14 Junio 2022
Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Capital. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza (PJS), cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo (PE) de haber retirado los servicios de la Policía Adicional de los puntos requeridos por el municipio, en medio de las tensiones entre el intendente Germán Alfaro (PJS) y el gobernador Osvaldo Jaldo (Frente de Todos).
Ocaranza aseguró que la demora en los pagos por la vigilancia de 37 dependencias había sido "mínima", y remarcó que hay antecedentes en los que la mora fue mayor. Además, remarcó que se estaba abonando esta prestación cuando se recibió "la comunicación unilateral del Gobierno", en la cual les anunciaban el retiro del personal.
“Esta no es la forma de resolver un inconveniente, hoy más que nunca se necesita consenso y unidad, escuchar, resolver, trabajar, esforzarnos en todos los sectores para dar respuestas a los tucumanos, porque no se trata de que están perjudicando al intendente, con quien tienen una evidente confrontación política. Se trata de que están dejando librada a su suerte a los vecinos de la Capital, y esta es otra muestra evidente”, lamentó Ocaranza. Y añadió: "Nos preguntamos si todos los municipios y áreas propias del gobierno provincial están al día en este ítem… o en los pagos al Subsidio de Salud".
Según el funcionario alfarista, "Jaldo atrasa 200 años". "Dirige la provincia cual patrón de estancia y trata a los tucumanos casi como si fueran súbditos, y no ciudadanos con derechos. Por eso, en aquellos lugares donde le rinden pleitesía, mantiene los servicios de seguridad; al resto, prácticamente los abandona a merced de la delincuencia. En este caso, hace mucho que la Provincia se desatendió de la seguridad de los capitalinos, la cual es de su exclusiva responsabilidad, según lo indica la Constitución”, reprochó Ocaranza.
Sin embargo, transmitió tranquilidad a los vecinos ante la polémica. “No los vamos a dejar solos ni nos vamos a desentender. Estamos contratando personal de empresas privadas, por lo cual será seguro acudir a nuestras instalaciones. En el municipio trabajamos de frente y sin pausa, pese a los intentos por perjudicar a la ciudad. Con los tributos de la gente acabamos de abrir un Centro de Monitoreo de última generación, y aunque la seguridad no es responsabilidad de la Municipalidad, sino del Estado provincial, nos ofrecemos a colaborar con el registro de imágenes para la Justicia y también con el Ejecutivo Provincial. Sin embargo, lo llamativo es que el Gobierno gasta millones en publicidad para anunciar la entrega de móviles policiales o lanza leyes que comprometen a los tres Poderes en contra del narcomenudeo y se niega a garantizar la seguridad en oficinas públicas... Es una contradicción tras otra”, argumentó.
Por último, lamentó que “el gobernador haya decidido hacer política con la inseguridad de los tucumanos”. “Estos son síntomas de lo quebrado que está el contrato social entre este gobierno y la comunidad, a la que animamos a soportar lo poco que queda… ya falta menos para producir un cambio y devolverle la dignidad a Tucumán, por eso están siendo tan desesperadas las acciones para perjudicar a la Municipalidad de la Capital”, finalizó el funcionario de Alfaro.
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