La Justicia boliviana sumó este sábado una nueva medida cautelar contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, al dictar seis meses de prisión preventiva en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución fue dispuesta por el juez Douglas Borda tras una audiencia cautelar virtual de seis horas y ordenó que la medida se cumpla en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, decisión que fue objetada por su defensa.
Cerimedo, quien ya se encuentra recluido en el penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra) bajo prisión preventiva por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, participó de la audiencia de manera virtual. Durante su declaración, el estratega digital rechazó las acusaciones, aseguró que no tuvo intenciones de fugarse y afirmó que sus ingresos anuales rondan el millón de dólares producto de su actividad privada como consultor de campañas.
La audiencia contó con momentos de tensión política tras la intervención del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien se presentó para solicitar formalmente el traslado de Cerimedo al régimen de Chonchocoro y lo señaló por haber ejercido influencias indebidas dentro del Órgano Ejecutivo. Cerimedo rechazó los términos del mandatario, a quien calificó de “mitómano”, y sostuvo que la presencia de la autoridad buscaba condicionar el criterio de los magistrados.
Asimismo, durante la vista judicial se abordó el hallazgo de una tarjeta personal secuestrada al imputado donde figuraba con el título de “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo desestimó la validez del documento, explicando que fue un modelo que no llegó a imprimirse de manera formal y que no existe dicho cargo en la estructura del Estado. Por su parte, Paz había tomado distancia pública días atrás al declarar que el consultor nunca contó con autorización para actuar en representación del Gobierno o de la Presidencia. Cerimedo limitó su vínculo con el mandatario a la asesoría externa durante la campaña.
El abogado defensor, Ernesto Giraldes, confirmó que apelaron la decisión del juez Borda al considerar que la Fiscalía no acreditó un daño económico al Estado boliviano.
