El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con la reorganización de la cartera a su cargo y firmó este viernes de madrugada dos decretos, publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales dispuso cambios en áreas clave del ministerio.
A través del decreto 194/2026, el funcionario aceptó la renuncia de Alejandro Melik al frente de la Oficina Anticorrupción. El abogado había asumido en diciembre de 2023 y su dimisión fue formalmente aceptada con fecha 13 de marzo. En el texto oficial, se le agradecieron “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.
Melik mantenía un vínculo cercano con el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado como secretario penal. Una de sus intervenciones más relevantes se produjo durante el caso $Libra, cuando firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. Esa definición surgió tras una investigación administrativa sobre la conducta del mandatario y otros funcionarios en relación con la promoción pública del proyecto.
En reemplazo de Melik, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especializada en Derecho Penal. La letrada cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.
Zangaro realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó un posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Inició su carrera judicial en 1989 y desde entonces ocupó diversos cargos en el Poder Judicial. Además, integra el cuerpo docente del ciclo de formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales. Durante cuatro años también formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, en representación de los jueces, consignó Infobae.
En paralelo, mediante el decreto 195/2026, el ministro designó a Jimena Belén Capece como subsecretaria de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, quien se desempeñó en el cargo hasta el 6 de marzo. Al igual que en el caso anterior, el texto oficial incluyó un agradecimiento por su gestión.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria dentro del Ministerio. Entre sus funciones principales se encuentra el diseño, planificación e implementación de políticas públicas federales destinadas a garantizar el ejercicio efectivo de derechos en todo el país.
El área también tiene a su cargo la atención, el asesoramiento y el acompañamiento de víctimas de delitos, a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, e interviene en el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.
Además, impulsa políticas de contención psicosocial para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y abuso sexual infantil mediante el Programa Las Víctimas contra las Violencias. A esto se suma la promoción del acceso a la información, la formación en derechos y la coordinación de acciones orientadas a proteger a sectores en situación de vulnerabilidad.
