Resumen para apurados
- El juez Martínez de Giorgi ordenó en Argentina congelar 25 billeteras cripto de la causa $Libra para identificar a sus dueños y evitar el desvío de fondos bajo investigación.
- La PFA detectó transferencias complejas y pitufeo digital entre redes como Solana y Tron, lo que motivó el pedido de datos KYC a seis plataformas cripto internacionales.
- Esta medida cautelar sin precedentes en la causa busca revelar la identidad de los beneficiarios finales y marca un hito en la persecución del cibercrimen financiero en el país.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $Libra y requirió a seis plataformas internacionales que identifiquen a sus titulares y remitan el historial completo de movimientos.
Según una nota periodística de Hugo Alconada Mon, publicado por "La Nación", la decisión busca impedir que los activos presuntamente vinculados con la maniobra continúen desplazándose, mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron detrás del circuito financiero investigado. La resolución fue dictada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la pesquisa, sobre la base de un informe técnico elaborado por la Policía Federal Argentina (PFA).
Se trata de la primera medida patrimonial de relevancia adoptada por la Justicia argentina en el expediente por $Libra. El objetivo es inmovilizar los activos presuntamente relacionados con la maniobra e identificar a sus posibles beneficiarios finales mediante requerimientos dirigidos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex.
En una resolución de 24 páginas, Martínez de Giorgi también ordenó que cada uno de esos exchanges entregue la documentación correspondiente al estándar KYC (Know Your Customer), que incluye los datos de apertura de cuentas, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de las plataformas, información sobre cuentas bancarias vinculadas y el historial completo de las transacciones asociadas a las direcciones investigadas.
Con esa documentación, los investigadores buscarán reconstruir quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos e IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido de los fondos. Esa tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.
El magistrado justificó el congelamiento de las billeteras al señalar la "ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y la necesidad de evitar "un perjuicio de imposible reparación ulterior". Según sostuvo, la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto exige adoptar medidas cautelares tempranas para impedir que los activos continúen moviéndose y dificulten su eventual recuperación o rastreo.
En la resolución, Martínez de Giorgi consideró "indispensable" la medida para "prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario".
El juez también entendió que el informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen reúne los requisitos de "verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora", al advertir que el paso del tiempo podría volver ineficaz la investigación si los fondos continúan desplazándose entre distintas billeteras y plataformas.
Para fundamentar la decisión, invocó el artículo 23 del Código Penal, que habilita este tipo de medidas desde el inicio de la investigación, y el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite disponerlas incluso antes de un procesamiento cuando existe riesgo de frustrar el eventual decomiso de bienes.
El recorrido del dinero
La solicitud de la fiscalía se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante técnicas de backward tracing (trazabilidad inversa) y análisis de fuentes abiertas (Osint).
Según ese trabajo, los investigadores lograron reconstruir una "secuencia continua e ininterrumpida" de transacciones que conecta las primeras billeteras identificadas como "Team Libra Wallets" con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan establecer la identidad de sus titulares.
El informe sostiene que los fondos partieron de esas billeteras y fueron movilizados hacia el protocolo descentralizado Meteora Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Posteriormente confluyeron en una billetera intermediaria y, desde allí, el 25 de noviembre de ese año fueron transferidos a otra dirección identificada por la plataforma Arkham como "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA".
De acuerdo con la investigación, esa billetera operaba bajo la infraestructura multifirma Squads sobre la red Solana, desde donde se detectaron dos circuitos simultáneos de salida de fondos.
Uno de ellos derivó, el 10 de mayo de 2026, en una transferencia de 499.058,3 USDC desde Solana hacia la red Tron mediante el protocolo Bridge Finance. En apenas 16 segundos, el equivalente en USDT llegó a una billetera de esa red a través de un mecanismo automatizado de interoperabilidad entre blockchains.
El informe también detectó que, antes de esa operación, la billetera de destino recibió un depósito de 50 TRX desde una billetera caliente de Bybit, un movimiento que los investigadores consideran compatible con el fondeo previo necesario para afrontar las comisiones de la transferencia.
Una vez en Tron, los fondos ingresaron a una cuenta de concentración y luego fueron fragmentados en múltiples operaciones de menor monto mediante una estrategia conocida como "pitufeo digital" o smurfing, utilizada para dificultar el rastreo del dinero. La investigación identificó además 17 transferencias entre las redes Solana y Tron que siguieron ese mismo patrón.
En paralelo, otra parte de los fondos fue derivada hacia la red Ethereum mediante siete transferencias entre el 4 y el 17 de junio de este año. Según el informe, esos activos fueron posteriormente redistribuidos en al menos ocho operaciones de entre U$S600.000 y U$S800.000.
Para los investigadores, esa secuencia evidencia un patrón compatible con maniobras destinadas a dispersar rápidamente los activos entre distintas plataformas y jurisdicciones, dificultando tanto su rastreo como un eventual recupero.
A partir de ahora, una de las principales claves del expediente será la información que aporten los exchanges internacionales. La documentación KYC requerida por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta el momento no habían sido incorporadas a la investigación. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto considerado central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra.
