El comercio ilícito de cigarrillos comparte rutas, financiamiento y redes de distribución con otras actividades criminales. En Technovation, el encuentro organizado por Philips Morris Internacional, tres panelistas analizaron cómo estas organizaciones aprovechan el control territorial, los vacíos del Estado y las oportunidades del mercado. Advirtieron que las incautaciones resultan insuficientes y propusieron investigar el dinero, utilizar los datos y fortalecer la cooperación entre gobiernos y empresas.
Un cigarrillo de contrabando puede parecer una infracción menor. Una caja que atravesó una frontera sin declarar, un impuesto que quedó sin pagar, una venta callejera. Pero detrás de ese producto puede funcionar una estructura que también transporta drogas, explota personas, extorsiona comerciantes y lava dinero. Esa mirada atravesó el panel sobre comercio ilícito que se llevó a cabo en la jornada de cierre de Technovation. Para comprender la dimensión del negocio, los expositores propusieron mirar más allá de la mercadería y observar quién controla sus recorridos. La conversación estuvo a cargo del periodista Rodrigo Alegre, quien coordinó las intervenciones de Alejo Campos, director de Crime Stoppers, de Carlos Matienzo, director y socio fundador de Dataint y de Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior de Chile.
Alerta numérica
La apertura puso números a esa preocupación. Según las cifras de un informe de KPMG que abarcó 11 países de América Latina y Canadá, el mercado ilícito movilizó unos 77.000 millones de cigarrillos y ocasionó pérdidas fiscales estimadas en US $8.500 millones. Además, uno de cada tres cigarrillos consumidos en América Latina provenía de circuitos ilegales. Las diferencias entre países eran pronunciadas: se mencionaron porcentajes del 88% para Panamá, del 83% para Ecuador y alrededor del 10% para la Argentina.
Alejo Campos, residente en Panamá y con trabajo en la región, fue el primero en cuestionar la idea de que el contrabando de tabaco constituye un problema exclusivamente aduanero. Su explicación giró alrededor de la “convergencia criminal”. “Las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata, el lavado y el contrabando, sostuvo, pueden compartir mercados, cadenas logísticas y contactos con actores corruptos. El cigarrillo pasa a integrar una cartera de negocios que cambia según las oportunidades y la rentabilidad”, indicó.
Por su parte, Carlos Matienzo trasladó el diagnóstico a México. Según su análisis, los cárteles ampliaron sus actividades y convirtieron el control territorial en el centro de sus negocios. Dominar un municipio, una carretera o un puerto permite cobrar extorsiones —el llamado “cobro de piso”—, intervenir en actividades formales y aprovechar la infraestructura comercial del país.
Su planteo introdujo una paradoja: las carreteras, los puertos y las conexiones internacionales que impulsaron el desarrollo mexicano también pueden ser utilizados por las organizaciones criminales. Como ejemplo mencionó el “huachicol”, nombre con el que se conoce el robo de combustible, y su variante fiscal, que describió como la introducción de combustibles bajo declaraciones aduaneras engañosas. A su juicio, esos circuitos muestran mecanismos semejantes a los del tabaco ilícito: aprovechar plataformas legales para introducir y distribuir mercancías ilegales.
Juan Francisco Galli, desde su experiencia en la gestión pública chilena, propuso tratar a estas estructuras como empresas que identifican oportunidades comerciales. Según las cifras que citó, el consumo ilícito de cigarrillos en Chile pasó de alrededor del 18% en 2019 al 57% en el período actual. Vinculó esa expansión con el desorden público durante el estallido social que sacudió a Chile. Citó también las dificultades económicas que generó la pandemia y la pérdida de capacidad y de legitimidad en el control estatal. “Ese paso atrás del Estado significó un paso adelante para el comercio ilícito”, sintetizó. Recuperar el espacio perdido, explicó, exige fortalecer los controles y favorecer la formalización de la economía.
En otro tramo del diálogo en el que se evaluó el crecimiento del negocio ilegal, Campos destacó que “la inseguridad requiere respuestas simultáneas desde distintos sectores”. “La vulnerabilidad social, -señaló-, facilita el reclutamiento por parte de organizaciones que ofrecen ingresos o asistencia donde las instituciones no llegan”. Recordó además que, durante la pandemia, algunas bandas aprovecharon el aislamiento de comunidades para afianzar sus vínculos y su dominio. Al respecto, Matienzo pidió diferenciar los factores coyunturales y los estructurales. “Entre los primeros están las decisiones estatales que favorecieron la expansión criminal”. Con ese argumento cuestionó especialmente la prohibición mexicana de los vapeadores: “la demanda persistió y la venta quedó en manos de circuitos ilegales”. Entre los factores estructurales volvió a señalar la conectividad comercial y la necesidad de acompañarla con un Estado de derecho capaz de impedir que sea capturada.
El dinero
Cuando la conversación volvió inevitablemente sobre el dinero, Campos advirtió que “las investigaciones deben actualizar sus herramientas. Buscar efectivo oculto resulta insuficiente frente a operaciones que utilizan activos digitales”. “Mientras algunos investigadores todavía buscan dólares detrás de las paredes, los dispositivos y las billeteras digitales pueden contener las claves para seguir los fondos”, precisó y reclamó capacitación, tecnología y marcos regulatorios que permitan escudriñar sobre esos movimientos.
El chileno Galli asintió y agregó que las empresas de transporte, almacenamiento y servicios financieros desempeñan “un papel decisivo en el intento por impedir que los cárteles utilicen sus plataformas”. “No obstante eso tiene un límite porque una compañía extorsionada necesita canales seguros para denunciar”. E insistió: “sin protección y sin confianza en las autoridades, las exigencias de cumplimiento pueden quedar atrapadas entre la amenaza criminal y las consecuencias legales de colaborar bajo coacción”.
El mexicano Matienzo completó esa mirada con una propuesta: “además de seguir el dinero, hay que seguir los datos”. “Es fundamental comprender por qué un consumidor recurre al mercado ilegal, ¿qué diferencias de precios encuentra? y, según cómo se distribuyen los productos, podría aportar información para diseñar políticas más eficaces”, planteó. Frente a la convergencia de los negocios criminales, reclamó una convergencia regulatoria y legislativa que conecte contrabando, financiamiento y lavado.
Sobre el cierre del panel coincidieron en que es fundamental la voluntad política y necesaria la inteligencia y la cooperación entre el sector público y el privado. Campos destacó que las empresas conocen detalles de sus mercados que pueden resultar decisivos para una investigación; Matienzo insistió en proteger a quienes denuncian y Galli requirió integrar las herramientas económicas y de seguridad. (Producción periodística: Federico Diego van Mameren)
