Casi, casi, una obviedad. Por lo que hacemos y por aquello en lo que nos quedamos quietos como si no fuera menester actuar. Tal conducta, lo sabemos, ocurre en cualquier tiempo, como si no fuera una cuestión administrada por el gobierno nacional y sólo dependiendo de la estructura y composición del cuerpo de responsables de las distintas áreas de la Cancillería. Composición que no atiende a los requerimientos naturales de una unidad de gobierno que nos liga al resto de las naciones y organismos internacionales de los que se forma parte con una imagen y presencia sin mácula de nuestra soberanía y nacionalidad.
Sólo cuatro
Baste tener a la vista que en los últimos cincuenta años al frente de los asuntos de las relaciones exteriores sólo cuatro ministros provenían del área específica donde se graduaban como diplomáticos profesionales los egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Esos cancilleres fueron Raúl Quijano, Alberto Vignes, Susana Luis Cerruti y Jorge Faurie. Yendo más atrás en el perfil que definía los orígenes de los cancilleres argentinos sobresalían en número los provenientes del área de la política. Independientemente del grado de experiencia o de capacidad en esas arenas o de sus atributos intelectuales, desde el primer tercio del siglo XIX. Puede advertirse que ninguno de los catapultados a las funciones de la administración y manejo de los asuntos de las relaciones exteriores tenía algún entrenamiento formal o formación académica habilitante. A partir de estos datos -que bien se conocen en los ámbitos gubernamentales y en algunos sectores de la opinión pública- surgen como nacidos de algún cuento de los de Gulliver, embajadores y cancilleres. En estas lides sabemos que en Latinoamérica el modelo de las relaciones exteriores de un país es el que desarrolla las estrategias y posicionamiento de Brasil en el mundo. Debe su nombre esa cancillería al castillo de Itamaraty en Río de Janeiro, aunque es otra la sede actual y se mantiene por tradición ese nombre. El que tanto se repite a la hora de evaluar las relaciones exteriores de Brasil en relación con las otras cancillerías del mundo y –particularmente- con la de Argentina. Dicho esto vale para señalar de qué manera “no profesional” y cuasi absurdas, las relaciones exteriores de Argentina relativas a Malvinas se desenvolvieron a contra corriente de lo que aparecía -casi para cualquier observador ni siquiera entrenado en lides diplomáticos- como una cuestión ad absurdum. Desde la hora cero.
La ruta Malvinas|
Sabemos, desde la escuela, que el 3 de enero de 1833 en unos navíos de guerra ingleses llegaron “súbditos de la Corona” que, por la fuerza, obligaron al arriamiento de la bandera argentina en Malvinas y sometieron a los habitantes, venidos del territorio continental argentino, al abandono del archipiélago Ahora, con documentación de primera mano por lo hallado en el Archivo Histórico de la Provincia, sabemos más.
El 6 de noviembre de 1820 David Jewett, a la sazón oficial de la Marina, tomó posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina en presencia de oficialidad y tripulantes de barcos extranjeros en la zona. Se leyó una proclama en esa tarea de ir ejerciendo jurisdicción en el territorio de la nueva nación, tanto en español como en inglés, y esto como un modo de universalizar la proclama y ejercer la soberanía en concreto, “a la luz del día”. Allí se dio a conocer la determinación de establecer una Comandancia Militar, lo que se concretaría en 1929 con el mando de Luis Vernet. Los hechos daban cuenta de una continuidad del dominio de la nueva nación sobre esas islas. No es sino un acto de relevancia en toda la discusión sobre soberanía el hecho de que Gran Bretaña reconociera, expresamente, la independencia de Argentina el 2 de febrero de 1825, ocho años antes de la usurpación por la fuerza en los albores de 1833. Ese reconocimiento se concretó con la firma del “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” entre Argentina y el Reino Unido en Buenos Aires el 02/02/1825. Es de hacer notar, enfáticamente, que en el texto del tratado no se hizo reserva de ninguna entidad respecto de Malvinas por la contraparte, todo lo cual invalida cualquier pretendido derecho posterior de resultas de la ocupación, violenta y amenazante, de 1833 por el Reino de Gran Bretaña. Una transgresión del “Tratado” por una potencia imperial, con siglos de historia, en desmedro de lo pactado formalmente con una naciente nación a más de 11.000 kilómetros en el extremo austral de otro continente. Ese aspecto de la transgresión por el reino europeo le quita brillo y legitimidad a todo el discurso del Reino Unido. Y, lo señalamos puntualmente hoy mismo, en tanto constituye ese apartamiento transgresor de un tratado formalmente asumido como “ley entre las partes” por aquello que es la esencia del lema universal pacta sunt servanda, que significa que los contratos y acuerdos entre partes deber ser cumplidos fielmente por las partes. Vale citar que en la modernidad ese claro principio está consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en vigencia desde el 27/01/1980). El Reino Unido, vale reiterarlo, no formuló ninguna reserva en el texto del tratado precitada de 1825. Reserva a la que se tiene derecho de insertar en cualquier tratado o pacto internacional que suscribe un estado.
Los “arbitrajes”
El Laudo de Buchanan (1899) de la Puna de Atacama destinado a delimitación territorial en la zona: El conflicto se resolvió por un tribunal en el que participó el embajador de EE.UU. en Argentina, William Insco Buchanan y representantes por nuestro país y por Chile.
El Laudo limítrofe de los Andes (1802) en Patagonia central y septentrional en el que el gobierno argentino incurre en una equivocada acción de política exterior: se designa, ¡vaya torpeza! por y Chile, nada menos que al Rey Eduardo VII del Reino Unido, que casi tres décadas atrás (1833) y por vía militar comenzaba la usurpación (hasta hoy, 193 años después) del territorio de Malvinas. Darle al usurpador la potencialidad de definir una cuestión litigiosa por límites con un país lindero (Chile) es de una naturaleza rayana en la irracionalidad. Independientemente del resultado del arbitraje al haberle concedido a la corona británica tamaña empresa es como renunciar a expresar –siquiera- nuestro “enojo” por la usurpación. Es como decirle al Reino Unido –y al mundo todo- que lo de la usurpación violenta de Malvinas no reviste mayor importancia. Aunque el laudo satisfizo a las partes no releva al gobierno argentino de semejante desacierto en la conformación del tribunal arbitral.
¡Otra vez el Reino Unido!
La Cancillería Argentina aconseja al gobierno del país, en la cuestión ligada al Canal del Beagle, que se promueva con el país trasandino someter el litigio al arbitraje (¡Otra vez!) de la Corona Británica, reactivando el Tratado General de Arbitraje, de 1902. Esta reincidencia del gobierno argentino en someter una cuestión litigiosa al arbitrio del usurpador violento en Malvinas (de 144 años atrás, entonces) dio como resultado un laudo que nuestro país declaró “insanablemente nulo”. El conflicto en ciernes con Chile devino en calma, por la oportuna intervención papal que evitó, lo sabemos, la violencia guerrera previsible entonces.
La disputa territorial sobre Malvinas coloca a nuestro país y al Reino Unido en situaciones opuestas (desde la usurpación violenta en 1833) por lo que “jamás de los jamases” (al decir de los convencidos neologistas adverbiales) Argentina debió someterse a ningún arbitraje de un usurpador. Nunca.
Por todo ello citar a Itamaraty nos avergüenza. Pero, nos señala un camino, a la vez. El único, el del ejercicio de las relaciones exteriores con apego irrestricto al derecho internacional y el interés soberano del país. No con políticos de paso sino con genuinos internacionalistas con formación y experiencia.
Y, para más, el síndrome de “Galtierismo” que padece nuestro presidente. ¡Y nada menos que con una alianza pro-malvinense con el “patrón” de EE.UU.! Dos fichas rojas apostando en una ruleta ovalada.
