"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Sin debate y con la presencia de decenas de vecinos de las comunas de San Pablo y El Manantial, la Legislatura aprobó ayer modificaciones para corregir un proyecto sancionado en la sesión anterior por la desafectación del dominio público de una fracción de terreno en el que catastralmente se había proyectado una calle y ahora se está llevando un desarrollo inmobiliario entre las rutas 301 y 338. Los modos en los que se abordó el tema generaron polémica y caldearon los ánimos de legisladores de la oposición, quienes reprocharon que no se les haya permitido expresarse sobre el tema en esta ocasión.

Aunque no estaba en el orden del día, el tema fue ingresado por el legislador oficialista Mario Leito, quien previamente había hecho reserva de dos expedientes con dictámenes de Legislación General. Ambos apuntaban a hacer correcciones técnicas y administrativas que Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había observado sobre el proyecto que se aprobó en la sesión pasada. Por un lado se planteaba la desafectación para un desarrollo urbanístico privado pero, como contraprestación, se indicó que la empresa Citrusvil se comprometió a donar tierras para que unas 80 familias de Ohuanta regularicen su situación dominial.

“¡Es una vergüenza!”

El legislador oficialista mocionó que las iniciativas sean tratadas sin debate, dado que -según dijo- las posturas sobre el tema se habían expresado en la sesión anterior. El oficialismo y legisladores aliados sumaron los votos necesarios para que se diera de esa manera, y acto seguido se procedió a las votaciones, las cuales resultaron positivas -por mayoría- en ambos casos. “¡Es una vergüenza esto!”, se escuchó gritar sin micrófono al legislador Manuel Courel. El yerbabuenense pidió constancia negativa de su voto, al igual que sus pares Alfredo Toscano, Claudio Viña, José Macome, Agustín Romano Norri, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra.

Los proyectos sancionados fueron presentados por Leito, con apoyo de Carlos Gallia, Roberto Moreno y Carlos Gómez. Buscaban corregir observaciones que se hicieron mediante una comunicación del Poder Ejecutivo, como una incorrecta identificación de los bienes a desafectar, que era insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle y que no se analizaron posibles perjuicios para propietarios colindantes ni para la comunidad sobre el derecho constitucionales vinculados al acceso y la circulación.

En las modificaciones al proyecto sancionado se incluyeron nuevos artículos, en los que se precisa que la desafectación del dominio público “tiene por finalidad exclusiva de implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona”.

“Es un zanjón”

Sin debate en el recinto, las voces se levantaron en los pasillos del palacio espejado. Leito dijo que la sanción llevará tranquilidad a las familias. “Existía un problema social y el Estado no puede mirar para otra parte”, expuso. Remarcó que la medida se tomó por la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y por la voluntad del vicegobernador Miguel Acevedo. Respecto a las críticas de la oposición por el camino que se desafecta, el legislador dijo que no era ni siquiera una calle en desuso. “Es un zanjón”, dijo. Rechazó que se favorezca a un privado y señaló que se desafectan 23.000 metros cuadrados, pero que el Estado recibe 44.000 metros cuadrados para resolver un problema social.

Gallia, por su parte, chicaneó a la oposición y manifestó que para hablar hay que “ir al territorio y embarrarse los pies”. Consideró que con la sanción se hizo justicia para las familias, a la vez que opinó que lo que se estaba desafectando eran callejones o pasajes del ingenio. “El beneficio social era mucho más que esos metros cuadrados en desuso que no se iban a usar para nada”, expuso.

“Actitud patoteril”

Courel mencionó que el hecho de aprobar cambios sin un debate “fue una actitud patoteril”. Insistió con que sería la única vía de escape que se podría desarrollar a futuro entre las rutas a lo largo de los 2,5 kilómetros de la avenida Vicente Lucci. Cuestionó que no se haya realizado un planeamiento de visión metropolitana, señaló que las familias no podían ser desalojadas por llevar varias décadas en el mismo lugar y no descartó avanzar por otras vías. “Esto fue hecho en forma muy irregular; no se cumplieron un montón de requisitos. Esta ley va a estar sujeta a planteos judiciales seguramente”, dijo.

Viña lamentó que se hayan hecho correcciones sin debate a pesar de que el propio Ministerio del Interior observó la iniciativa que se sancionó inicialmente. “Un tratamiento sobre tablas, donde no fueron atendidas las recomendaciones esgrimidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, no es saludable. El debate enriquece los proyectos y podría evitar que, en menos de 20 días, se deban corregir leyes recientemente sancionadas”, mencionó.

Toscano, por su parte, opinó que la iniciativa implica convalidar una ocupación irregular de tierras estatales y advirtió que significaría premiar a un privado que, según denunció, ya usufructúa ese espacio sin autorización legal. Aseguró que las 80 familias de Ohuanta ya cuentan con protección legal a través de la Ley Nacional 27.453 y que el sector está incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que garantiza herramientas para la regularización dominial y suspende medidas de desalojo.

Verón Guerra, en tanto, criticó que no esté escrito en el proyecto el convenio que firmarían Citrusvil, Fideicomiso Las Cañas 3, las comunas y la Provincia para favorecer a las familias; sobre todo, porque Leito dijo en la sesión pasada que se rubricaría en pocos días. Rechazó la desafectación, por el “fundamental valor” para el desarrollo urbanístico futuro, pero sobre todo los modos en el tratamiento. “Negar el uso de la palabra a la oposición en una sesión legislativa donde se debate un tema de interés público constituye una grave vulneración de los principios democráticos”, embistió.

Bajo la lupa

El martes había ingresado a la Cámara una comunicación del Ministerio del Interior en la que se plasmaron cuestionamientos a la iniciativa. Se sostuvo que la ley debería especificar cómo se incorporará el sector al dominio privado del Estado y, en caso de transferencia a terceros, establecer expresamente la modalidad jurídica de esa operación. También se advirtió que es insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle: se señaló que no se acreditó adecuadamente por qué el camino habría dejado de cumplir la función pública que justificó su afectación. En ese sentido, se remarcó que la desafectación exige demostrar la inexistencia de necesidades de tránsito o conectividad.

Urbanistas consultadas por este diario advirtieron que las cuestiones de conectividad metropolitana no están contempladas con la desafectación, sino que solamente se menciona el interés por la regularización dominial.