 2 de julio, luego de que los proyectos presentados por los concejales Mauricio Argiró (Cambia Tucumán) y Gabriela Garolera (Yerba Buena Somos Todos-PJ) fueran unificados. La votación terminó empatada 5 a 5 y el presidente del cuerpo, Javier Jantus, debió desempatar a favor de la propuesta.
El tratamiento había generado una discusión tensa entre los ediles, con diferencias sobre el alcance de los controles, las sustancias que debían ser detectadas y el procedimiento para realizar los estudios. La norma establece controles al menos una vez al año y también antes de asumir el cargo.
Entre las sustancias contempladas en los proyectos que dieron origen a la iniciativa figuran cocaína y sus derivados, cannabinoides -como la marihuana-, opioides y opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, alucinógenos y drogas sintéticas como el MDMA. El debate también incluyó diferencias respecto del alcance del panel toxicológico.
Cómo será el procedimiento
“Ya es una ley municipal, la 2544. Lo único que falta es el armado, es decir, que se diga cómo se va a hacer”, explicó Gabriela Garolera a LA GACETA. La concejala sostuvo que la puesta en marcha requiere definir cuestiones vinculadas con los laboratorios, el financiamiento y los protocolos. “No es un proyecto común y corriente. Hay que llevarlo a cabo con mucho cuidado. Es un tema de salud y es muy delicado”, afirmó.
Mauricio Argiró, por su parte, confirmó que los análisis no se realizarán en dependencias municipales, sino en laboratorios certificados. También remarcó que la selección deberá ser aleatoria para evitar que los funcionarios conozcan con anticipación quién será sometido al estudio. “Será por sorteo. Se comunicará con 24 horas de anticipación: tal día, a tal hora, tiene que estar en tal lugar para hacer la extracción de sangre”, detalló el concejal.
La cadena de custodia será otro de los puntos centrales. Garolera explicó que los funcionarios no deberían concurrir solos al procedimiento, sino acompañados por otros concejales que puedan actuar como testigos del proceso. La cuestión presupuestaria también permanece abierta. La edil contó que junto con Argiró averiguaron costos y mencionó un valor aproximado de $300.000 por estudio, aunque aclaró que todavía debe determinarse quién afrontará ese gasto.
El proyecto también comenzó a generar interés en otros municipios. Garolera contó que un concejal peronista de Concepción se comunicó con ella para conocer la iniciativa y evaluar la posibilidad de replicarla. Ambos ediles esperan que la implementación de los primeros controles pueda impulsar medidas similares en otras administraciones. “Cuando salga el primer test, todo puede cambiar y los otros municipios pueden animarse. La misma Provincia también debe poner en marcha una medida de este tipo, que sea obligatoria y efectiva”, concluyeron.
Macchiarola respaldó la iniciativa
En diálogo con LA GACETA, el intendente Pablo Macchiarola destacó la importancia de la medida y sostuvo que el objetivo no debe ser entendido como un mecanismo de castigo. “Un funcionario público debe estar en condiciones físicas y psíquicas para afrontar una tarea tan importante como es representar a los vecinos de su ciudad. No hablo desde una mirada de castigo, pero sí de concientizar sobre la importancia de poder discernir con claridad para poder tomar las mejores decisiones”, afirmó.
El jefe municipal también valoró el acuerdo entre Argiró y Garolera para unificar sus propuestas. “Me parece muy positivo que dos concejales de diferentes espacios políticos hayan cedido posiciones en pos de un beneficio para Yerba Buena. Esto habla de madurez y de poner el foco en el bien común por sobre las hipotéticas ventajas políticas personales”, sostuvo.
