Integrantes del máximo tribunal. CSJN
Resumen para apurados
- La Corte Suprema nacional resolverá el conflicto entre el gobierno de Milei y las universidades por la Ley de Financiamiento, tras fallos previos favorables al sector educativo.
- Tras sentencias a favor del sistema universitario en dos instancias, el Ejecutivo apeló alegando que el financiamiento automático compromete el equilibrio fiscal del Estado.
- El fallo sentará un precedente sobre la validez de leyes presupuestarias frente al ajuste fiscal, en un clima de tensión social tras masivas marchas en defensa de la educación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quedó en condiciones de definir la disputa entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente, que ya superó la primera y la segunda instancia con fallos favorables al sistema universitario, aguarda ahora una resolución del máximo tribunal en un contexto de creciente conflicto por el ajuste presupuestario impulsado por la Casa Rosada.
La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso nacional, que obliga al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades, además de recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios, consignó el diario "Ámbito".
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en primera y segunda instancia, la administración de Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la ley. En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para el Estado y afectar el equilibrio fiscal.
Con el expediente ya elevado, la Corte, integrada por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga a la Casa Rosada a transferir los fondos reclamados por las universidades.
La definición judicial llega después de una nueva Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, donde rectores, docentes y estudiantes reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley. Las universidades denuncian una fuerte caída de las transferencias nacionales y alertan por el impacto sobre salarios, funcionamiento académico y hospitales escuela.
En un duro documento, las universidades le pidieron a la Corte “que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley de Financiamiento”. En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes cuestionaron la política educativa de la administración libertaria y reclamaron por la defensa de las universidades públicas y de la democracia. El máximo tribunal tendrá ahora la última palabra en el plano judicial.
En el texto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldado por gremios docentes, las entidades calificaron de “crítica” la situación financiera del sistema universitario y afirmaron que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica” de acatar la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
Las universidades también denunciaron el deterioro de las políticas de infraestructura y la profundización de la crisis salarial. Según señalaron, desde 2024 el Gobierno nacional cerró las paritarias y provocó una pérdida sostenida del poder adquisitivo, con consecuencias como renuncias de personal formado, reducción de dedicaciones, pluriempleo y problemas en las obras sociales.
De acuerdo con los datos difundidos por las universidades, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios registraron una suba del 147,30%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%.
“Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, advirtieron.
