Resumen para apurados
- La Cámara del Trabajo derivó al fuero Contencioso Administrativo la causa de la CGT contra la reforma laboral, otorgando un triunfo estratégico al Gobierno nacional este lunes.
- El fallo sigue a la reactivación de 81 artículos de la ley que afectan indemnizaciones y contratos. Los jueces determinaron que el debate sobre normas federales compete al Estado.
- La resolución debilita la posición gremial al cuestionar su legitimidad para acciones colectivas. La vigencia de la reforma laboral perfila un cambio estructural en el país.
La Cámara del Trabajo resolvió este lunes desplazar la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal, otorgando un triunfo estratégico al Gobierno nacional. Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy fundamentaron que, al cuestionarse el rol del Estado como legislador y basarse el reclamo en preceptos constitucionales y tratados internacionales, la competencia corresponde al fuero que rige las controversias contra el Estado. Esta decisión respalda el planteo del Ejecutivo, que sostiene que el conflicto no es una disputa entre trabajadores y empleados, sino un debate sobre la validez de una norma federal.
Este movimiento judicial representa el segundo revés consecutivo para la central obrera, luego de que la jueza Macarena Marra Giménez ratificó la vigencia plena de la reforma laboral. La magistrada dejó sin efecto la medida cautelar que, desde el pasado 30 de marzo, mantenía suspendidos 81 artículos de la ley. Con este fallo, quedaron reactivados puntos neurálgicos de la reforma que afectan directamente el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación, la jornada laboral y las facultades de representación sindical, áreas que la CGT pretendía declarar inconstitucionales.
Acción colectiva
En su resolución, los magistrados también cuestionaron la legitimidad de la CGT para impulsar una acción colectiva de esta escalada sin demostrar un perjuicio concreto y actual para los trabajadores.
Desde el Gobierno argumentan que la central obrera, como entidad de tercer grado, no puede representar de manera automática a la totalidad de la masa laboral sin cumplir con los requisitos específicos de las demandas colectivas. Además, señalaron que la mera vigencia de la ley no constituye un daño que justifique la intervención judicial en esta etapa, debilitando la posición de los gremios ante los tribunales.
