CAMBIO. El Gobierno plantea pasar de una distribución discrecional a una basada en “parámetros objetivos”. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional ratificó su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario por falta de presupuesto, mientras el subsecretario Alejandro Álvarez aguarda un fallo de la Corte.
- La norma fue suspendida por no prever partidas específicas. El Ejecutivo cuestiona el centralismo de la UBA, denuncia irregularidades administrativas y exige auditorías externas.
- La Corte Suprema decidirá si obliga al Estado a transferir fondos de forma inmediata. El fallo será clave para la sostenibilidad del sistema y el control del gasto público nacional.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas ha ingresado en una fase de definiciones críticas, donde la retórica oficialista sobre la transparencia choca con la estrategia judicial de las casas de altos estudios. En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defiende una reestructuración profunda del sistema de financiamiento bajo la premisa de que la crisis actual es una herencia inevitable de gestiones anteriores que “dejaron un desastre” administrativo.
En diálogo con LG Play, Álvarez sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario, motor de las masivas movilizaciones federales, es en realidad una “ley muerta”. Según el funcionario, la norma fue votada sin respetar la Ley de Administración Financiera, ya que no preveía la partida presupuestaria específica para cubrir los gastos que ordenaba. Esta omisión técnica es la que permite al Ejecutivo nacional mantener suspendida su aplicación, amparándose en la Ley de Ejecución Presupuestaria que obliga a frenar leyes que asignan fondos sin financiamiento determinado.
Uno de los ejes discursivos más fuertes de la cartera a cargo de Álvarez ha sido el cuestionamiento a la centralidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el reclamo. Álvarez denunció que la UBA intentó monopolizar el 95% de un fondo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país. Para el funcionario, esto refleja una presión mediática porteña que ignora el carácter federal del sistema y las necesidades de otras provincias como Tucumán.
En este sentido, el Gobierno propone un cambio de paradigma: pasar de una distribución histórica discrecional a una basada en “parámetros objetivos”. En esta línea el funcionario destacó que hospitales como el Odontológico o el Veterinario de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) nunca habían participado de este reparto. La nueva gestión busca incluir variables como la región, la situación socioeconómica y la cantidad de pacientes para democratizar los recursos entre todas las instituciones que prestan servicios de salud.
No obstante, el frente más sensible sigue siendo el salarial. Sobre este punto, Álvarez insistió en que el esfuerzo que se le pide al sector universitario es el mismo que realiza toda la sociedad argentina. Incluso, aseguró que los salarios estatales universitarios han recibido aumentos por encima del promedio de la administración pública nacional. En su visión, las críticas provenientes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscan “salvar a quienes se aprovechan del sistema” y politizan la educación con multas electorales.
La desconfianza oficial sobre la gestión universitaria se traduce en una exigencia de auditorías. El subsecretario vinculó la resistencia al ajuste con un temor a la transparencia, señalando que para muchos partidos políticos las universidades funcionan hoy con la misma lógica territorial que un municipio. Como ejemplo de las irregularidades que el Gobierno busca combatir, Álvarez mencionó casos de ex directores procesados o condenados por mala administración de fondos.
En manos de la Corte
Mientras la batalla dialéctica escala, el escenario principal se ha desplazado al Palacio de Justicia. La Corte Suprema de la Nación quedó en condiciones de resolver la causa contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento. Tras el derrotero judicial que incluyó fallos favorables a las universidades en primera y segunda instancia, el Máximo Tribunal deberá decidir ahora si convalida el recurso extraordinario del Estado o si obliga a la transferencia inmediata de fondos.
Los movimientos de la Corte son seguidos con atención tanto por el Poder Ejecutivo como por el CIN. Actualmente, la ejecución de la ley permanece suspendida, lo que exime al Gobierno de realizar las erogaciones para la recomposición salarial y refuerzos de becas. Sin embargo, fuentes judiciales confirman que los jueces podrían rechazar el recurso oficial sin entrar en el fondo del asunto, lo que dejaría firme la sentencia de Cámara que favorece a las universidades.
La UBA, por su parte, ha incrementado la presión judicial mediante un pedido formal para que la Corte actúe con celeridad. Las autoridades de la institución advirtieron sobre un deterioro presupuestario alarmante, con una caída real acumulada de las transferencias del 45,6% entre 2023 y 2026. Para el Consejo Superior de la UBA, el Ejecutivo no tiene argumentos legales definitivos para seguir desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
Con la judicialización del conflicto las universidades también buscan que se liberen partidas de forma urgente para evitar la parálisis de servicios esenciales como el Hospital de Clínicas.
Convocatoria: el Gobierno recibirá a rectores
El Gobierno anunció que convocará a los rectores de las casas de altos estudios que tienen hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. Este encuentro aún no tiene fecha. El objetivo será conformar una comisión para redefinir los criterios de reparto de una partida específica. Desde el Gobierno aseguran que las transferencias fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación. En cambio, las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto de la demora.
