Resumen para apurados
- El Tribunal de Cuentas de Tucumán aprobó en junio de 2026 la adjudicación de la obra para convertir la ex Brigada de Investigaciones en un sitio de memoria histórica.
- La obra costará $237 millones y fue adjudicada a la firma de Fabio Alvarado. El edificio patrimonial funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura.
- La iniciativa busca consolidar la investigación y difusión de los derechos humanos en la provincia para evitar el olvido y combatir posturas negacionistas en el futuro.
El Tribunal de Cuentas (TC) dio luz verde a la adjudicación de la obra de restauración y adecuación de la ex Brigada de Investigaciones, inmueble que se ubica en avenida Sarmiento y Muñecas, en el predio de la Legislatura. El edificio se encuentra alcanzado por la Ley de Protección del Patrimonio (N° 7.500) y funcionará como “Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, por iniciativa del vicegobernador, Miguel Acevedo.
La decisión del TC fue adoptada esta semana mediante el Acuerdo N° 1.997, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal. El Decreto N° 1118-A/2026 de la Legislatura fue sometido a control preventivo por parte del tribunal, que aprobó la adjudicación de la obra denominada “Consolidación Estructural y Adecuación Interior - Ex Brigada de Investigaciones” a la firma “F & Asociados del Arq. Fabio Eduardo Alvarado”, por un monto total de $237 millones, en el marco de la Licitación Pública de Precios 01/2026.
Según el Acuerdo, el edificio será intervenido por razones de interés público vinculadas a la preservación patrimonial y a su reconversión en un espacio de memoria. El inmueble fue declarado “Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” mediante la Ley 8.516, debido a que allí funcionó la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, uno de los centros clandestinos de detención utilizados durante la última dictadura militar.
Tareas y postura
El proyecto prevé tareas de consolidación estructural y adecuación interior para preservar el edificio y permitir su utilización con fines institucionales, culturales y educativos vinculados a la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.
Meses atrás, Acevedo explicó que la iniciativa busca fortalecer la investigación y difusión de las violaciones a los derechos humanos en la provincia. Sostuvo que hay mucha gente que no visibiliza lo que significó no tener democracia. “Por eso, desde la Legislatura decidimos poner en marcha esta comisión para que no haya olvido”, dijo.
Las tareas en el seno legislativo están coordinadas por la Comisión para la Preservación de la Memoria de los hechos vinculados al terrorismo de Estado en la provincia. “Hubo muchas personas que dieron la vida por la democracia, esa democracia en la que hoy vivimos y que a veces no valoramos en su real dimensión”, mencionó. Y continuó: “muchos tucumanos tuvieron que emigrar por el cierre de sus fuentes de trabajo. No queremos que eso vuelva a ocurrir. Queremos que Tucumán crezca, se desarrolle y fortalezca sus fuentes laborales”.
Observación puntual
En los considerandos, el Tribunal de Cuentas sostuvo que el procedimiento licitatorio cumplió con las etapas previstas por la normativa vigente. También destacó la actuación de la Comisión Especial de Preadjudicación y el dictamen favorable de la Asesoría Letrada de la Legislatura, que no formuló objeciones legales a la adjudicación. A su vez, el Departamento de Ingenieros Fiscales concluyó que la oferta adjudicada cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos, por lo que no formuló observaciones técnicas.
Sin embargo, el área contable del organismo advirtió que la obra tiene carácter plurianual y que la imputación presupuestaria prevista en el decreto debía ser rectificada. Los contadores fiscales señalaron que la Legislatura deberá contemplar el plan de trabajo presentado por la empresa adjudicataria, incorporar el porcentaje correspondiente a adicionales e imprevistos y prever partidas para ejercicios futuros.
Por ese motivo, el Tribunal resolvió no formular observaciones al decreto, aunque condicionó su ejecutoriedad al cumplimiento de esas adecuaciones presupuestarias, cuya verificación quedará a cargo de la Delegación Fiscal destacada en la Legislatura.
Comité por la Memoria
La Presidencia de la Legislatura creó en marzo la Comisión para la Preservación de la Memoria. El comité tendrá como objetivo promover acciones de preservación, investigación y difusión de la memoria histórica vinculada a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Tucumán.
La comisión está integrada por Mario Racedo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; Sonia Inés Varela, por el Ministerio de Educación; Marcela García Mottes, por el Ente Cultural de Tucumán; Daniel Posse, por el Poder Judicial; Julia Saldaño, por la Universidad Nacional de Tucumán; Raquel Estela Zurita, por la Fundación Memoria e Identidades; Alba Lilian Reynaga, por la Asociación de Ex Presos Políticos; y los legisladores Gabriel Yedlin y José Cano.
Yedlin explicó en su momento que la creación de la comisión responde a la necesidad de dar cumplimiento a la Ley N° 9867 y señaló que uno de sus objetivos es otorgar institucionalidad al sitio de memoria ubicado donde funcionaba la ex Brigada de Investigaciones. También indicó que se busca generar una agenda de trabajo que incluya investigaciones científicas, organización de muestras, exposiciones y visitas a sitios históricos para mantener viva la memoria.
Por su parte, Racedo celebró la constitución del espacio y remarcó que la iniciativa apunta a preservar la historia y combatir el negacionismo mediante la difusión de investigaciones judiciales y científicas sólidas.
