Resumen para apurados
- La Legislatura tucumana desafectó en junio de 2026 una traza pública entre San Pablo y El Manantial para un desarrollo inmobiliario y social, generando fuerte controversia.
- La norma del oficialismo busca regularizar tierras de 80 familias, pero la oposición y urbanistas advierten que elimina una vía clave proyectada entre las rutas 301 y 338.
- El Poder Ejecutivo debe decidir si promulga la ley; especialistas desaconsejan hacerlo porque consolidaría barreras físicas y afectaría la planificación urbana a futuro.
La decisión de la Legislatura de desafectar del dominio público una fracción de terreno ubicada entre las comunas de San Pablo y El Manantial abrió un debate político y urbanístico. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fue aprobada por mayoría, aunque generó cuestionamientos tanto dentro del recinto como en ámbitos académicos. Ahora la expectativas están puestas en la determinación que tome el Ejecutivo (PE), que puede promulgar o no la norma.
1- ¿Qué aprobó la Cámara? El cuerpo sancionó una ley que desafecta del dominio público una traza de 650 metros de largo por 10 de ancho. Catastralmente, ese espacio estaba reservado para la apertura de una calle pública, aunque según los impulsores del proyecto nunca llegó a cumplir esa función y era utilizado de manera ocasional como senda de paso.
2- ¿Qué argumentos hubo? El legislador Mario Leito, impulsor del proyecto, sostuvo que la medida permitirá avanzar con un desarrollo inmobiliario en una zona de fuerte crecimiento urbano y, al mismo tiempo, facilitará una solución social para 80 familias de Ohuanta y El Manantial. Según explicó, mediante un convenio con la empresa Citrusvil se buscaría regularizar la situación dominial de esas familias para que puedan acceder a los títulos de propiedad de las tierras que ocupan desde hace décadas. Además, argumentó que el área forma parte de un polo de expansión urbana estratégico para la provincia.
3- ¿Por qué hubo polémica? Legisladores opositores advirtieron que la desafectación podría cerrar de manera definitiva la única vía pública proyectada que atraviesa aproximadamente 2,5 kilómetros de barrios privados ubicados entre las rutas provinciales 301 y 338. El legislador Manuel Courel señaló que, aunque la calle no exista materialmente, su eliminación impediría futuras conexiones viales en una zona con fuerte crecimiento inmobiliario. También se cuestionó la falta de precisiones sobre la compensación que recibiría el Estado y el hecho de que el paso ya estuviera cerrado antes de la sanción.
4- ¿Hubo opiniones académicas? Las urbanistas Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel coincidieron en que el caso refleja problemas estructurales de planificación urbana en el área metropolitana de Tucumán. Señalaron que las decisiones sobre el territorio se están tomando de manera fragmentada y sin una visión integral que contemple la movilidad, la conectividad y el interés colectivo.
Reserva pública estratégica
5- ¿Por qué rechazan el cambio? Casares afirmó que la medida elimina una reserva pública estratégica para la conectividad futura de la zona. Según su análisis, el valor de una traza vial no depende únicamente de su uso actual, sino también de la posibilidad de integrarla a la red urbana en el futuro. Llomparte Frenzel agregó que la cesión podría consolidar barreras físicas y funcionales entre sectores del territorio, profundizando procesos de fragmentación espacial y social.
6- ¿Por qué desaconsejan la promulgación? Las especialistas consideran que la norma es incompatible con una política territorial orientada a preservar el patrimonio público y planificar el crecimiento metropolitano. Advirtieron que la desafectación reduce alternativas de conectividad y consolida un modelo de urbanización fragmentada, entre otros fundamentos. Por ello, recomendaron que el PE no promulgue la ley.
