Resumen para apurados
- La UIA y el Gobierno firmaron un convenio en Argentina para frenar el contrabando, ante pérdidas fiscales de U$S 2.300 millones anuales y graves daños a la industria nacional.
- El comercio ilícito representa el 5% del PBI y afecta a seis de cada 10 fábricas. El plan articulará controles tecnológicos e intercambio de datos con ARCA, Aduana y plataformas.
- La iniciativa busca resguardar 1,2 millones de empleos formales mediante fiscalizaciones sobre mayoristas, ventas digitales y transporte de cargas para evitar la evasión fiscal.
La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa firmaron un convenio marco de colaboración para combatir el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, firmaron el documento institucional.
El comercio ilícito representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y genera una pérdida fiscal estimada en U$S2.300 millones al año, de acuerdo con un comunicado de la central empresarial.
Según la III Encuesta UIA, seis de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y cuatro de cada 10 sufren la competencia ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces.
El impacto llega a todas las regiones del país y a cada vez más sectores, y pone en riesgo la competencia leal en la industria, sector que genera 1,2 millones de empleos formales y aporta más de la cuarta parte de la recaudación nacional de impuestos.
El convenio firmado prevé instancias de trabajo coordinadas para articular acciones de revisión normativa, y busca incorporar herramientas tecnológicas y controles sistémicos que mejoren la detección de contrabando, fraude marcario y venta de productos fuera de norma, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales.
También crea mecanismos de intercambio de información con la Secretaría, por categorías de productos sospechosos que compiten deslealmente con la producción local, tanto en puntos de venta físicos como digitales, para identificar a quienes operan de manera ilegítima.
Este convenio se firma en simultáneo con el que la Secretaría refrendó con las principales empresas líderes de plataformas digitales, marketplaces y sus cámaras de representación, como forma de articular las acciones derivadas para mejorar los mecanismos de información y fiscalización.
Además, habilita convenios específicos con los organismos de control: ARCA y la Dirección General de Aduanas, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, Senasa, Anmat y las fuerzas de seguridad federales.
La Secretaría y la UIA acordarán un plan de trabajo semestral con monitoreo trimestral, con informes del estado avance de las denuncias recibidas, en forma agregada, y demás acciones desarrolladas.
Por la UIA, el seguimiento estará a cargo de la Mesa UIA de Acciones contra el Contrabando, el Comercio Ilegítimo y la Competencia Desleal, que integran cámaras sectoriales y regionales. “El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley. Con este convenio aunamos esfuerzos, sumamos tecnología, información y articulación con los organismos de control para que la fiscalización llegue a donde tiene que llegar”, señaló Martín Rappallini.
"El acuerdo es parte de la agenda que la UIA impulsa desde 2025 junto a sus cámaras socias. Esa agenda ya permitió crear un formulario único de denuncias con Defensa del Consumidor, capacitar a las fuerzas de seguridad de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal en distintas provincias y trabajar con el Ministerio de Seguridad en la canalización de denuncias y fortalecer operativos en frontera", señaló la UIA en el comunicado.
Entre sus propuestas, la UIA plantea:
● Una única mesa público-privada que reúna a Comercio, Defensa del Consumidor, ARCA-Aduana, Seguridad y Justicia, con plan de acción, metas y plazos.
● Llegar al origen del problema, con una fiscalización que vaya más allá del punto de venta y el “paquete”, que alcance a mayoristas, centros de distribución y logística.
● Controles sistémicos y tecnología en controles de comercio y en frontera, como perfiles de riesgo e inteligencia artificial contra la subfacturación, escáneres y trazabilidad de la mercadería, para facilitar al que cumple y controlar según el riesgo.
● Monitoreo sistémico de la subfacturación de importaciones, lo que implica también poder establecer algún mecanismo en Aduana de valores de referencia, especialmente para bienes sensibles a estas prácticas.
● Las mismas reglas para el comercio electrónico que para el físico, con datos anticipados de envíos, plataformas solidarias para la visualización de la información de vendedores y controles contra el fraccionamiento y la subfacturación.
● Revisión de los límites y condiciones vigentes del sistema de courier y los envíos postales, en línea con las tendencias internacionales.
● Revisión de criterios para la mercadería decomisada, para que no vuelva al mercado y compita de forma desleal.
● Difusión de operativos y sanciones, campañas de difusión y concientización, porque dar a conocer que la ilegalidad se castiga también disuade.
