La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió en septiembre de 2005 disolver la Fiscalía Anticorrupción, que desde 2000 investigaba en la provincia específicamente los delitos contra la administración pública. Más de dos décadas después, un grupo de legisladores impulsa crear nuevamente una oficina de esas características para combatir la impunidad.
El pasado viernes ingresó por mesa de entradas una propuesta para la creación de la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal (MPF), con carácter permanente y con competencia en toda la provincia. El objetivo central es erigir una estructura con autonomía presupuestaria e independencia funcional capaz de desarticular la impunidad en los delitos cometidos contra la administración pública provincial, municipal y comunal, según señaló el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), con el apoyo de José Seleme (Avanza Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Se fundamentó que con la iniciativa se persigue que el juzgamiento del poder político no dependa de voluntades coyunturales o jerárquicas, garantizando que el MPF pueda reconstruir circuitos financieros complejos, contrataciones públicas, sociedades y evidencias digitales sin interferencias del Poder Ejecutivo (PE) o de la propia cúpula fiscal.
Sin funciones políticas
El texto propone que la conducción esté a cargo de un fiscal anticorrupción, elegido por concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Uno de los requisitos expresos incluidos en la propuesta es el de no haber ocupado cargos en el PE ni haber sido autoridad partidaria. Además, se impulsa la participación ciudadana a través de una querella colectiva. Esta herramienta facultaría a organizaciones no gubernamentales enfocadas en la transparencia, así como a legisladores y concejales, a constituirse como parte querellante en los procesos de corrupción.
En los fundamentos, Courel remarcó que la corrupción no produce únicamente un daño patrimonial individualizable. “El desvío de fondos, el otorgamiento de ventajas indebidas o la manipulación de decisiones públicas pueden lesionar el patrimonio estatal, la igualdad en el acceso a bienes y servicios, el funcionamiento regular de las instituciones y los derechos de comunidades enteras. Por eso, la dificultad para identificar una víctima individual no puede impedir la participación de organizaciones cuyo objeto estatutario se vincule con la transparencia, la rendición de cuentas, las instituciones republicanas, la lucha contra la corrupción, la protección del patrimonio público o los derechos colectivos afectados”, desarrolló.
Dichos argumentos son coincidentes con los que recibió de parte de la Justicia al rechazar por segunda ocasión constituirse como querellante en la denuncia que presentó contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito. La jueza Cecilia Tasquer planteó que Courel y el concejal de Simoca, Luis Escobar, (codenunciante) no reunieron los requisitos para ser querellantes particulares porque “no son víctimas del hecho; ni siquiera son afectados de manera directa”.
Antecedentes: duró apenas cinco años en la provincia
En septiembre de 2005, la CSJT resolvió disolver la oficina creada en mayo de 2000 para investigar de manera exclusiva los delitos contra la administración pública. La decisión implicó que esa competencia dejara de estar concentrada en una dependencia específica. El entonces ministro fiscal, Luis de Mitri, justificó que la Fiscalía Anticorrupción tenía unas 400 causas en trámite, mientras que las restantes fiscalías de Instrucción acumulaban entre 2.500 y 3.000 expedientes. Desde entonces, las 10 fiscalías de la Capital están habilitadas para investigar toda clase de delitos, incluidos los cometidos contra el Estado.
