Los fondos universitarios, en el centro de la polémica.
Resumen para apurados
- El Congreso sancionó la ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria y asegurar fondos contra la inflación en 60 casas de estudio de Argentina.
- La norma impulsada por la UCR establece una recomposición salarial retroactiva a diciembre y ajustes mensuales por el Indec. Además, impone auditorías obligatorias a cargo de la AGN.
- Esta ley busca resolver la crisis de fondos y salarios docentes, marcando un precedente en el control del gasto público universitario y la relación política con el Ejecutivo.
El corazón de la Ley de Financiamiento Universitario actualización salarial por inflación. La normativa, impulsada originalmente por la UCR, declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional. Su objetivo central es mitigar el impacto de la inflación en los gastos de funcionamiento y los salarios de las 60 casas de altos estudios del país. Para ello, establece:
- Retroactividad y ajuste mensual: una recomposición presupuestaria retroactiva al 1° de diciembre de 2023, seguida de un mecanismo de actualización mensual basado en el índice de precios del Indec.
- Criterios de reparto: la asignación de fondos se basará en indicadores objetivos como el número de alumnos (ingresantes y egresados), las carreras ofrecidas, la actividad científica y la infraestructura (hospitales y escuelas secundarias a cargo).
- Auditorías obligatorias: para responder a las críticas del oficialismo sobre la "opacidad" de los fondos, la ley delega de forma expresa en la Auditoría General de la Nación (AGN) el control de los gastos.
De qué se trata la ley de financiamiento universitario
La ley que sancionó la Cámara alta buscó establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales. Ya en su primer artículo, la legislación presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical planteó declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Acto seguido, estableció la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. La ley fijó que “hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país”.
Según lo planteado en el proyecto que fue aprobado, la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.
Además, la ley de financiamiento universitario prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Esta cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.
