El candidato a rector Miguel Cabrera se expresó en duros términos contra la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán luego de que el organismo que conduce Fernando Valdez resolviera aplazar la convocatoria a la Asamblea Universitaria -prevista para el miércoles 20 de mayo- como consecuencia de la medida cautelar que suspende la postulación del actual rector Sergio Pagani. Acusó a la autoridad electoral de desobedecer a la Justicia Federal y de atribuirse competencias que no tiene. “Está jugando con la institucionalidad de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos estamos arriesgando a que haya una intervención de la Universidad Nacional de Tucumán. Es muy grave”, declaró a LG Play.
El decano saliente de la Facultad de Ciencias Exactas, que comparte fórmula con Virginia Abdala, arremetió con especial dureza contra la Junta, a la que acusó de actuar con total parcialidad en el proceso electoral. Planteó que al escenario al que se llegó en la casa de altos estudios “lo inventó Valdez”. “Si las cosas no le siguen saliendo, Valdez no sé qué va a hacer; va a seguir inventando cosas todos los días hasta que logre algo que… no sé qué es lo que busca realmente”, criticó.
“Total parcialidad”
Para validar su punto, el candidato opositor a la gestión actual planteó un escenario hipotético en el que su fórmula resultara impedida de participar. “Si yo me hubiera accidentado y no pudiera acceder a mi candidatura, quisiera preguntarle (a Valdez) si él hubiera detenido el proceso electoral para esperar que Cabrera se recupere y pueda asumir en la Asamblea. Me gustaría que lo jure ante la Biblia. Acá hay un amañamiento de las elecciones. Es clarísimo, y de eso se ha dado cuenta la Cámara Federal”, cuestionó.
Según Cabrera, la UNT ha sido sumida a una “desprolijidad institucional” por “un grupo de personas que quiere permanecer en el poder”. En ese sentido, señaló que con su determinación la Junta Electoral está avanzando contra su fórmula, siendo suspendida, como si hubiera incumplido con el Estatuto. “La sentencia es clara: dice que la Junta se abstenga de recibir fórmulas que ya tengan un segundo mandato”, cuestionó. A su vez, desaprobó que se solicite al Consejo Superior la adecuación del cronograma electoral exclusivamente en lo que respecta a la elección de rector y vicerrector. Insistió con que, si la situación se hubiera dado de modo inverso, la Junta Electoral hubiera proclamado mañana a Pagani y a Mercedes Leal. “Lamentablemente, y lo digo públicamente y me hago cargo en mi palabra, hay una total parcialidad en lo que está haciendo la Junta”, subrayó.
Cabrera, a su vez, recordó que han presentado escritos donde se advierte sobre posibles consecuencias penales contra el órgano electoral. “La Junta ha tomado competencias que no le corresponden; recibe un escrito, una sentencia de la Justicia Federal, y decide hacer una libre interpretación de lo que recibe. Eso no corresponde”, insistió. En ese sentido, mencionó que una fórmula es una unidad indisoluble y que, al no poder ser modificada, se decidió “prorrogar todo de manera unilateral”.
“Están haciendo lo que les da la gana con la institucionalidad de la Universidad Nacional de Tucumán. La autonomía universitaria no significa transgredir las normas y reglas que la propia universidad ha escrito”, reprochó.
Nueva denuncia
Cabrera y Abdala denunciarán ante la Justicia Federal a integrantes de la Junta Electoral por presunta desobediencia judicial, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación apunta contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, a quienes acusan de haber incumplido la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones. Los denunciantes sostuvieron que la Junta “extendió los efectos de la cautelar a la totalidad del proceso electoral”, incluyendo a la fórmula Cabrera-Abdala, que -según afirmaron- no estaba alcanzada por ninguna prohibición judicial ni estatutaria. El planteo cuestiona especialmente la resolución mediante la cual la Junta Electoral aplazó la Asamblea Universitaria y remitió el tema al Consejo Superior para adecuar el cronograma electoral. Cabrera y Abdala sostuvieron que esa decisión carecía de sustento normativo y afirmaron que el órgano electoral “simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria nuestra fórmula”. Además, reclamaron una investigación penal urgente y el secuestro de documentación vinculada al proceso electoral.
