El debate energético actual suele reducirse a elegir entre petróleo y alguna forma de energías renovables. Pero detrás de esa pregunta hay otra, más incómoda: qué tipo de capitalismo estamos construyendo y quién toma las decisiones. Hace años que la conversación pública sobre energía gira alrededor de una pregunta casi binaria: ¿debe la movilidad y la generación eléctrica seguir dependiendo de los combustibles fósiles? Los argumentos en contra son conocidos. Quemar petróleo, gas o carbón libera gases de efecto invernadero que alimentan el calentamiento global, y además se trata de recursos que, a escala humana, no se renuevan. Frente a ellos, las energías renovables aparecen como la respuesta natural. Sin embargo, plantear la discusión en esos términos deja afuera buena parte del problema.
Mirar el ciclo completo
En ingeniería existe una herramienta que obliga a ser honesto: el análisis de ciclo de vida. Consiste en contabilizar los impactos de una tecnología desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final, pasando por la fabricación, el transporte, la operación y el desmantelamiento.
Cuando se aplica a la generación eléctrica, el resultado es claro y conviene decirlo sin rodeos: las renovables emiten mucho menos que los fósiles. Según los valores medianos que recopiló el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en 2014, la electricidad eólica ronda los 11 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora y la solar fotovoltaica a gran escala unos 48, frente a 490 del gas natural y 820 del carbón.
Pero que emitan menos no significa que no tengan costo. Un aerogenerador o un parque solar requieren acero, hormigón, cobre, aluminio y silicio; las baterías de la movilidad eléctrica, además, litio, níquel y cobalto. Todo eso se extrae, se transporta y se procesa, muchas veces con un alto consumo de agua y energía. En el norte argentino, la expansión de la minería de litio en los salares de la Puna ya abrió un debate sobre el uso del agua en zonas donde es un bien escaso.
A esto se suma el final de la vida útil. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estimó que los paneles fotovoltaicos en desuso podrían acumular hasta 78 millones de toneladas de residuos hacia 2050. Si las renovables se piensan solo como “energía limpia” y no como un sistema con su propia cadena de extracción y descarte, corremos el riesgo de cambiar de combustible sin cambiar de lógica.
¿Y si el petróleo se renovara?
Circula desde hace décadas una idea que vale la pena revisar con cuidado: que el petróleo y el gas se formarían principalmente mediante procesos geológicos profundos, sin partir de restos orgánicos. Esta hipótesis, llamada abiogénica, fue retomada y desarrollada por geólogos soviéticos a mediados del siglo XX y popularizada en Occidente por el astrofísico Thomas Gold. Hoy se sabe que ciertas rocas derivadas del manto, al reaccionar con el agua mediante un proceso llamado serpentinización, pueden generar hidrógeno que, bajo determinadas condiciones, favorece la formación de metano sin intervención de seres vivos. Sin embargo, la evidencia acumulada por la geoquímica respalda el origen biológico de la inmensa mayoría del petróleo y el gas. La existencia de estos procesos no demuestra que los yacimientos se repongan a una velocidad comparable con la de su explotación.
Pero el punto más interesante es otro. Aun si el planeta renovara sus hidrocarburos al ritmo que lo consumimos, el problema climático no desaparecería, porque la cuestión de fondo no es solo cuánto petróleo queda, sino cuánto CO₂ podemos emitir sin superar determinados límites de calentamiento global. La pregunta por la renovabilidad, en definitiva, nos devuelve a la pregunta por el modo en que producimos y consumimos.
De la durabilidad al descarte
Para entender cómo llegamos hasta este presente sirve mirar hacia atrás. El capitalismo industrial que se consolidó desde mediados del siglo XIX, y que tomó impulso con la Segunda Revolución Industrial hacia 1870, operaba en un mundo donde conseguir materia prima era caro, lento y difícil. En ese contexto, la eficiencia y la durabilidad tenían sentido económico: una máquina, una herramienta o un artefacto se diseñaban para durar, y la calidad era un argumento de venta.
Esa lógica empezó a resquebrajarse unos setenta años después. Un episodio suele citarse como símbolo del cambio. En diciembre de 1924, los principales fabricantes de lámparas incandescentes del mundo se reunieron en Ginebra y formaron el cartel Phoebus, que fijó en 1.000 horas la vida útil de las bombitas domésticas, cuando hasta entonces era habitual que duraran entre 1.500 y 2.000 horas. El acuerdo llegaba a multar a quien fabricara lámparas demasiado duraderas. Pocos años después, en plena crisis de 1930, ya se hablaba abiertamente de “obsolescencia planificada” como estrategia para sostener la demanda. Cualquier parecido con lo que sucede actualmente es mera coincidencia.
Cuando vender un producto nuevo resulta más rentable que prolongar la vida del existente, la durabilidad y la reparación pierden valor comercial. Esa lógica puede aumentar la demanda de materiales y la generación de residuos, y se vincula con lo que el Papa Francisco llamó la “cultura del descarte”, que ya no se limita a los objetos. El sociólogo Zygmunt Bauman describió esta época como una modernidad líquida marcada por la inestabilidad de los vínculos y de las trayectorias laborales. La transición energética también debe examinarse desde esta perspectiva. Las baterías de los automóviles eléctricos, cuya duración depende de la tecnología y de las condiciones de uso, requieren diseños duraderos, posibilidades de reparación y sistemas efectivos de reutilización y reciclaje. Sus beneficios climáticos deben acompañarse de una evaluación rigurosa de los impactos de la extracción sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades. Cambiar la fuente de energía exige también revisar cómo producimos y consumimos, quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos.
Hacia un capitalismo inteligente
El resultado es una suerte de vórtice devorador que consume recursos a un ritmo que el planeta no alcanza a reponer. No se trata de impugnar la economía de mercado, sino de preguntarse qué modelo de capitalismo es compatible con un mundo finito. Denominemos Capitalismo Inteligente: a uno que vuelva a valorar la eficiencia, la durabilidad, la reparación y el reciclado, y que incorpore los costos ambientales y sociales a las decisiones económicas. Esto supone facilitar la reparación de los productos y responsabilizar a sus fabricantes por su gestión al final de la vida útil. Eso exige también revisar cómo miramos la concentración de la riqueza. Cuando pocos actores concentran un gran poder económico, aumenta el riesgo de que sus intereses condicionen las decisiones de los gobiernos. Por eso, hacen falta reglas transparentes y mecanismos de control que resguarden el interés público.
La carrera tecnológica se ha convertido en una meta en sí misma, y rara vez se pregunta cuál es su costo para la humanidad. ¿Qué mundo les dejaremos a quienes vienen detrás?
Hoy la concentración de poder pasa, sobre todo, por la información. Ya se habla de ciudades cuya infraestructura urbana es capaz de percibir, razonar y actuar en tiempo real sobre la seguridad pública, la movilidad o la gestión de servicios. Durante años, las llamadas ciudades inteligentes se apoyaron en cámaras, sensores y tableros de control que acumulaban datos sin ofrecer información útil en el momento oportuno. La incorporación de inteligencia artificial (IA) amplía las posibilidades de utilizar esos datos para apoyar o automatizar determinadas decisiones. Su utilidad depende de la calidad de la información, de los criterios empleados y de la supervisión humana. Ahí es donde conviene detenerse. Una ciudad que decide sola plantea preguntas que son técnicas y políticas: quién define los criterios, quién controla los datos, quién controla a quien controla. La tecnología puede hacer más eficiente la vida urbana, pero también puede convertirse en una herramienta de vigilancia y control social si su uso carece de controles y de participación ciudadana.
Por eso la meta debería ser una ciudad humanamente inteligente: aquella en la que la tecnología amplía la capacidad de decidir de los ciudadanos en lugar de reemplazarla. Lo mismo vale para la energía y para la economía. Reducir las emisiones, prolongar la vida útil de los productos y garantizar la participación ciudadana deben formar parte de una misma agenda. Lo que está en juego es que las personas puedan participar en las decisiones que definen el mundo que habitamos y el que vamos a dejar.
