BAJO ANÁLISIS. La Cámara definirá si avanza o no con la reforma.
Las tensiones y resistencias dentro del peronismo y las duras críticas lanzadas por la oposición van mellando la posibilidad de alcanzar consensos antes de que finalice el año por una reforma electoral y política. Extraoficialmente se mencionó que el jueves 18 sería la sesión en la que se debatan los límites al sistema de acoples, una ley de paridad de género, la iniciativa de “Ficha Limpia” y que los educadores que participen como autoridad de mesa en los comicios puedan sumar puntaje docente. Pero algunos trascendidos van tornando borrosa y lejana la posibilidad de avanzar.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales, y Legislación General, de todos modos, tienen previsto llevar a cabo el lunes una reunión conjunta para debatir los proyectos vinculados a los cuatro ejes mencionados, con la intención de generar dictámenes unificados. Pero parece haber más disensos que consensos.
Fuera de la mesa quedó la posibilidad de implementar la boleta única -de papel o electrónica-. Pero de los temas que siguen en carrera, hay diferencias hasta en lo que se refiere a “Ficha Limpia”, una propuesta que busca establecer filtros más estrictos para el acceso y permanencia en cargos públicos.
De los proyectos que cuentan con estado parlamentario, hay uno que giró el Poder Ejecutivo (PE), en noviembre de 2024. El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado proponen que queden excluidos quienes tengan una sentencia condenatoria en segunda instancia en delitos graves: contra la administración pública; contra la integridad sexual en casos graves; por narcotráfico y de estupefacientes; trata y explotación de personas; dolosos contra la vida; contra la libertad individual; por criminalidad organizada, lavado y terrorismo; contra el orden constitucional; y por lesa humanidad y genocidio. Incluyen también a los deudores alimentarios.
Propuesta más rigurosa
También por el oficialismo pero de modo paralelo, Gerónimo Vargas Aignasse, con el apoyo de Roberto Moreno, presentó una propuesta en igual sentido, abarcando delitos similares. La gran diferencia es que la iniciativa es mucho más rigurosa y restrictiva que la del PE, ya que busca que se impida que personas condenadas en primera instancia puedan postularse para cargos electivos. Se mencionó que se busca darle un carácter “preventivo”, lo que genera resistencia de algunos sectores.
La radical Silvia Elías de Pérez estampó su firma junto a la de José Seleme en un proyecto similar al de la Casa de Gobierno. Abarca delitos similares y fija que la inhabilitación para ser precandidato o candidato “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso y hasta su eventual revocación posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena”.
En tanto que José Macome impulsa que no puedan ser candidatos a ningún cargo electivo “personas condenadas, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, hasta su revocación o el cumplimiento de un plazo de diez (10) años posteriores”. En cuanto a los delitos que abarca, son similares a los proyectos anteriores.
Por puntaje docente
De los puntos que se analizan como parte de las reformas, el único que no despierta controversias es el que propone la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, para que el Ministerio de Educación otorgue el puntaje correspondiente a un curso de cuarenta horas de formación a los docentes que sean autoridades de mesa en los comicios provinciales y hayan aprobado la capacitación que dicte la Junta Electoral Provincial.
