Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura

El peronismo tiene en carpeta la próxima reforma al sistema político de Tucumán: la Ley de Ética Pública. Y si bien no existen plazos para llevar un dictamen al recinto, en la Legislatura ya están analizando distintos proyectos que establecen deberes, prohibiciones e incompatibilidades para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Se trata de una normativa que está vigente a nivel nacional desde 2016, pero que no alcanza en cargos de jurisdicción local. Aunque Tucumán tenía la opción de adherir a esta ley, desde un principio el PJ tuvo la postura de elaborar un texto propio. Pero esto tampoco sucedió. De hecho, este es uno de los cuatro distritos del país que no cuentan con un código de estas características (o que no se plegaron al sancionado por el Congreso hace una década).

En la Legislatura, con la aprobación de “Ficha Limpia”, a finales de abril, se reactivó esta discusión. En ese entonces, en una entrevista con LA GACETA Play, el vicegobernador Miguel Acevedo contó que algunos legisladores le habían solicitado incorporar la Ética Pública al orden del día junto a “Ficha Limpia”, dadas las vinculaciones en las temáticas. Y explicó que, dada la necesidad de “nuevas reuniones, de la necesidad de escuchar las distintas opiniones”, se inclinó por darle un tratamiento independiente a cada asunto. “Si tiene consenso, como lo tuvo Ficha Limpia, lo vamos a llevar al recinto”, aseveró el presidente de la Legislatura en aquella nota.

Tres en carpeta, con sello opositor

En este tiempo, en la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura, que preside Carolina Vargas Aignasse (PJ), comenzaron a estudiar las iniciativas ingresadas vía mesa de entradas sobre Ética Pública. El análisis está en una fase preliminar, y todavía no fue puesto sobre la mesa en ese grupo de trabajo, que integran además Gerónimo Vargas Aignasse, Tulio Caponio, Aldo Salomón y Tomás Cobos (todos del PJ),  Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán) y Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán).

Al margen de que el oficialismo cuenta con números propios tanto en la comisión como en el recinto, la idea es alcanzar acuerdos con la oposición. De hecho, si bien existe media docena de proyectos sobre el tema, las tres propuestas más consideradas surgieron de las bancadas que rivalizan con el bloque Justicialista.

Uno de ellos fue presentado en 2024 por el bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, con la firma de Walter Berarducci, Alfredo Toscano y Ocaranza. Según explicó el contador, el objetivo de la propuesta es “evitar acciones e incompatibilidades quizá no decididamente tipificadas como delito, pero que erosionan la moral o la ética del cargo y, por consiguiente, de la institución que representan”.

Esta propuesta alcanza a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ministerios Fiscal y de la Defensa, de entes autárquicos, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo.

Además de fijar pautas básicas, se incluye la presentación obligatoria de declaraciones juradas (DDJJ) de bienes, que -según indica el proyecto- deberán ser “depositadas en sobres cerrados y lacrados en los respectivos organismos, siendo su máxima autoridad responsable de la conservación, confidencialidad y eventual puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente”.

También incluyen artículos relacionados a incompatibilidades, como la prestación de servicios con proveedores y concesionarios del Estado. Según Viña, estas disposiciones permiten complementar la Ley de Ficha Limpia, cuya finalidad es limitar el acceso a cargos públicos para personas condenadas por delitos dolosos.

Además están en agenda los textos elevados por José Macome (Compromiso con la Libertad), en 2025; y por Berarducci, esta vez en soledad, en 2026.

Todas las iniciativas contienen elementos comunes, y a la vez, diferencias. Por caso, el proyecto de Macome prevé que las DDJJ tengan carácter público, y sean puestas a disposición de manera online y vía Boletín Oficial. Incluye además un apartado sobre nepotismo y un régimen de obsequios a funcionarios públicos, que impide la recepción de bienes “con motivo o en ocasión del desempeño” de su cargo. A la vez, se establece la creación de una Oficina Anticorrupción, “un ente independiente de cualquier poder, autónomo y autárquico”

La propuesta de Berarducci, en tanto, también promueve la publicidad de las DDJJ, advirtiendo sobre los casos en que deban ser reservadas “conforme normativa específica”, pero aplicando el criterio general de “información pública” y el “libre acceso por parte de la ciudadanía”, con la difusión en sitios web y en el Boletín Oficial.

Se incorporan además medidas antinepotismo, abarcando además los “nombramientos cruzados” realizados entre funcionarios de distintos poderes; así como la aceptación de regalos. Y, entre otros puntos, se regula el uso de bienes del Estado “a los fines de combatir prácticas arraigadas en la administración, diferenciando cuando es uso público y cuando es uso particular”.

Sin reformas de fondo con miras a las elecciones provinciales de 2027, la Ley de Ficha Pública (promulgada el 11 de mayo por el PE) y la Ley de Ética Pública asoman como dos de los principales cambios que avalará el oficialismo respecto al sistema político en Tucumán. Todavía resta que se definan los alcances de esta normativa, pero de arribarse a acuerdos, será uno de los temas en agenda para el corto plazo.

Otras alternativas, con sello radical

Al margen de los proyectos de Ética Pública más considerados por el oficialismo, existen otras alternativas con estado parlamentario. Una de ellas lleva la firma de José Cano (Radicalismo Federal), data de 2025 y está orientada a “orientado a promover la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en la gestión estatal”. La otra fue presentada también ese año por Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-UCR), y apunta a la creación de una Oficina Anticorrupción destinada a atender todo lo vinculado a la ética pública.

Al archivo, sin tratamiento

Aunque la Legislatura tiene en agenda el tratamiento de una ley de Ética Pública para el ámbito provincial, el tema no es una novedad en la Cámara. De hecho, decenas de proyectos pasaron al archivo en la última década, tanto del PJ como de la oposición. Un ejemplo de ello es la propuesta elevada por Fuerza Republicana en 2023, con las firmas de Ricardo Bussi y de Eduardo Verón Guerra. Luego de permanecer tres años sin tratamiento, este texto fue girado al archivo de la Legislatura en marzo de 2026.