DECLARACIÓN. Victoria María José Cancio y Graciela Molina indicaron que Adorni puso como garantía del préstamo un departamento en el que vivía
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alcanzará esta semana una instancia determinante en los tribunales de Comodoro Py. En una jornada de ayer marcada por la tensión judicial, dos mujeres que figuran como acreedoras en las polémicas operaciones inmobiliarias del funcionario prestaron declaración testimonial ante la fiscalía. El objetivo de la justicia es desentramar el origen de los fondos y la lógica detrás de los préstamos privados que permitieron al funcionario nacional adquirir propiedades de alto valor.
Las dos testigos -madre e hija, ambos integrantes de la fuerza policial- ingresaron al emblemático edificio para explicar la procedencia de los US$100.000 que le habrían facilitado a Adorni en 2024. Durante una exposición que se extendió por más de dos horas, las implicadas detallaron que la entrega del dinero se realizó en efectivo en la escribanía de Adriana Nechevenko. Según su relación, no conoció personalmente al jefe de Gabinete previamente, sino que el contacto fue gestionado íntegramente por la mencionada escribana.
Para justificar la posesión de las divisas, las uniformadas argumentaron que el capital surgió de una acumulación de juicios laborales del marido de la mujer mayor, diferencias salariales y procesos sucesorios. Bajo este esquema, aseguraron que el ministro coordinador cumple hasta la actualidad con el pago de cuotas mensuales superiores a los US$900, lo que representa un interés anual del 11%. Incluso mencionaron que, en ciertas oportunidades, el funcionario optó por adelantar pagos, cancelando dos o tres cuotas de forma simultáneas.
La declaración no se limitó al testimonio oral; las mujeres entregaron sus teléfonos celulares para que la fiscalía analice las conversaciones mantenidas con la escribana Nechevenko. Asimismo, presentaron los recibos de las cuotas abonadas hasta la fecha, aclarando que la dinámica habitual consiste en que el propio Adorni o sus colaboradores directos dejan el dinero en la escribanía para que ellas lo retiren posteriormente. Hasta el momento, el funcionario habría cancelado US$30.000, restándole un compromiso de US$70.000 antes de noviembre de este año.
La fiscalía, sin embargo, mantiene el foco puesto en la trazabilidad del dinero y en verificar si estas operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por los prestamistas. El expediente ya cuenta con el levantamiento del secreto fiscal de los testigos, una medida de prueba orientada a confirmar si efectivamente contaban con el patrimonio necesario para financiar un crédito de tal magnitud. La justicia busca determinar si existe una relación consistente entre sus ingresos como policías y el capital movilizado en la operación.
Este préstamo en particular estuvo respaldado por una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. No obstante, el frente judicial de Adorni es más amplio, ya que la segunda mitad de la semana estará enfocada en otras dos testigos clave: las vendedoras de un departamento en Caballito. En este segundo caso, la operación incluyó un pago inicial de US$30.000 y un saldo de US$200.000 a cancelar en un año, llamativamente pactado sin intereses, lo que ha despertado profundas sospechas en los investigadores.
El esquema de “hipotecas entre privados” es el eje central de las dudas fiscales, dado que presentan condiciones que se alejan de los parámetros habituales del mercado financiero.
Por ello, las vendedoras de la propiedad ubicada en Caballito también deberán facilitar el acceso a sus dispositivos electrónicos para relevar mensajes, audios y correos.
La causa, que se originó por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, ha incorporado recientemente un análisis exhaustivo sobre sus gastos en dólares, viajes al exterior y consumos personales. Mientras la justicia intenta contrastar estos movimientos con los ingresos oficiales del jefe de Gabinete, desde su entorno más cercano desestiman las acusaciones. Sostienen con firmeza que la situación patrimonial del vocero será aclarada en su totalidad una vez que se procese la información oficial y documental.
Respaldo férreo
En medio del avance de la investigación, el Poder Ejecutivo ha decidido cerrar filas en torno a una de sus figuras más visibles. Lejos de tomar distancia, la administración de Javier Milei ha emitido gestos contundentes de respaldo político para blindar la figura del jefe de ministros. La estrategia de “blindaje” busca transmitir tranquilidad tanto hacia el interior de la fuerza libertaria como hacia la opinión pública, sugiriendo que existe plena confianza en la resolución favorable del caso judicial.
El respaldo más significativo provino de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el armado del Gobierno. La funcionaria encabezó ayer una serie de actividades públicas junto a Adorni, enviando un mensaje de unidad y ratificación de confianza. La jornada comenzó con una reunión privada en Casa Rosada, preludio de una agenda compartida que buscó visibilizar al funcionario en un marco de normalidad institucional y gestión activa.
