En sus respuestas escritas, Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre su patrimonio y causas judiciales

En las respuestas escritas que integran su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Manuel Adorni optó por una línea defensiva frente a las consultas de la oposición sobre su patrimonio, sus viajes privados y las causas judiciales que lo involucran. A lo largo de 1.936 páginas, el jefe de Gabinete nacional evitó profundizar sobre esos puntos y remitió, en la mayoría de los casos, a anexos reservados, expedientes en curso o cuestiones que definió como de carácter "personal".

Uno de los principales focos de cuestionamiento estuvo puesto en su situación patrimonial. Legisladores opositores reclamaron explicaciones por la presunta omisión de bienes en su última declaración jurada, entre ellos un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde reside actualmente el funcionario, consignó el diario "La Nación".

La respuesta oficial no avanzó sobre esos planteos. Adorni sostuvo que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar figuran en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública, y señaló que esa documentación solo puede ser consultada por la Justicia, que ya interviene en una causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026.

En su presentación, tampoco explicó públicamente la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, y derivó cualquier precisión al ámbito judicial.

La misma línea mantuvo frente a las preguntas por su viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado. El informe evitó confirmar quién financió ese traslado bajo el argumento de que se trató de un asunto personal del funcionario.

Las consultas surgieron a partir de una contradicción expuesta en la causa judicial: mientras Adorni aseguró haber costeado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago fue realizado por el empresario Marcelo Grandío. Frente a esa inconsistencia, el jefe de Gabinete respondió que el Estado “no registra ningún pago de costos” vinculados a traslados personales del funcionario, al considerarlos erogaciones privadas, y agregó que tampoco existen registros ante la Oficina Anticorrupción sobre viajes financiados por terceros.

La oposición también indagó sobre su vínculo con Grandío y sobre la posible existencia de contratos con el Estado, en particular con Radio y Televisión Argentina (RTA), que pudieran derivar en un conflicto de interés. Adorni negó la existencia de contrataciones entre la empresa estatal y el empresario, aunque remitió a respuestas previas sin aportar documentación adicional.

Como argumento institucional, además, sostuvo que varias de las consultas formuladas corresponden a hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial y que, por tratarse de un período ajeno a su función actual como jefe de Gabinete, no corresponde responderlas en el marco del informe de gestión.

En el apartado referido al caso de la criptomoneda $Libra, Adorni también evitó brindar precisiones. Señaló que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo son objeto de una investigación judicial en curso y advirtió que cualquier divulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) podría comprometer la integridad de la pesquisa y los derechos de las personas involucradas. También relativizó el contenido de algunas consultas al afirmar que se apoyan en “informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.

En esa misma respuesta, puso en duda la pericia sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los impulsores locales del criptoactivo, y rechazó que haya existido un contrato o acuerdo entre Javier Milei y los creadores del proyecto. “No existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, afirmó.

Frente a las consultas por las denuncias de sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Adorni repitió la misma estrategia: indicó que los hallazgos fueron remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, donde la causa continúa bajo investigación.

Desde el Gobierno, en tanto, destacaron el contenido general del informe y precisaron que el 20% de las respuestas correspondieron a asuntos económicos; el 15%, a salud; el 13%, a seguridad; el 12%, a políticas sociales; otro 12%, a Justicia; el 9%, a seguridad social; el 8%, a Defensa; el 6%, a educación; y el 5%, a temas personales y judiciales.