Brasil vota este domingo entre Lula y Flávio Bolsonaro con una pregunta que excede a los candidatos: ¿puede una plataforma alterar las condiciones de una elección sin que alguien haya decidido favorecer a uno de ellos? La coalición Brasil Pronto pra Mais, que postula a Lula, llevó al Tribunal Superior Electoral una denuncia por restricciones a la difusión de sus contenidos. Meta negó cualquier favoritismo, pero describió fallas en cuatro episodios ocurridos entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre. El primero afectó la cuenta publicitaria de la campaña de Lula, desactivada durante poco más de una hora por una revisión antifraude y la clasificación errónea de dos restricciones anteriores, según su defensa judicial. El 7 de octubre fallaron durante unas cinco horas los contadores de Reels en más de cien países; la empresa sostiene que la distribución continuó normalmente. El 9, otra falla impidió crear anuncios desde publicaciones existentes de Instagram hasta las primeras horas del día siguiente, aunque, según su comunicado, siguieron funcionando las cargas directas y los anuncios ya activos.
El cuarto episodio apareció el 14 de octubre en Meta AI. La empresa había bloqueado la generación de imágenes de candidatos, pero el filtro podía fallar ante combinaciones de nombres comunes y números electorales: aceptaba algunos pedidos con “Flávio” y su número y, según Meta, también con “Luiz” y el de Lula. La compañía afirmó haberlo corregido ese mismo día. También sostuvo que cerca del 70 % de las medidas sobre las cuentas de Lula registradas ante la Justicia Electoral respondieron a órdenes judiciales. Son explicaciones de la empresa, cuya suficiencia sigue en discusión. Los copresidentes del Consejo Asesor de Contenido no concluyeron que hubiera favoritismo partidario, pero cuestionaron la aplicación excesiva de las reglas antifraude y señalaron que el caso debió llegar a revisores especializados. Nueve expertos independientes de los mecanismos de derechos humanos de la ONU reclamaron explicaciones y remedios efectivos, mientras trece legisladores estadounidenses solicitaron respuestas a Mark Zuckerberg. Esos pronunciamientos expresan preocupaciones; no equivalen a una comprobación judicial de manipulación.
La Justicia electoral intervino sin declarar probado el supuesto favorecimiento. El 15 de octubre, Marco Aurélio Bellizze ordenó diecisiete medidas de trato igualitario, bajo multa diaria de 500.000 reales; el 18 concedió 24 horas para acreditar su cumplimiento y dispuso elevarla a un millón si no se demostraba el cumplimiento íntegro. Ambos dispositivos están reproducidos en un dictamen oficial del Ministerio Público Electoral. Ese organismo reconoció medidas cumplidas, pero el 21 solicitó aplicar la multa por obligaciones pendientes: un pedido fiscal, no una liquidación definitiva. Ese mismo día, la coalición presentó otra acción contra Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar por supuesto abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación. En un expediente diferente, Ricardo Villas Bôas Cueva resolvió el viernes 23 que Meta impidiera desde el sábado 24 recomendar a no seguidores publicaciones de Nikolas Ferreira y Pablo Marçal que mencionaran candidatos, partidos o la elección, en Instagram, Facebook y Threads. También exigió a Meta y X informes cada seis horas, aunque aclaró que los datos disponibles no acreditaban un favorecimiento algorítmico irregular.
Las diferencias entre herramientas y las cifras de audiencia requieren la misma prudencia. En una prueba de Poder360 realizada el 16 de octubre, Grok rechazó un afiche de Lula y produjo uno de Flávio; ChatGPT hizo ambos y Meta AI rechazó los dos. Gemini generó ambos, pero agregó espontáneamente una imagen de Flávio; después también incorporó el rostro de Lula cuando se lo pidieron. Eso documenta aquel ensayo, no garantiza respuestas idénticas para cualquier usuario. Algo parecido ocurre con el “2,96” de la acción de la coalición: expresa cuántas veces representó el promedio de interacciones por publicación de Flávio respecto del de Lula, no una cantidad de personas. Los 348,5 millones de visualizaciones adicionales surgen de una referencia proporcional construida por la demandante, y los 7,44 millones de reales son una equivalencia hipotética. La propia presentación reconoce que los datos públicos no permiten atribuir causa. Meta, por su parte, recuerda que las visualizaciones incluyen repeticiones y distribución paga: cinco reproducciones no necesariamente representan cinco espectadores.
Un error admitido no demuestra favoritismo y una diferencia de alcance no permite contar votos perdidos. Pero tampoco la ausencia de intención política demuestra ausencia de perjuicio, ni una falla global garantiza efectos iguales sobre las candidaturas. Parte de la información técnica ya fue presentada a la Justicia bajo reserva, como consta en la defensa de Meta, pero su disponibilidad pública sigue siendo incompleta. La denuncia de una campaña no prueba manipulación; el comunicado de una empresa tampoco descarta por sí solo un daño. La pregunta del título exige acceso verificable a los registros y un examen independiente capaz de establecer qué ocurrió, a quién afectó y con qué consecuencias.
