Ley de narcomenudeo: entre la ficción y la realidad
A casi cuatro años de su implementación, aumentan las detenciones y las causas, pero persisten las dudas sobre la capacidad del sistema para desarticular organizaciones criminales, investigar el lavado de activos y diferenciar a los vendedores de los cultivadores medicinales.
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Investigaciones deficientes. Persecución a cultivadores de cannabis medicinal. Falta de coordinación y cooperación institucional. Recursos humanos y tecnológicos insuficientes. Aprovechamiento de la vulnerabilidad derivada de la crisis social y económica. La ausencia de un cuerpo especializado en seguir la ruta del dinero de los sospechosos. Estos son algunos de los factores que complican la lucha contra el narcomenudeo en la provincia, un fenómeno que, pese a los esfuerzos realizados, no deja de crecer en Tucumán.
Hace casi cuatro años que la norma entró en vigencia. Desde entonces, las celdas comenzaron a poblarse de personas vinculadas con la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades. Por ejemplo, entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2025, según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a 140 personas se les dictó la prisión preventiva por este delito. Hasta el 31 de julio de este año, ya fueron procesados 118 tucumanos y los expertos sostienen que el número de detenciones podría crecer al menos un 50% hacia fines de 2026.
Este aumento tiene una lógica. A partir de la aplicación de la norma, el sistema de comercialización se modificó en los últimos años. Los transas cada vez venden menos en los llamados quioscos y, en cambio, buscan personas vulnerables para que comercialicen las dosis que les entregan. Así no sólo logran una mayor impunidad, sino también que se les secuestre la menor cantidad de droga posible. Las autoridades policiales estiman que, de cada 10 procedimientos que se realizan, al menos seis están vinculados con la venta callejera.
Sin investigaciones
Las cifras exponen una realidad incómoda: son escasas las pesquisas de gran escala destinadas a desarticular a los líderes de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, las Unidades Fiscales de Narcomenudeo (Ufinar) parecen acercarse a un punto de saturación. En promedio, apenas 16 empleados conducidos por dos fiscales deben atender las nuevas causas, seguir la situación procesal de los detenidos y preparar los juicios. Según datos oficiales, desde la entrada en vigencia de la ley, sólo la Policía de Tucumán abrió más de 9.000 expedientes.
La norma establece que pueden funcionar hasta cuatro oficinas, pero desde su creación sólo operan dos. Cuando se puso en marcha el sistema, se había acordado que ese número podría variar según las necesidades presupuestarias y territoriales. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, férreo opositor a la aplicación de la Ley de Narcomenudeo, no realizó ningún planteo al respecto.
Los especialistas estiman que, si no hay un cambio en la política criminal, de poco servirá seguir procesando a los últimos eslabones de la cadena si los mandos medios y superiores continúan operando sin mayores inconvenientes. Insisten en que la única manera de frenar el microtráfico de drogas es perseguir a los responsables de las organizaciones, aunque reconocen que resulta alarmante la falta de investigaciones de mayor alcance.
La problemática no se limita a la escasez de recursos humanos. También destacan que los empleados de esas fiscalías permanecen de turno los 365 días del año y que carecen de las herramientas tecnológicas necesarias para profundizar las pesquisas. En Tucumán, por ejemplo, una pericia telefónica puede demorar semanas e incluso meses. En causas de narcomenudeo, ese análisis resulta fundamental, ya que en los celulares suelen encontrarse pruebas de comercialización e información sobre los proveedores de la droga.
“Chuky”, todo un ejemplo
“Fue presentado como si fuera el Pablo Escobar de Tucumán, pero terminamos procesándolo por 34 gramos de cocaína”, contó un funcionario de la Justicia Federal al referirse a la causa iniciada contra Javier “Chuky” Casanova, considerado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más importantes de la provincia.
El año pasado, durante una investigación por una balacera ocurrida en una fiesta, la Policía allanó su vivienda y encontró 90 dosis de cocaína. Esa pesquisa también dejó al descubierto que el sospechoso había registrado un importante crecimiento económico en los últimos años. El fiscal José Sanjuán, al sospechar que podía tratarse de un proveedor de sustancias para redes de narcomenudeo, logró declararse incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se encontró con una causa con escasos elementos probatorios. No había evidencias suficientes para demostrar que la droga secuestrada tenía como destino la comercialización. El único vínculo entre el sospechoso y el secuestro de más de 56 kilos de marihuana era la mención de su nombre en un papel. Tampoco se habría remitido un informe completo sobre su patrimonio, por lo que hasta el momento no se inició una investigación por lavado de activos. Todo indica que, a través de un juicio abreviado, Casanova recibiría una condena de tres años de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes, un delito cuya persecución corresponde a la justicia ordinaria.
¿Surge un antecedente?
En medio de este escenario de controversias, en el fuero penal se debatió un caso que no hizo más que profundizar la discusión. Una mujer, presidenta de una organización que asiste a padres de hijos con trastorno del espectro autista (TEA), fue detenida por presunta comercialización de marihuana. En ese ámbito es reconocida como cultivadora de cannabis, que produce para donar a personas que, al igual que su hijo, lo utilizan con fines medicinales.
Según el expediente, la Policía llegó hasta su domicilio en busca del botín de un robo y encontró 259 gramos de marihuana, aceite, semillas y cremas, entre otros productos. Durante la audiencia se informó que el allanamiento debía realizarse en una vivienda ubicada sobre el pasaje Zenón Santillán al 3.600, pero la medida terminó concretándose en la misma calle, aunque a la altura del 3.800.
Patricio Char explicó que la acusada contaba con autorización para cultivar cannabis, pero que, al vencer el permiso, inició los trámites para renovarlo y hasta el momento no obtuvo respuesta. La jueza Judith Solórzano, que no está especializada en narcomenudeo, solicitó al Ministerio Público que verificara esa información. Para la magistrada, se trataba de una prueba clave, ya que entendía que antes debía determinarse si se estaba ante un delito o frente a una falta administrativa.
“Esto generará un antecedente muy importante. Hay muchísimos casos como el de esta mujer. Quedó en evidencia que existe un derecho a la salud que camina de la mano con el cannabis medicinal”, sostuvo Char. ¿Cuántos casos más como este habrá? “Muchísimos”, respondió el abogado penalista.
El debate que abrió la ley de narcomenudeo se amplía con el paso de los días. La aplicación de esta norma se convirtió en uno de los principales estandartes de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. La pregunta es si el Gobierno estará dispuesto a revisar una estrategia que muestra resultados en cantidad de detenciones, pero que sigue dejando interrogantes sobre su eficacia para desarticular a las organizaciones que sostienen el negocio de la droga.
