El Gobierno afronta una semana clave en el Congreso con dos debates centrales para su agenda legislativa: la reforma laboral, que se tratará mañana en el Senado, y el proyecto de Ley penal juvenil, previsto para el jueves en la Cámara de Diputados. Con negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo busca llegar a definiciones antes del inicio del período ordinario.
La reforma laboral concentra la mayor atención. El proyecto, considerado estratégico por el Ejecutivo para fomentar el empleo formal y atraer inversiones, se mantiene bajo reserva hasta el inicio del debate. En el oficialismo explican que la decisión de mantenerlo “bajo llave” apunta a evitar filtraciones que reactiven resistencias y a preservar los acuerdos alcanzados. La versión final, admiten, se conocerá recién cuando el tratamiento esté en marcha.
El ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales interlocutores del Gobierno con gobernadores y legisladores, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar. Atribuyó ese respaldo a una serie de conversaciones políticas sostenidas en las últimas semanas, en especial con mandatarios provinciales interesados en impulsar el empleo privado.
En la antesala del debate, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció presiones y amenazas a legisladores del peronismo para que no acompañen la iniciativa. El conflicto expuso la tensión interna en el justicialismo, donde el bloque Convicción Federal -integrado por cinco senadores, entre ellos la tucumana Sandra Mendoza- aparece como clave para definir el resultado.
“Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido”, afirmó Sáenz en TN. Según relató, el mecanismo consiste en advertencias de intervención a las estructuras provinciales del PJ si no se vota en contra del proyecto, y recordó antecedentes similares en Salta, Misiones y Jujuy.
Ley penal juvenil
En paralelo, el Poder Ejecutivo presentó ayer su proyecto de Ley penal juvenil que será debatido el jueves en Diputados. Aunque propone llevar la edad de imputabilidad a 13 años, en el oficialismo reconocen que ese punto podría ser modificado para asegurar los votos. A diferencia de versiones anteriores, el texto incorpora el costo fiscal de la iniciativa.
El proyecto establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, con medidas alternativas a la prisión como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico. Para delitos graves, fija una pena máxima de 15 años y reserva la privación de la libertad para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados.
Un dato a tener en cuenta es que esta versión del Gobierno sí incluye el costo fiscal de la implementación del régimen penal juvenil. De acuerdo al texto, sería de $ 23.739.155.303. ¿De dónde saldrían esos fondos? Del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación. La explicación que dan los libertarios es que, a diferencia del 2024, este año sí hay Presupuesto Nacional.
