El último paso formal para que Daniel Posse fuese designado como defensor del Pueblo lo dieron ayer las comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos.

Por unanimidad, los legisladores oficialistas (el único opositor, Ricardo Bussi, no asistió a la reunión) que integran esos dos órganos elevaron la terna de postulantes que establece la Ley Nº 6.644. El nombre del secretario de Derechos Humanos, más los de los abogados Javier Elía Salim y Sylvia Liliana Liendo, serán elevados al plenario de la Cámara, que en una sesión especial convocada al sólo efecto deberá votar por uno de esos tres postulantes. El nuevo ombudsman quedará consagrado con el sufragio de la mayoría absoluta de los miembros (la mitad más uno de los 49 miembros).

Sin mayor discusión

Ayer, los legisladores José Fernando Orellana, Gregorio García Biagosch, Manuel Fernández, Susana Montaldo, Mabel Concha y Roque Cativa (Peticiones y Acuerdos); y Antonio Raed -integra ambas comisiones-, Sisto Terán, Marta Zurita, Reinaldo Jiménez, Carlos Canevaro y Daniel Heredia (Asuntos Constitucionales) firmaron la resolución correspondiente, en la que justificaron el rechazo a las impugnaciones presentadas.

Primero desecharon el planteo de los dirigentes Carlos Petersen y Edmundo Romano (Vecinos y Usuarios Autoconvocados), quienes habían objetado el proceso de designación previsto en la ley, porque consideraron que carecía de objetividad y transparencia. Luego, se abocaron a justificar la desestimación de las objeciones en contra de la candidatura de Posse, concretada por el presidente del centro vecinal Valle del Nogalito (Lules), Juan Torres. El dirigente sostuvo que el funcionario "obstruyó la Justicia" para beneficiar a una comunidad aborigen en un juicio por desalojo.

Los oficialistas sostuvieron que el denunciante carece de legitimación activa, "por cuanto no acredita, por ningún medio, representatividad alguna para actuar en nombre de la persona jurídica que invoca y dice representar, la que además se encuentra en situación irregular por ante la autoridad de aplicación, la inspección de Personas Jurídicas". Paralelamente, advirtieron que la ley 6.644, en su artículo tercero, se refiere específicamente a que las impugnaciones "deben versar sobre circunstancias objetivas debidamente acreditadas por medios fehacientes".

Ausencia llamativa

De los 37 postulantes (Romano dimitió -Ver "Desistió..."-), lo que sobresale de la decisión legislativa es que el actual ombudsman, Jorge García Mena, ni siquiera fue incluido en la terna final.

García Mena asumió el viernes 10 de septiembre de 2004 por un mandato de seis años, producto de un acuerdo político entre el por entonces vicegobernador, Fernando Juri, y el gobernador, José Alperovich. Si bien su mandato se extendió por seis años, luego, con la reforma de la Constitución provincial, se instituyó que la gestión del defensor del Pueblo durará cinco años, con la posibilidad de ser reeelecto en sólo una ocasión. Precisamente, García Mena aspiraba a continuar en el cargo.

Con la formalización de la terna de candidatos, sólo resta que los presidentes de bloque definan en reunión de Labor Parlamentaria la fecha de la sesión especial en la que se hará la votación. En principio, el recinto será abierto para elegir al ombudsman el martes.