El PE recibirá $ 158 millones mensuales para subsidios

Los casi tres días de paro que dejaron a pie a más de 300.000 tucumanos agitaron las aguas políticas. Lo que comenzó como un conflicto salarial entre los trabajadores enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los dirigentes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) rápidamente empapó de cuestionamientos cruzados a la Municipalidad de la capital y a la Provincia. A ese debate se zambulló ahora la Nación, que apuntó directamente contra la gestión encabezada por el gobernador Juan Manzur.

El subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ascárate, cuestionó los dichos vertidos desde la Casa de Gobierno, respecto de que la gestión de Mauricio Macri quitó los subsidios y que este año no hubo desembolsos desde la Casa Rosada. En ese sentido, recordó que Tucumán suscribió el Pacto Fiscal -previo al Presupuesto 2019 (Ley N° 27.467)- para hacerse cargo de parte de las ayudas para el transporte (aporta $ 130 millones mensuales). Además, subrayó que a partir de enero la Provincia es la responsable de aplicar los fondos enviados desde la Nación para el transporte público, pero adecuándose a nuevos procesos de control.

Nueva metodología

Con el Presupuesto 2019 se modificaron los criterios de asignación y distribución de subsidios a las provincias. Según se estableció en los anexos de las resoluciones 1.085 y 1.100 del Ministerio de Transporte, la Nación enviará este año $ 1.800 millones a la Provincia ($ 158 millones mensuales), de los cuales $ 662 millones están destinados a subsidiar las líneas de San Miguel de Tucumán. Además, según se proyectó, la Nación subsidiará casi $ 17 millones anuales en materia de gasoil, en la medida en que las rendiciones de cuentas sean avaladas por los proveedores de combustible.

Ascárate aseguró que el Ejecutivo provincial demoró en adherirse a las disposiciones acordadas en el Pacto Fiscal y que recién lo hizo este mes. Además, aseguró que la Provincia aún no recibió los primeros desembolsos por parte de la Nación porque no completó los trámites. “El director de Asuntos Públicos del Ministerio de Transporte, Álvaro Quiroga, confirmó que Tucumán tiene depositado más de $ 100 millones y que no se los puede acreditar porque no dispone el CBU informado en la cuenta del fideicomiso del Banco Nación”, señaló el subsecretario.

El funcionario opinó también respecto del paro de la semana pasada y respaldó al intendente Germán Alfaro. “Han actuado como si el gobernador fuera el defensor de los empresarios y como si el ministro de Gobierno (Regino Amado) estuviera sentado a la par de los patrones en las asambleas, diciéndole al intendente que tiene que reunir al Concejo para que aumente el boleto. La plata (con la que solucionaron el conflicto) estaba disponible, y habrá más en la medida que completen el trámite que establecen las resoluciones 1.085 y 1.100”, expresó. Y arremetió: “esta metodología de ‘Macri no me da’ ya nos tiene harto a todos. Sí te da, y la responsable de aplicar esto es la Provincia de Tucumán”.

Este diario se comunicó con Amado para ahondar sobre conceptos de subsidios de transporte. El ministro, sin embargo, se excusó de brindar declaraciones y sugirió dialogar con el titular de la cartera de Economía, Eduardo Garvich. LA GACETA intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuestas.

Transparencia

El diputado José Cano (Cambiemos) se incorporó en la polémica por el transporte público y embistió contra el Poder Ejecutivo de la provincia. “El relato se termina cuando ves los números. Son $ 1.800 millones los que transfiere el Estado nacional al transporte para que el usuario tenga un buen servicio y pague una tarifa adecuada a su bolsillo”, dijo en una entrevista con “Buen Día”, el noticiero matutino de LA GACETA Play. Además, Cano exigió al Gobierno mayor transparencia.

Precio del boleto: sin novedades hasta marzo

Durante la protesta de choferes, los transportistas afirmaron que trabajan a pérdida e insistieron con el pedido de un incremento en el valor del boleto urbano. Desde el Concejo Deliberante de la capital habían indicado que en febrero se iniciarían las gestiones determinar el valor al que debería actualizarse el pasaje, por el momento no ocurrió. El presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Dante Loza, explicó que en esta época de sesiones extraordinarias no hay una actividad normal en el cuerpo legislativo. Se estima que las gestiones se agilizarán a partir del 1 de marzo. Los dirigentes de Aetat habían acercado a las autoridades legislativas del municipio un estudio de costos privado que arroja que el boleto urbano debería costar $ 29.