PRESIÓN. La oposición convocó a una sesión especial con el objetivo de avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y el PRO tendrá un rol clave
Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo investiga hoy en Argentina al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa por presunto retorno de fondos públicos a través de la consultora familiar +BE.
- La causa analiza contratos con proveedores estatales, pagos en efectivo y gastos de lujo, mientras el fiscal Pollicita rastrea un posible enriquecimiento ilícito del funcionario.
- El Congreso convocó a una sesión especial para interpelar a Adorni. La postura del bloque PRO será determinante para el futuro del funcionario y la estabilidad del oficialismo.
La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una fase crítica tras las recientes medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. En un giro que complica el panorama del Jefe de Gabinete, la Justicia puso la lupa sobre la consultora +BE, propiedad de su esposa, Bettina Angeletti. El magistrado solicitó a tres importantes empresas contratistas del Estado nacional la entrega inmediata y completa de la facturación realizada con dicha firma de coaching, buscando determinar si existían irregularidades en los vínculos comerciales.
El foco de la investigación apunta a las empresas Datco, National Shipping y Foggia Group, proveedores de organismos clave como ARCA, AySA, Aerolíneas Argentinas e YPF. La sospecha central, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, radica en si la consultora de Angeletti fue favorecida por el Gobierno para funcionar como un presunto mecanismo de retorno de fondos públicos a través de contratos de asesoría.
Para desentramar esta red, el juez Lijo no solo requirió información a las privadas, sino que solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que identifique a los beneficiarios finales de estas firmas. En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar si estas compañías son contratistas recurrentes del Estado, aportando las constancias de adjudicación de los últimos años.
Esta pesquisa se suma a un frente judicial más amplio liderado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En este expediente, la Justicia analiza si el nivel de gastos y el patrimonio del funcionario -quien también ejerce como director de YPF desde enero de 2026- se condice con sus ingresos declarados, poniendo bajo sospecha movimientos millonarios de dinero.
Uno de los puntos más llamativos de la causa son los testimonios que dan cuenta de grandes pagos en efectivo. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido U$S245.000 “en mano” y sin factura por remodelaciones edilicias. Asimismo, se investiga los términos de compra de un departamento en Caballito por U$S230.000, donde el pago del 85% del valor habría sido postergado por las vendedoras, sin intereses.
La Justicia también rastrea gastos de lujo que el matrimonio habría cancelado con billetes físicos: U$S9.000 en un viaje al Caribe, U$S5.000 para la matrícula de un país exclusivo en Exaltación de la Cruz y otros U$S6.000 por un viaje de Angeletti a Madrid. Estas cifras han motivado el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de la pareja y de sus firmas asociadas.
Recientemente, Pollicita amplió la búsqueda de pruebas hacia el ecosistema digital. Se solicitó al Banco Central información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos y créditos, pero también sobre billeteras virtuales, CVU y plataformas de pago. El objetivo es rastrear si la operadora financiera de Adorni y su entorno oculto inconsistencias u omisiones en sus declaraciones juradas.
Mientras los plazos se apremian -en noviembre vencen deudas por cientos de miles de dólares vinculadas a sus propiedades-, Adorni ha optado por el silencio. A través de su abogado, Matías Ledesma, ha evitado dar explicaciones públicas bajo el argumento de no “obstruir” el proceso judicial, una postura que ha trasladado la tensión directamente al recinto legislativo.
Arista política
En el Congreso Nacional, la temperatura política ha llegado a su punto de ebullición. Para el próximo jueves, la oposición ha convocado a una sesión especial con el objetivo de avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete. Este pedido ha generado una fractura interna en sectores que, hasta hace poco, se mostraron como aliados estratégicos de La Libertad Avanza.
El bloque del PRO se encuentra en una situación de crisis interna tras la emisión de un comunicado crítico hacia la gestión de Adorni. La reunión de bloque prevista para hoy será determinante para saber si acompañarán el pedido de interpelación o si mantendrán la cohesión con el oficialismo, que ya diseñará una estrategia de defensa para blindar a su principal espada comunicacional.
Por su parte, el peronismo ha jugado sus cartas con cautela. Aunque Unión por la Patria no escribió originalmente el pedido de sesión, desde el entorno de Germán Martínez aseguran que darán quórum. La intención del bloque opositor mayoritario es participar de la jornada, aunque buscan ampliar el temario.
El antecedente inmediato del caso $Libra, donde la oposición logró aglutinar 125 votos, funciona como una señal de alerta para la Casa Rosada. Si las ausencias y los sectores indecisos se vuelcan hacia el reclamo de transparencia, el Gobierno podría enfrentar su primer gran revés político de 2026.
