La Legislatura aprobó correcciones para la desafectación de una calle sin debate y con polémica

Sin debate y con la presencia de decenas de vecinos de las comunas de San Pablo y El Manantial, la Legislatura sancionó modificaciones para corregir un proyecto aprobado en la sesión anterior por la desafectación del dominio público de una fracción de terreno en el que catastralmente se había proyectado una calle y ahora se está llevando un desarrollo inmobiliario. Los modos en los que se abordó el tema generó polémica y caldearon los ánimos de legisladores de la oposición, quienes reprocharon que no se les haya permitido expresarse sobre el tema en esta ocasión.

Luego de la sanción de las reformas judiciales propuestas por la Corte Suprema, el legislador oficialista Mario Leito solicitó la alteración del orden del día. Pidió que se traten dos expedientes -con dictamen de Legislación General- de los que había hecho reserva al inicio de la sesión. Ambos apuntaban a hacer correcciones técnicas y administrativas que Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había observado sobre el proyecto que se aprobó en la sesión pasada y que había generado fuertes contrapuntos en el recinto. La iniciativa en cuestión propone la desafectación de una fracción de un inmueble ubicado entre las rutas 301 y 338, en la que se había proyectado una calle, para poder avanzar con un desarrollo inmobiliario privado. Como contraprestación, la empresa Citrusvil se compromete a donar unas tierras para que unas 80 familias regularicen su situación dominial.

“Es una vergüenza”

El legislador oficialista mocionó que las iniciativas sean tratadas sin debate, dado que -según dijo- las diferentes posturas sobre el tema se habían expresado en la sesión pasada. El oficialismo y legisladores aliados sumaron los votos necesarios para que se diera de esa manera, y acto seguido se procedió a las votaciones, las cuales resultaron positivas -por mayoría- en ambos casos. Sin embargo, en los pedidos de palabra quedaron anotados los legisladores Alfredo Toscano, Manuel Courel y Eduardo Verón Guerra, entre otros, quienes reprocharon a la Presidencia el no haber podido expresarse en esta sesión. “Es una vergüenza esto”, se escuchó gritar al yerbabuenense ofuscado.

Los proyectos sancionados fueron presentados por Leito, con apoyo de Carlos Gallia, Roberto Moreno y Carlos Gómez. Además de corregir las observaciones que se hicieron mediante una comunicación del Poder Ejecutivo sobre lo ya sancionado, se incluyeron en ambas iniciativa un segundo artículo que precisa: “la desafectación del dominio público dispuesta en el artículo 1° tiene por finalidad exclusiva de implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona”.

En este segundo artículo, además, se añadió: “la eficacia de la presente ley queda sujeta al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional por parte de la firma Citrusvil S.A. de toda acción y derecho, presente o futuro, que pudiere corresponderle respecto de los inmuebles objeto de la presente norma. A tal efecto, la firma deberá acreditar la realización de los actos procesales necesarios para la conclusión definitiva y archivo de los procesos vigentes, sin reserva de derecho alguno”.

Por último, se facultó al Poder Ejecutivo a “promover y sustanciar todas las actuaciones administrativas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente norma”.

Bajo la lupa

El martes había ingresado a la Cámara una comunicación del Ministerio del Interior en la que se plasmaron diferentes cuestionamientos a la iniciativa que se sancionó inicialmente y que se buscaron subsanar en la jornada de hoy. Se señaló, por ejemplo, que hubo una incorrecta identificación de los bienes a desafectar. Se mencionó que en el proyecto se describe al objeto como una fracción de inmueble, cuando en realidad se trataría de una calle de dominio público. Según el informe técnico, esa caracterización jurídica es errónea y genera inconsistencias en la descripción del bien.

En los dictámenes se sostuvo que la ley debería especificar cómo se incorporará el sector al dominio privado del Estado y, en caso de transferencia a terceros, establecer expresamente la modalidad jurídica de esa operación. También se advirtió que es insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle: se señaló que no se acreditó adecuadamente por qué el camino habría dejado de cumplir la función pública que justificó su afectación. En ese sentido, se remarcó que la desafectación exige demostrar la inexistencia de necesidades de tránsito o conectividad.

En los informes también se advirtió que no se analizaron posibles perjuicios para propietarios colindantes ni para la comunidad. Por lo tanto, se expuso que es necesario que se acredite que la medida no afectará derechos constitucionales vinculados al acceso y la circulación. También se señaló que se debe justificar qué obtendrá la comunidad con la desafectación de un bien público (como una calle, en este caso), y se plasmó que una desafectación de estas características requiere que exista un interés público que compense la pérdida del uso colectivo, algo que se daría con la cesión de tierras por parte de la firma.

Urbanistas consultadas por este diario advirtieron que las cuestiones de conectividad metropolitana no están contempladas, sino que solamente se menciona el interés por la regularización dominial.