Por Soledad Nucci
06 Junio 2015
Durante dos semanas, LA GACETA investigó la extracción de áridos en el pedemonte de Yerba Buena. Recorrimos el río Muerto y los arroyos Anta Yacu, Caínzo, Piedras y Víboras. Hablamos con los empresarios, con los gobernantes, con ambientalistas, con universitarios y con vecinos.
Hoy, la situación es la siguiente: las canteras están más cargadas que nunca. Jamás, en los últimos tres años, las lluvias de verano habían traído tanto material. Quienes se dedican a esta actividad, están deseosos por entrar a llevarse esas piedras. Sin embargo, no pueden hacerlo. No por ahora.
La Dirección de Minería, que es el único organismo que tiene jurisdicción para emitir autorizaciones y para efectuar monitoreos, ha cerrado seis de las ocho canteras habilitadas -según ellos- en esa zona. ¿Por qué? Dicen que, después de las tormentas, decidieron suspender los permisos, hasta que puedan garantizar que sea esta una actividad sustentable. Es decir, hasta que genere beneficios en el escurrimiento de las aguas, en vez de perjuicios.
Es que (vale aclarar) la extracción es fundamental para encauzar y para canalizar los cursos de agua. Los problemas surgen cuando raspan de más. Y se roban hasta el alma del río.
Lo que se pone en juego con la extracción de áridos es la posibilidad de producir una inundación, debido a la rotura de las barrancas. Y esa conducta está penalizada por el Código Penal argentino. “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos”, dice la ley.
Entonces, el el eje de cualquier discusión debería pasar por las inspecciones. ¿Tenemos controles efectivos? Y en este punto, surgen las dudas, puesto que la Policía Minera está compuesta por tres geólogos. Sí, leyeron bien. Tres geólogos para toda la provincia.
Así, existen razones para pensar que la tarea de control debería recaer también en los ciudados. Es que en esto, como en cualquier otra cuestión ambiental, es fundamental que por detrás haya una sociedad militante, decidida a cuidar su tierra.
Hoy, la situación es la siguiente: las canteras están más cargadas que nunca. Jamás, en los últimos tres años, las lluvias de verano habían traído tanto material. Quienes se dedican a esta actividad, están deseosos por entrar a llevarse esas piedras. Sin embargo, no pueden hacerlo. No por ahora.
La Dirección de Minería, que es el único organismo que tiene jurisdicción para emitir autorizaciones y para efectuar monitoreos, ha cerrado seis de las ocho canteras habilitadas -según ellos- en esa zona. ¿Por qué? Dicen que, después de las tormentas, decidieron suspender los permisos, hasta que puedan garantizar que sea esta una actividad sustentable. Es decir, hasta que genere beneficios en el escurrimiento de las aguas, en vez de perjuicios.
Es que (vale aclarar) la extracción es fundamental para encauzar y para canalizar los cursos de agua. Los problemas surgen cuando raspan de más. Y se roban hasta el alma del río.
Lo que se pone en juego con la extracción de áridos es la posibilidad de producir una inundación, debido a la rotura de las barrancas. Y esa conducta está penalizada por el Código Penal argentino. “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos”, dice la ley.
Entonces, el el eje de cualquier discusión debería pasar por las inspecciones. ¿Tenemos controles efectivos? Y en este punto, surgen las dudas, puesto que la Policía Minera está compuesta por tres geólogos. Sí, leyeron bien. Tres geólogos para toda la provincia.
Así, existen razones para pensar que la tarea de control debería recaer también en los ciudados. Es que en esto, como en cualquier otra cuestión ambiental, es fundamental que por detrás haya una sociedad militante, decidida a cuidar su tierra.
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