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Según los reportes de la Fiscalía de Estado, en casi tres años se recuperaron más de 1.400 hectáreas de tierras de la Provincia que habían sido usurpadas. En El Cadillal, El Mollar, Tafí del Valle, San Javier, Yerba Buena, Río Seco y la Capital, entre otros lugares, las autoridades lograron desalojar a sus ocupantes. Este proceso abre varios interrogantes: cuántos inmuebles públicos continúan ocupados de manera irregular, qué destino tendrán los repuestos al patrimonio y, sobre todo, si esta política se sostendrá más allá de la actual gestión.
La recuperación también expuso décadas de desidia estatal en el control y la protección de los bienes públicos. Pero, además, quedaron al descubierto presuntas maniobras de algunos funcionarios que, según las investigaciones, habrían transformado al Estado en una especie de inmobiliaria dedicada a la ubicación, planificación y venta irregular de parcelas fiscales. Empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat fueron denunciados e investigados por la Justicia. Sus nombres aparecen vinculados a expedientes en los que se analizan ocupaciones y loteos en El Cadillal y El Mollar.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, repite una y otra vez que no solo importa la cantidad de metros cuadrados recuperados, sino también el mensaje que se transmite para desalentar este tipo de prácticas. La liberación de los terrenos de Ibatín, la liberación de la reserva natural La Angostura y los predios repuestos en El Cadillal fueron acciones de alto impacto, pero también resultó importante devolver al patrimonio público pequeñas parcelas que habían sido apropiadas de manera irregular.
En Yerba Buena hubo dos ejemplos concretos: vecinos extendieron sus dominios ocupando un espacio destinado a la construcción de una comisaría y se descubrió que un cementerio utilizaba como playa de estacionamiento una propiedad estatal. En la Capital también se registraron casos emblemáticos: tierras cedidas a una cooperativa para la fabricación de bloques terminaron convertidas en un predio para la compra y venta de vehículos usados. Ni hablar de Campo Norte, cuyo futuro parecería encaminarse hacia un destino más acorde con el interés público.
Organizaciones
“Somos celosos custodios de las tierras públicas y del medio ambiente. Vamos a cuidar y defender cada metro cuadrado que pertenece a los tucumanos, especialmente en zonas de alto valor ambiental. Proteger el patrimonio público también es proteger nuestros recursos naturales para las futuras generaciones”, sostuvo en sus redes sociales el fiscal adjunto, Raúl Ferrazano, al confirmar que el Gobierno había denunciado la supuesta venta de terrenos fiscales en El Cadillal.
Sin lugar a dudas, lo que sucede en esta villa turística es atípico. El vendedor sospechado es integrante de la Policía. Hasta hace dos meses habría estado destinado a la Jefatura de Zona 4 de la Unidad Regional Norte, que tiene jurisdicción sobre esa localidad. Trabajaba bajo las órdenes del comisario Gustavo Beltrán, condenado por haber utilizado presos para la construcción de su vivienda en El Cadillal. Esa obra se levantaba sobre un terreno fiscal.
En Casa de Gobierno aseguran que la decisión política ya está tomada. Se les permitirá a los tenedores regularizar la situación de sus inmuebles. Tendrán una nueva oportunidad quienes construyeron o adquirieron propiedades en sectores permitidos, es decir, aquellos que no se encuentren en reservas naturales o arqueológicas y que no vulneren las medidas de seguridad establecidas por leyes. Pero nada sería gratuito. Una vez que cumplan con los requisitos, deberán comprar los terrenos a la Provincia mediante una licitación pública. Solo resta definir qué herramienta legal se utilizará para implementar la medida.
La regularización no funcionará como una amnistía general. No todos podrán sumarse a esta iniciativa. El caso más emblemático es el de las viviendas construidas a la vera del lago, lugares que son fiscales y en los que está prohibido construir. “Si tienen algún problema en el futuro, no tengan dudas de que denunciarán al Estado”, indicó una fuente. La reparación de la presa incrementó el riesgo. Hoy varias casas se encuentran a escasos centímetros del agua.
El futuro
En el Gobierno saben que el proceso seguirá avanzando. El desafío ahora pasa por definir el destino de los inmuebles recuperados. En El Cadillal, por ejemplo, después de regularizar su situación, los clubes de pesca encararon proyectos para transformar sus sedes en nuevos atractivos turísticos. “Eso es lo que buscamos. Pretendemos que esos lugares sean aprovechados por todos los tucumanos y que, además, sean ellos mismos los encargados de custodiarlos”, sostuvo Pedicone en más de una oportunidad.
En el Valle de Tafí hay varias iniciativas en marcha. Canadienses, por ejemplo, están interesadas en realizar una inversión para utilizar el predio del Yacht Club, donde instalarían un centro de entrenamiento de canotaje que sería el único en altura de todo el continente. En El Mollar, un complejo de cabañas podría pasar a manos del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). La intención es convertirlo en un centro de recuperación de adictos o en un espacio de descanso para adultos mayores. También se negocia el futuro de “Los Carolinos”, en Tafí del Valle.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan en otros sectores de la provincia. En los pasillos oficiales aseguran que no falta mucho para que estalle una bomba en Raco. Las tierras que la Provincia había recibido como forma de pago y que luego cedió a una cooperativa para desarrollar un emprendimiento productivo habrían sido comercializadas con el paso de los años. También existen sospechas de que productores del noroeste y del sureste tucumano estarían explotando superficies que pertenecen al patrimonio estatal. En ese caso podría aparecer la intervención de escribanías de Santiago del Estero en la confección de títulos presuntamente irregulares.
Por supuesto que queda mucho por hacer. El Registro Único de Bienes del Estado se convirtió en una herramienta central para transparentar la situación patrimonial de la Provincia. Hoy cualquier ciudadano puede consultar en la página de Catastro cuáles son los inmuebles públicos y verificar si una operación es legítima. Ese avance reduce los márgenes para las maniobras irregulares y dificulta que alguien alegue desconocimiento.
Sin embargo, el verdadero desafío no pasa por recuperar tierras, sino por evitar que vuelvan a perderse. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si la defensa del patrimonio público se transformará en una política de Estado o si quedará como una iniciativa asociada a una gestión. La respuesta, como ocurre casi siempre en estos casos, la dará el tiempo.
