El Presidente, el profesor y el otro Alberto

“(Oscar) Wilde escribe que el hombre, en cada instante de su vida, es todo lo que ha sido y todo lo que será”. “Nota dictada en un hotel del Quartier Latin”, en el libro “Atlas”, de Jorge Luis Borges, con la colaboración de María Kodama. (Sudamericana, Buenos Aires, 1984)

La sorpresiva visita de Alberto Fernández a Milagro Sala en una clínica de San Salvador de Jujuy es un acontecimiento que, en sí mismo, representa una epifanía política. En ese instante registrado en fotografías y discursos puede advertirse, con prístina claridad, que el mandatario nacional es víctima de sí mismo. Él, primero que nadie, se desautoriza de una manera largamente más despiadada que cualquiera de sus incalculables críticos. No hay mayor contradictor del jefe de Estado que el propio jefe de Estado en eterna contradicción.

“Es un caso paradigmático en Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino”, afirmó Fernández. Y en esa manifestación habla el profesor universitario con estatura de humanista. El rechazo contra el hecho de que Milagro Sala purgue prisión preventiva desde hace siete años es incontestable. Ni ella ni ninguna persona debiera, nunca, padecer semejante cantidad de tiempo privada de la libertad sin condena firme. Sostener lo contrario significaría que el kirchnerismo ha ganado la batalla cultural. Porque para este cuarto gobierno “K”, el reclamo de respeto irrestricto por los derechos humanos, y de vigilancia inclaudicable sobre esas garantías, no se aplica para todos los seres humanos.

Precisamente, al profesor Fernández lo desautoriza el Presidente de la Nación. “Cuando sentí que en Venezuela estaban en riesgo los derechos humanos, pedí que la ONU investigara lo que pasaba. Gracias a Dios votamos eso, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo y esas denuncias ya no existen”, manifestó la máxima autoridad política de la Argentina en una entrevista en el canal de noticias C5N. Resulta que las denuncias sí existen, que refieren a casos aberrantes y que no las formula la oposición a Nicolás Maduro, sino la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de ONU: la ex presidenta socialdemócrata chilena Michel Bachelet.

Dice ella en su último informe que hay mejoras en “las condiciones” de detención y “reducción del hacinamiento” en las cárceles venezolanas, pero denuncia que en ese país hay presos políticos (demanda la “liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente”). Y casos de tortura. Y ejecuciones extrajudiciales. Y persecución contra opositores y periodistas.

Por cierto, no sólo lo dice la ex mandataria: también lo reconoce la mismísima representación de la Argentina ante la ONU, que ayer validó el informe de Bachelet, expresando que “da cuenta de que la situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo crítica”. No es una cuestión menor: nuestro país preside hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ningún argentino debe ver vulnerados sus derechos humanos, ¿pero los venezolanos sí? ¿O ellos no tienen estatus de seres humanos para el oficialismo nacional?

Si el Presidente de la Nación desautoriza al profesor Fernández por acción, el otro Alberto (el que no actúa como el representante de todos los argentinos, sino como el militante que sólo abraza a una facción política) se encarga de contradecirlo por omisión. El otro Alberto no visitó a los jujeños que han denunciado ser víctimas de delitos presuntamente perpetrados por Milagro Sala. Él ni siquiera atendió a los que se congregaron a las puertas de la clínica donde la líder del movimiento Tupac Amaru ingresó 24 horas antes de la cita que tenía con una junta médica. Los profesionales de la salud debían estudiar si su condición ameritaba que continuara con prisión domiciliaria o si debía volver a estar presa en una cárcel común.

Algunos de los procesos judiciales que enfrenta Milagro Sala sirven para dimensionar que muchos jujeños han sufrido sus atropellos. Supuestamente, claro está.

• Sala fue condenada a 13 años de prisión (pena confirmada por el Superior Tribunal jujeño) por liderar una asociación ilícita que, por un lado, defraudó al Estado con recursos para viviendas sociales y mejoramientos habitacionales; y, por otro, que extorsionaba a líderes de agrupaciones sociales. Es en este expediente en el que la prisión preventiva, con modalidad domiciliaria, fue confirmada por la Corte nacional, en 2017.

• También está condenada en los tribunales jujeños (aunque aún sin sentencia firme) como coautora de homicidio agravado en la denominada “Balacera de Azopardo”. En paralelo, enfrenta otra causa en la que se la investiga por el robo de ese expediente.

• Está procesada, también, en el expediente en que el actual gobierno jujeño, a cargo del radical Gerardo Morales, la acusa de defraudar al Estado por haber recibido fondos de un programa federal para construir unas 2.000 viviendas que jamás fueron edificadas. Según Morales, el costo de una casa social es hoy de $ 8 millones, así que la supuesta defraudación alcanza los $ 16.000 millones. Como derivación, Sala es investigada por lavado de dinero.

Los jujeños que han visto conculcados un rosario de derechos por las prácticas presuntamente delictivas de Milagro, ¿son argentinos a los que sí se les pueden vulnerar garantías y, por tanto, no merecen ser atendidos, recibidos, visitados? ¿O el oficialismo nacional no los considera compatriotas y, por tanto, los ignora igual que como en el caso de los venezolanos?

Sí y no

“No estoy pidiendo por su inocencia, sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, sólo con el debido proceso”, dio cátedra el profesor Fernández, luego de su visita a Sala. Expresó, con ello, un anhelo republicano incontrastable. La defensa de la independencia de la Justicia es un valor irrenunciable de la modernidad y reivindica que para que la democracia funcione debe primar el constitucionalismo. Los tribunales deben hacer valer los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de cualquier mayoría.

Lo trágico es que quien reniega de esa esencia fundante del Estado de Derecho es nadie menos que el otro Alberto. Tomó el micrófono durante la misma entrevista con la porteña AM 750 y se desgañitó: “Le pido a los tribunales jujeños y a la Corte (nacional) que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”.

El otro Alberto, en este caso, sigue la doctrina del Presidente de la Nación. El 9 de junio de 2020 dictó el decreto 522/20, de expropiación de la agroexportadora Vicentín, cuando había un concurso de acreedores abierto y un juez que debía evaluar si la empresa contaba con los activos para pagar las deudas. Esa decisión atentó sin atenuantes contra el artículo 109 de la Constitución nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

El Presidente, con ello, no sólo desautorizaba al profesor Fernández, sino también al otro Alberto. El Gobierno había apelado, dentro de la Ley de Expropiaciones, a una figura específicamente introducida durante la última dictadura militar para hacerse de los bienes de los desaparecidos: la ocupación temporaria anormal. Es tanta la vocación de saqueo de esa figura que el artículo 79 de la Ley 21.499 dice explícitamente: “La ocupación temporaria anormal puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna”. Fue promulgada el 19 de enero de 1977 por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, múltiplemente condenado por genocidio.

Ida y vuelta

El círculo vicioso gira como un torbellino incoherente. Ayer, el Presidente de la Nación evaluaba no participar de la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos fue anfitrión, porque no habían sido invitados los presidentes de los dictatoriales regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El otro Alberto acicateaba la idea de armar una “contracumbre” con Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. El profesor Fernández entendía que no se había invitado a esos mandatarios por una gentileza penal: sus comitivas están infectadas de funcionarios denunciados por violaciones a los derechos humanos o narcotráfico, que serían detenidos al arribar a EEUU. Así que el lógico docente desautorizó a sus alter ego y la Argentina dijo “presente” y hasta reservó audiencia futura con el presidente Joe Biden.

Hoy, el racional profesor Fernández, ante la carencia de capital político como consecuencia de los problemas económicos (algunos, heredados) y los problemas políticos (todos, congénitos) busca capital simbólico con su visita a Milagro Sala. Pero el Presidente de la Nación se hace el distraído: evita indultarla. No podría hacerlo en todos los expedientes, pero sí en la causa por la presunta defraudación contra el Estado nacional por las 2.000 casas no construidas y financiadas por el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria. Que no tenga sentencia firme no es óbice para un mandatario peronista: Carlos Menem indultó al ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y al ex militar Guillermo Suárez Mason cuando eran procesados nada menos que por delitos de lesa humanidad. En simultáneo, el otro Alberto (es kirchnerista, no fernandista) dinamita los últimos “puentes” que le quedan a Fernández con la oposición. Ofende a Gerardo Morales, tan dialoguista con la Casa Rosada, en paralelo a las operaciones “K” para expulsar o reclutar ministros que eran fieles al Presidente; y para detonar las relaciones con la CGT y con las organizaciones sociales.

¿No hay nada en lo que el Presidente, el profesor Fernández y el otro Alberto se pongan de acuerdo? Sí. Todos ellos militan ese atropello republicano materializado en el proyecto de ampliación de la Corte nacional a 25 miembros, que acaba de recibir dictamen en el Senado de la Nación, pero que difícilmente prospere en la Cámara Baja. O en los propios Tribunales...

La lógica de la contradicción sólo engendra una mística de la institucionalidad más berreta.

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